Avanza en la Cámara de Diputados la sesión en la que se debate el Presupuesto 2023, que se estima culminará este miércoles por la mañana. Si bien el Frente de Todos es optimista de su aprobación en general, la pelea por algunos artículos durante la votación en particular será ajustada y con final abierto, aunque con pronósticos más adversos para el oficialismo. 

A cuatro horas de comenzada la sesión, fuentes del Frente de Todos confirmaron a la prensa acreditada que el dictamen irá a la votación tal cual está, ante versiones que indicaban que se podía llegar a retirar el artículo 100, que establece la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias para jueces y funcionarios del Poder Judicial, independientemente de la fecha de su nombramiento. 

En ese caso, el Frente de Todos no conseguiría imponer una mayoría, ya que el rechazo proviene no solo del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, sino también de los bloques liberales y hasta del Frente de Izquierda -con el argumento de que afecta a los trabajadores-. Además, la oficialista Vanesa Siley, secretaria general de SITRAJU, tampoco acompañará. 

Desde la oposición tenían la intención de plantear un “compromiso” para que se vote una ley por separado en este caso, en un plazo de 30 días, pero el oficialismo, consciente de que puede perder, insistirá con su votación para dejar así expuestos a quiénes acompañan y quiénes no.

“Los artículos que están objetados, están objetados por cuestiones políticas”, aclaraban desde la bancada oficialista, donde podrían perder no solo ese artículo, sino también estar muy ajustados en el artículo 95, que prorroga las facultades del Poder Ejecutivo para subir las alícuotas de retenciones. 

Mientras transcurría la tarde, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se encontraba reunido con Cecilia Moreau en la Presidencia, un diputado de la oposición aseguraba enfáticamente por los pasillos que “hay dos artículos que no van a estar en el Presupuesto: el 95 y el 100”. 

El debate por el Presupuesto 2023 se inició a las 13.44 -un poco más tarde de lo previsto para garantizar la presencia de diputados que venían con los vuelos demorados-, en base a un dictamen suscripto el jueves con las firmas de los representantes del oficialismo, el aliado habitual Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionera) y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca. El mismo tuvo modificaciones a lo largo de los días siguientes, hasta difundirse el definitivo pasado el mediodía del lunes.

Como dijimos, en principio estaría garantizada la aprobación en general del proyecto, según se descuenta del clima imperante a lo largo del debate.

Está dicho que uno de los temas que más polémica generó en este debate es la inclusión de un artículo anunciado el jueves pasado a través de una iniciativa del oficialista Marcelo Casaretto, para que los jueces paguen Ganancias. “Hoy algunos jueces pagan, pero solamente por una parte de sus remuneraciones”, expresó el entrerriano ese día.

La modificación consta en el artículo 100, que señala “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.

El proyecto estableció además una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.

En cambio algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento en modificar -y en última instancia buscará “voltear” en la votación en particular- es el tema de las retenciones, más puntualmente la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.