La izquierda repudió las denuncias del GCBA contra padres de alumnos que tomaron colegios

La diputada del FIT Alejandrina Barry presentó en la Legislatura porteña un proyecto en el que condenó el accionar del Ejecutivo local y exigió “el cierre inmediato de esas causas y la atención de cada uno de los reclamos de los estudiantes”.

Tras la toma de varios colegios a lo largo de toda la Ciudad de Buenos Aires, la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)  Alejandrina Barry presentó en la Legislatura porteña un proyecto mediante el cual buscará repudiar las denuncias penales que el Gobierno local llevará a cabo contra los padres de los estudiantes que tomaron esos establecimientos.

En el texto recientemente presentado, la diputada repudió “las denuncias penales a 366 madres y padres de alumnos que fueron parte de medidas de lucha votadas por las organizaciones estudiantiles para reclamar por sus derechos, por considerarlo un gravísimo acto de persecución política atentando con el legítimo derecho a la protesta” y exigió “el cierre inmediato de esas causas y la atención de cada uno de los reclamos de las y los estudiantes”.

En los fundamentos de la iniciativa, Barry explicó que “el Gobierno de la Ciudad presentó insólitas acusaciones penales contra madres y padres que alumnos que supuestamente fueron parte de las tomas de colegios para reclamar por sus derechos” e indicó que “en un nuevo capítulo de criminalización del derecho a la protesta realizó 25 denuncias penales contra 366 madres y padres acusándolos de usurpación de edificio público”.

Además consideró que “la insólita denuncia tiene la finalidad de que los adultos paguen el salario diario del salario del personal docente y no docente de dichas escuelas” y remarcó que “la acusación, además de ser insólita, es un nuevo acto de persecución política a quienes reclaman por sus derechos. Larreta y Acuña tienen como política permanente la demonización de la comunidad educativa, las y los docentes a quienes desprecian cotidianamente, los pibes que tienen que salir a luchar por reclamos elementales que el gobierno se niega a otorgar y ahora hasta sus padres”.

“A los  reclamos de las y los estudiantes, tener una alimentación saludable, mantenimiento de las escuelas, negarse a trabajar gratis en las pasantías ordenadas por el gobierno sigue sin darle respuesta y prosigue con su política persecutoria y también recaudatoria”, añadió y concluyó precisando que “no le alcanzo con mandarles patrulleros a la madrugada a sus casas y a los colegios si no que ahora le suma denuncias penales y una demanda civil por 50.538.442,85 de pesos”.

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