Con la presencia en el recinto de sobrevivientes y familiares de víctimas, el Senado sancionó por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley que establece la expropiación de un conjunto de inmuebles en los que funcionó el boliche República de Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas durante un recital de la banda de rock Callejeros.

El primer orador fue el jujeño Guillermo Snopek (FdT) quien leyó un comunicado de los familiares de las víctimas: “Hoy llegamos aquí luego de un largo recorrido en el que fuimos haciendo camino al andar. Y casi a 18 años de la masacre de Cromañón hemos llegado al Congreso Nacional”.

“Queremos y soñamos que esta noche nos iremos abrazados por el pueblo en su conjunto, a lo largo y ancho del país. Reafirmamos, a través de sus votos, que Cromañón trasciende las fronteras del AMBA, que nos pasó a todos y todas. Sobre todo, cuando muchos sobrevivientes viajaron de diversas provincias hacia Buenos Aires”, expresaba otro tramo del texto.

Y seguía: “Hubo quienes lograron salir de Cromañón, pero no soportar las secuelas de la masacre llegaron a quitarse la vida, y otros sobrevivientes y familiares fallecieron por enfermedades relacionadas con los efectos de la misma causa. Mientras que muchos otros conviven hoy con afecciones físicas y psíquicas severas reclamando y muchas veces suplicando la atención que el Estado tiene la obligación de brindar”.

“La memoria no es solo el pasado, la memoria es aquello que construimos en el presente con el diálogo con otros y otras que nos permiten reconstruir parte de nuestra historia y nuestra identidad. Esa historia que es nuestra y que queremos que trascienda para toda su sociedad en su conjunto. No olvidar para que nunca más se repita. Ejercitar la memoria es fortalecer la democracia. Construir un espacio colectivo para la memoria en Cromañón es poner en manifiesto que hubo cientos de pibas y pibes que no dudaron un segundo en arriesgar su propia vida con tal de salvar la de otros. Es seguir advirtiendo y denunciando que la corrupción mata, es seguir dándole pelea a la impunidad. Es también honrar la historia y profundizar la tradición que nuestra Nación tiene en materia de política de derechos humanos”, explayaba el documento.

Por último, resaltaban que “con la sanción y reglamentación de esta ley estamos convencidos de que nos convertimos en un país un poco más justo que ayer. Lograremos seguir caminando y marchando más aliviados, con nuestras banderas en alto”. “Decir Cromañón es sentir muy de cerca la corrupción, por eso decimos que la corrupción mata, porque lo sentimos en carne propia, porque no queremos que nadie pase lo mismo”, remató.

En el uso de la palabra, el porteño Martín Lousteau destacó la labor del orador preopinante porque “decidió dar la voz a los sobrevivientes que también son víctimas, al igual que los familiares”.

“No fue una tragedia, porque la tragedia tiene la connotación de la inevitabilidad. Los familiares me dijeron que es ‘masacre’. Esa masacre tuvo lugar en un barrio de esta ciudad, en un edificio que es el que se propone expropiar. Pasó acá, pero el pavor recorrió todo el país inmediatamente con las imágenes del incendio, de las sofocaciones, de la falta de asistencia correcta. De padres, de madres, de hermanos, de familiares, de amigos que buscaban desesperadamente dónde estaban sus seres cercanos”, relató.

Y siguió: “Los que no estábamos en ese momento, pensamos que podríamos haber sido cualquiera, en cualquier lugar. Esa masacre se cobró 194 víctimas fatales, hubo 887 internaciones, 4 mil supervivientes que padecieron y padecen secuelas diarias graves que incluso hizo que algunos decidieran terminar sus vidas”.

Lousteau describió que hubo 4 causas, 26 procesados, 21 condenados por incendio y por muerte, algunos en grado doloso. “Empresarios que buscaron maximizar sus ganancias, sobrevendiendo la capacidad del lugar y poniéndole un candando criminal a una puerta. Otros en grado culposo porque no respondieron como correspondían en ese momento. Hubo corrupción en cumplimiento de responsabilidades en fuerza de seguridad y en funcionarios. Es decir, el Estado que tenía que controlar hizo lo contrario”, explayó.

“Que esto sirva para recordar que mientras sigamos con una mala política a la hora de administrar el Estado, todavía hay afuera caminando en cualquier lugar, víctimas potencias de eventos similares y eso es lo que tenemos que pelear para cambiar”, cerró el radical.

Al borde del llanto, la macrista Guadalupe Tagliaferri (Pro) recordó que al momento de la tragedia ella tenía 30 años y expresó: “Me podría haber pasado a mí, porque soy porteña. Nacida y criada acá. Joven rocanrolera de salir a los lugares donde tocaban bandas. No me pasó de casualidad, pero todos tenemos o conocemos alguien que quedó en Cromañón”.

“Cromañón no fue una tragedia, fue una masacre como nos enseñaron los familiares de las víctimas. Fue un grito desgarrador de 194 chicos y chicas de más de 4 mil sobrevivientes que nos mostró con demasiada crudeza lo que hasta entonces no veíamos que la corrupción, la negligencia, la inoperancia, la desidia, matan”, narró con la voz acongojada.

A su turno, el oficialista Mariano Recalde sostuvo que es “imposible estar ajeno a esa masacre” y afirmó que, ahora, “dieciocho años después esta ley, esta decisión del Estado es una reivindicación” de las víctimas, de sus familiares y de los sobrevivientes. Apuntó que, además, espera que con esta resolución “Cromañón siga siendo un punto de inflexión en materia de cuidados, de prevención, de acción del Estado”.

El proyecto:

A partir de la norma se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación un conjunto de inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78, en el barrio de Once.

Estos inmuebles serán destinados a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos. A tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido y se organizarán actividades culturales e informativas. La puesta en funcionamiento y administración de este espacio estará a cargo de la autoridad de aplicación, con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes.

La edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio, establece la ley.

Los inmuebles a expropiarse, la calle aledaña y el “santuario” armado afuera del local componen una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte del Estado.

El valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la Ley 21.499, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, pudiendo solicitarse la apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas y privadas.