El oficialismo espera aprobar en Diputados esta semana el Presupuesto 2023

Será en el marco de una sesión maratónica que se iniciará pasado el mediodía del martes y que es precedida por un debate en el que el oficialismo se mostró muy dispuesto a hacer modificaciones al proyecto original.

En el seno de la Comisión de Presupuesto se dio un debate bastante distinto del registrado el año anterior.

Con un debate del proyecto diametralmente opuesto al del año anterior, y la esperanza fundada en que con ese dato concreto el resultado sea igual de diferente, la Cámara de Diputados se propone discutir este martes el proyecto de Presupuesto 2023 a partir de las 12.30.

Así lo estableció la convocatoria conocida el jueves pasado, al cabo de la última reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se firmó el dictamen correspondiente, que contó con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca.

Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen, lo cual no implica que no vayan a votar sus miembros -o algunos de ellos- a favor al menos en la votación en general. Eso sucederá en la madrugada, o ya entrada la mañana del miércoles, pues lo que a priori se ha establecido es que el debate se realice sin pasar a un cuarto intermedio a las 12 de la noche del primer día de discusión, tal cual la propuesta del diputado radical mendocino Julio Cobos. Si bien esta propuesta encuentra beneplácito en la mayoría de los legisladores -incluidos los del Frente de Todos-, está prevaleciendo la tradición y, sobre todo, la precaución en el seno del oficialismo respecto de evitar sorpresas a la hora de mantener el quórum.

Cualquier decisión en contrario al mantenimiento de la modalidad habitual debería resolverse en la reunión de Labor Parlamentaria, que será a partir de las 11 del martes.

Con todo, en principio estaría garantizada la aprobación en general del proyecto, según se descuenta del clima imperante a lo largo del debate de casi un mes que se abrió el 28 de septiembre con la presencia en el Congreso del ministro de Economía, Sergio Massa, y la posterior concurrencia de numerosos funcionarios, incluidos nueve ministros (prácticamente la mitad del gabinete nacional).

En ese marco en Juntos por el Cambio el único que ha adelantado su rechazo concreto es Ricardo López Murphy, quien ya exteriorizó su postura el jueves al hablar ante la Comisión de Presupuesto, por cuanto el proyecto no le parece “realista” y considera que tiene “cosas absurdas”. Luego se espera que haya posturas similares de parte por ejemplo del neuquino Francisco Sánchez -que suele diferenciarse en ese interbloque con posturas extremas-, pero por ejemplo en el radicalismo estaría primando un posicionamiento “favorable en general”. El mismo espíritu estaría prevaleciendo en el Pro, aunque en definitiva nadie ha adelantado en JxC posturas concretas, más allá de rechazos puntuales a determinados artículos del proyecto.

En el caso de la Coalición Cívica, existe un llamado previo de su líder Elisa Carrió respecto de no aprobar el proyecto impulsado por Sergio Massa, y la posición de esa bancada estaría hoy más cercana a una abstención. Como sea, tanto desde ese bloque como el de los socios mayoritarios de JxC las decisiones se adoptarán en reuniones que realizarán previamente a la sesión.

En definitiva, la postura de ese sector de no acompañar el dictamen tiene sentido y también era esperada por el oficialismo, más allá de la disposición a aceptar modificaciones: una vez concluida la reunión de comisión del jueves pasado y hasta el martes, continuaron y continuarán las negociaciones -incluso durante el fin de semana, obviamente- en busca de alcanzar modificaciones puntuales, espíritu que hubiera contrastado con un apoyo general al dictamen.

Entre las cosas que se estaban discutiendo, por ejemplo, figura la negociación de partidas que revirtieran la variación negativa en términos reales del 11,7% en políticas para niñez y adolescencia.

Entre los apoyos explícitos que sí logró el oficialismo se encuentra el citado de Diego Sartori, que más allá del acompañamiento que suele brindar ese espacio integrante del interbloque Provincias Unidas que completan los diputados rionegrinos, había adelantado en la previa del debate el deseo de contar con una zona franca en la provincia de Misiones. Algo que había sido acordado en el Presupuesto 2021 -el único que esta administración consiguió aprobar en estos años-, pero que el presidente terminó vetando. Ahora se le dio al Poder Ejecutivo a través del artículo 69 la facultad para establecer zonas francas sin citar ninguna en particular, de modo tal de liberar las manos del Gobierno sin herir susceptibilidades.

Un beneficio provincial que se mantiene es el del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, pero amén de ello que no estaba puesto en discusión a través del Presupuesto, se resolvió elevar el impuesto a los productos nacionales del 6,5% al 10% y a los productos electrónicos importados del 17 al 19%. Cosa que generó el rechazo anticipado de la Coalición Cívica, que en los días previos había impulsado un proyecto para derogar el régimen fueguino, motivando reacciones adversas en el seno del propio Juntos por el Cambio, incluido un enfático comunicado de la UCR nacional. Independientemente de ello y de que la propuesta de aumentar esos gravámenes haya sido impulsada por cuatro de los diputados fueguinos -incluidos los dos del Pro-, lo más probable es que el artículo sea rechazado en particular por el resto de los integrantes de JxC, en función de su postura respecto del aumento de impuestos.

Ganancias de los jueces

Una cuestión disruptiva la constituye sin duda la inclusión de un artículo anunciada el jueves pasado a través de una iniciativa del oficialista Marcelo Casaretto, para que los jueces paguen Ganancias. “Hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”, expresó el entrerriano ese día.

La modificación consta en el artículo 100, que señala “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.

La disposición es enmarcada por muchos en la pelea que mantiene el oficialismo con la Justicia en general y la Corte Suprema en particular, que es la que tendrá que terminar resolviendo a partir de los planteos que surgirán en la materia. También genera una situación incómoda en el seno de la principal oposición, donde muchas voces se han alzado apoyando esta medida, pero otras, como la de Pablo Tonelli (Pro), se han anticipado contrarias. Se verá la decisión que adopte a la hora de la votación en particular el espacio opositor, pero muchos insistían este fin de semana en la “endeblez” que supondría imponer una norma definitiva a través de un proyecto que tiene validez anual.

El proyecto estableció además una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.

En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará “voltear” en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.

Donde sí hubo una marcha atrás de parte del oficialismo es en el artículo impulsado por el diputado sindical Sergio Palazzo (FdT-Buenos Aires) por el cual se obligaba a tributar el 15% sobre el monto adicional que pagan los afiliados de empresas de medicina prepaga por los planes especiales de adhesión voluntaria. Empero, la oposición se mantiene en guardia pues se mantiene en el texto un artículo que permite a las prepagas y obras sociales a gravar esos mismos planes especiales o complementarios. Se trata del artículo 129, que sería eliminado en una separata, según aclararon fuentes oficialistas.

DICTAMEN-CON-MODIFICACIONES-38-JGM-22.doc-VERSION-FINAL-2-pdf.io_

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