Con 57 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, la Cámara alta aprobó la prórroga de las asignaciones específicas de ciertos tributos que contribuyen a los fondos destinados a distintas instituciones del sector.
Con los palcos colmados de artistas y ante la atenta mirada del ministro de Cultura de la Nación, el Senado convirtió en ley este este jueves el proyecto que establece una prórroga por 50 años de las asignaciones específicas de distintos tributos destinadas al financiamiento de las industrias culturales, con 57 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.
La iniciativa, que requería de mayoría absoluta, fue avalada por el Frente de Todos y los cuatros senadores con monobloque: Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).
En tanto, los senadores del interbloque Juntos por el Cambio tuvieron una votación dividida, ya el bloque Pro se abstuvo, pero dos de ellos votaron negativamente que fueron Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. En tanto la UCR votó afirmativamente.
La flamante norma extiende la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- hasta el año 2072. Si la ley no se aprobaba antes del 31 de diciembre, ese financiamiento se iba a caer.
Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.
A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.
Como miembro informante, el riojano oficialista y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, explicó que el proyecto de prórroga de asignaciones específicas a aplicarse sobre diversos impuestos que financian actividades culturales y, también, la prórroga al impuesto a los premios “que nutre a una de ellas”.
A su vez, remarcó que en las reuniones plenarias de las Comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda “se han dictaminado en mayoría y en minoría expedientes que fueron presentados sobre el tema”, pero aclaró que “al no darse la posibilidad de tratar temas tributarios el Senado, por no tener facultades constitucionales, y al ser una de las asignaciones específicas que se prorrogaban que se nutre de uno de estos impuestos, había que esperar que haga lo propio con el impuesto pertinente que es el de los premios, la Cámara de Diputados”.
En ese sentido, siguió: “Caso contrario, la prórroga de estas asignaciones iba a provocar que una de ellas, bibliotecas populares justamente, tuviese una vida corta porque el impuesto que la nutre vence el 31 de diciembre del 2025”.
En ese contexto, destacó que el proyecto que viene de Diputados “contempla ambas situaciones” porque “prorroga las asignaciones específicas y el impuesto a los premios que nutre la asignación que financia bibliotecas públicas. Por eso tratamos el proyecto de Diputados y dejamos de lado los dictámenes que habíamos considerado oportunamente”.
Respecto al artículo 4 de la Ley 27.432 sancionada en diciembre de 2017, informó que “le daba vigencia hasta el 31 de diciembre del corriente año una serie de asignaciones específicas”. En esa línea, precisó: “Por el inciso ‘b’ de ese artículo se refería a las asignaciones que se aplicaban sobre el impuesto a los premios”.
“Por la ley de Bibliotecas populares se incrementa la alícuota que rige sobre ese impuesto se lo lleva de 25 a 30% con el objetivo que esa diferencia, del 5%, se destine a financiar justamente bibliotecas públicas”, resaltó Guerra y agregó: “La Ley Nacional del Teatro incrementa nuevamente la alícuota llevándola del 30 al 31% con el objetivo de que esa diferencia financie el Instituto Nacional del Teatro”.
Sobre la Ley de Premios, explicó que “fue sancionada en enero de 1974. Ha tenido numerosas y sucesivas prórrogas. La última es de noviembre del 2015 que fue prorrogada por 10 años por eso vence en 2025. Esto significa que, de prorrogarse las asignaciones específicas, sin hacerlo este impuesto que lo nutre, su vida es corta porque el impuesto fenece. Este proyecto soluciona este problema al prorrogar ambos conceptos”.
Retomando el tema de las Bibliotecas Populares sostuvo que “forman parte de la historia de la Nación. Han surgido y siguen haciéndolo por la impronta, la organización de las sociedades, donde se emplazan bajo ciertas asociaciones, las conducen con mucha pasión y sentido de pertenencia y dedicación para fomentar actividades culturales, la lectura en un sentido amplio”.
“Los orígenes de estas instituciones responden a los cubes de lectura que allá por 1721 supo crear u organizar Benjamín Franklin en Filadelfia que es de donde Sarmiento toma esa iniciativa y es así que en septiembre de 1870 sanciona la Ley 419 de creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas públicas con el objetivo de que estas organizaciones difundan por el país fomentando las actividades culturales y la lectura”, contó Guerra.
Para terminar, precisó que en el país existen 1.017 bibliotecas conducidas por los miembros de las comunidades donde están insertas y “tiene un gran sentido de pertenencia. Cumplen un rol muy importante y a los alumnos de las escuelas y a las personas de la sociedad que quieran estudiar. Son muy útiles y sirven mucho para brindar herramientas”. Asimismo, comparó que el impuesto que las nutre “no se da con respecto a las otras asignaciones que el proyecto prorroga que es la referida a la industria del cine y las publicidades, porque los impuestos de los cuales se nutren no tienen vencimiento”.
Compartió tiempo con su par de bancada, la titular de la Comisión de Educación y Cultura, la sanjuanina Cristina López Valverde, quien en primer lugar agradeció la presencia del ministro de Cultura en el recinto, Tristán Bauer, y también destacó el acompañamiento de referentes de las distintas instituciones culturales.
“Hoy que se habló de la democracia, también la democracia, dado que la cultura es una dimensión vital, tenemos que trabajar en aras de la democratización de la cultura, y de una cultura democrática”, sostuvo y agregó: “Se ha echado un velo de sospecha, un ambiente de oscurantismo con respecto al manejo de las asignaciones específicas para la cultura. Quiero decir que la transferencia de estas asignaciones es directa y automática, al INCAA, al INAMU, al INT, al CONABIP, y a las radios comunitarias”.
A su vez, comparó que “varios países vecinos, y ni que hablar de los países desarrollados siempre han apostado a la cultura, porque es como apostar a la esencia, al alma”, por lo que remarcó que “en Argentina, Chile, Colombia y México cuentan con información sobre cómo se distribuye el dinero para programas culturales. Y destacar de forma sustantiva que argentina y Chile publican de forma periódica esta distribución”.
“Nos puede gustar más o menos cómo se distribuye, pero la información es pública. Así que no ahondemos en este velo de opacidad y oscurantismo”, pidió la López Valverde y señaló: “El federalismo siempre pide más federalismo, es como la democracia, siempre pide más democracia”.
Al cierre de su alocución, informó que en su provincia “hemos podido comprobar el efecto multiplicador de esta actividad en la provincia, que es de aproximadamente el 70%. Es decir que por cada millón de pesos que se aporta a la actividad cultural, implica esto alrededor de 700 mil puestos de trabajo. Es decir que esto nos está indicando que la cultura no es una cuestión de elites, la cultura genera trabajo”.
De la vereda de enfrente, la mendocina Mariana Juri (UCR) destacó la “importancia de que nuestros hacedores culturales de cada rincón de la argentina tengan los recursos suficientes para poder llevar alivio a tantos ciudadanos”.
Juri calificó a la cultura como “un gran generador y un gran motor de desarrollo en los pueblos”, que “sirven para llevar alivio entre tanta angustia”. También resaltó la importancia de las Bibliotecas Populares y aclaró: “Sin duda somos defensores de la cultura, es una tradición del Estado argentino proceder así, porque hace a la construcción de ciudadanía y libertad”.
“Pero también me consta la preocupación de muchos senadores sobre la inconveniencia de entregar estos fondos durante 50 años y de también tratar de encontrar la manera de poder distribuirlos de una manera más equitativa y federal”, advirtió la radical y sumó: “Somos conscientes de no aprobar esta ley hoy puede traer el tremendo problema de que frente al vencimiento del plazo que operara a fin de año podamos quedarnos sin estos recursos, por eso hemos acordado aprobar este proyecto y mejorar y unificar muchos proyectos que van en el sentido de acortar los plazos, de encontrar una forma más equitativa y federal de poder distribuir los recursos”.
En el mismo sentido se expresó el senador radical Martín Lousteau quien remarcó que “son tres impuestos que tienen que ver con los premios a los juegos de azahar, las entradas de cine y los servicios de comunicación audiovisual”.
Por otro lado, el porteño definición a la cultura como “nuestra identidad y manifestaciones artísticas”, que se encarga de “grabar la memoria de quiénes somos. Nos forma, nos transforma. Es una expresión vital de lo que fuimos, somos y seremos”, por lo que resaltó: “Por ese motivo nadie es dueño de la cultura. La cultura somos todos y hay algunos que son artistas que representan esta variedad. Esta es la importancia del tema”.
“La cultura tiene una importancia económica creciente. Es 2.38 del PBI, es el 1,8% del total del empleo en Argentina. Lo servicios audiovisuales son el 0,4% del PBI, si uno lo expande son entre 5 y 6 veces de eso y emplean a casi 100 mil personas”, brindó con detalles Lousteau y resaltó que la Ciudad de Buenos Aires es la única en el mundo que “tiene más librerías por habitantes. Es el top 3 de las que tiene más teatros, tiene festivales, la Noche de los Museos, tiene muchos programas distintos que muestran el atractivo a todos. Esto permite la visibilización de la Argentina”.
Sin embrago, observó la prórroga de 50 años: “Me hizo ruido. ¿Por qué un sector va a tener un privilegio que ningún otro tiene?”, pero aclaró que desde el interbloque entienden “la sensibilidad del sector que fue atacado sistemáticamente en la Argentina”. En ese sentido, comentó que “el 99% de las producciones no se podría realizar sin el subsidio. Si no tuviéramos financiamiento ni certidumbre, no existiría el sector”.
En último lugar, Lousteau consideró que “con la prórroga no es suficiente para apuntalar la cultura porque necesitamos criterios mucho más previsibles, un mejor marco general adecuado a los tiempos que se viven, pensar otros incentivos fiscales, que el Estado se administre de otra manera porque el INCAA tiene 809 empleados comparándolo con el ICA (el más importante de Europa) tiene 178. Una nueva Ley de Cine porque ya pasaron décadas y las formas de consumo se modernizaron. Una nueva Ley de Contenidos Audiovisuales con criterios objetivos”.
Por la provincia de Tierra del Fuego, la oficialista María Eugenia Duré contradijo al senador preopinante al brindar datos sobre la actividad cultural y audiovisual porque “se daban recién datos negativos, yo siempre voy a ir por la positiva como somos los peronistas”, y procedió a detallar: “La industria audiovisual genera más de 700 mil puestos de trabajo directo e indirectos en todo nuestro país. 900 mil millones aporta a la economía nacional. Y por cada peso invertido en esta industria vuelven al Estado cinco pesos. Por lo cual estamos hablando de una industria que tiene un objetivo más allá de esta prórroga que también es aportar al Estado”.
A su turno, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) manifestó: “Hoy nos están pidiendo que resignemos por 50 años asignaciones específicas para la cultura. Quiero decirle a toda nuestra gente sí a la cultura, no a las asignaciones arbitrarias. No a las asignaciones específicas que atropellan el federalismo fiscal”.
“En este dramático contexto socioeconómico que vivimos y que este Gobierno ha creado, y cuyas medidas no hacen más que profundizarlas, nos volvemos a preguntar, ¿nos quieren cada día más pobres? Parece que sí porque hoy pretenden puentear por 50 años el destino de recursos que se generan en las provincias”, cuestionó la senadora del Pro, al tiempo que consideró que el proyecto “debilita el rol de este Senado, que debe velar tanto por cómo se asignan los fondos como por cómo se controlan los fondos, y estos fondos no tienen ningún control”.
A su vez, la cordobesa indicó que “estos recursos salen de nuestros bolsillos provinciales, y van a parar a cajas nacionales y no pasan por el control de este Congreso ni por la Auditoría General de la Nación”, y denunció: “Las asignaciones especificas serán nuevamente un zarpazo del Ejecutivo nacional sobre los fondos participables, y yo como represente de Córdoba no puedo ceder un centavo más. Cuando estas asignaciones específicas, que son partidas presupuestarias prefijadas se las quiere prorrogar por 50 años se las convierte en arbitrarias, rígidas, impuestas, que vulneran la coparticipación y por lo tanto el federalismo fiscal”.
El puntano oficialista Adolfo Rodríguez Saá remarcó que el proyecto plantea “la defensa de la cultura y de las industrias culturales. La asignación de partidas para que puedan funcionar exitosamente y contribuyan a mejorar la cultura nacional. Son generadoras de fuentes de trabajo, de calidad de vida. Es unánime la decisión de apoyar la cultura que tiene que tener recursos”.
El oficialista, describió que en la Ley 20.630 el 16% va a las Bibliotecas Populares, el 3% al Instituto Nacional del Teatro, la Ley 17.741 el 10% va al Fondo de Fomento Cinematográfico, la Ley 27.522 impuesto a los Servicios de Comunicación Audiovisual el 25% al Instituto del Cine, el 10% al Instituto del Teatro, el 20% a Radio y TV, el 28% al ENACOM, el 5% a la Defensoría del Público, el 10% a proyectos especiales, el 2% al Instituto Nacional de la Música. “El 100% de este impuesto es una asignación específica”, resaltó y agregó que “todos los impuestos son coparticipables, no es una donación de la Nación, es lo que establece la Constitución. El procedimiento viola el principio constitucional, no es que estamos en contra de darle fondos a la cultura, pero no le podemos dar fondo el Senado de la Nación con fondos que les corresponden a las provincias, la mitad de ese fondo lo ponen las provincias. No lo podemos hacer por 50 años, está mal, es un atropello”.
“Hay que hacer una reforma y garantizar un tiempo sensato y que le garanticemos a la cultura que tenga una correcta administración. Sobre el federalismo de la distribución de los fondos solo dicen que es federal. El federalismo hay que respétalo y las asignaciones específicas tiene que ser por tiempo determinado y excepcional. La cultura tiene que tener fondos necesarios y suficientes”, cerró Rodríguez Saá quien adelantó su voto positivo, pero remarcó la necesidad de modificar la Ley porque “es un error” y “garantizar la distribución adecuada con un sentido federal”.
El presidente del bloque Pro en la Cámara alta, Humberto Schiavoni, también se mostró a favor de “promover las expresiones culturales en nuestro país, eso está fuera de toda duda”, pero aclaró que “estamos insertando un proyecto que atiende algunas cuestiones que me gustaría puntualizar”.
En esa línea, explicó: “El primero es el plazo. Esta clara que la delegación del artículo 75, inciso 3 establece un plazo determinado de carácter excepcional y un plazo de 50 años desvirtúa el espíritu de esta delegación. Pierde la excepcionalidad y ese plazo tan largo tampoco significa un plazo limitado o acotado. Cualquier interpretación estaría en contra del texto constitucional cuando estamos hablando de este plazo”.
“Además, hay una cuestión que hace al federalismo, y que no es menor. Estos son impuestos coparticipables. Las provincias no es que no reciban estos fondos, pero los reciben de manera discrecionalidad, que es el principal enemigo del federalismo fiscal. La discrecionalidad del poder central”, subrayó Schiavoni.
En suma, se basó en la Constitución Nacional para indicar que allí “también establece es propender a la automaticidad de aquellos fondos que son coparticipables, porque de otra manera quedamos a expensas del ‘toma y saca’ de la política, y sujetos a favoritismos políticos, que no tiene nada que ver con el carácter automático que les da el respeto y dignidad a las autonomías provinciales”.
“Esta política desvirtúa el florecimiento de las expresiones culturales, y que si estos fondos, si el 50% de estos fondos como corresponde, deberían seguramente servir para promocionar a los artistas locales”, lamentó el misionero. Por otro parte, explicó que “el otro tema tiene que ver con los gastos en personal y burocracia. Tenemos que acotar al 10% de estos recursos en personal o en temas que no tengan que ver con los programas culturales”.
En síntesis, adelantó el voto negativo de su bloque porque “sostenemos que tiene que haber una revisión integral y vamos a colaborar con la iniciativa que se ha propuesto de trabajar un proyecto conjunto que atenga al plazo, a la administración de los recursos, y también acotar los gastos burocráticos y de personal para que podamos destinar la mayor cantidad de recursos a los programas culturales específicos”.
Su coterránea y aliada del oficialismo, Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) contó que “las expresiones artísticas en nuestra provincia tienen que ver con políticas públicas y todo el apoyo que pone el Gobierno con sus recursos para ejecutar este tipo de políticas”.
“Entonces cuando yo pienso en la renovación y los 50 años, entiendo perfectamente las cuestiones técnicas y nosotros estamos acá para subsanar eso, o hacer dentro de la manda constitucional todo lo que podamos, pero los fondos no deberían ni siquiera discutirse. Ni ser por 50 años, deberían ser vitalicios, renovables”, opinó la misionera y resaltó que “tiene que ser ley, porque acá estamos representados todos. Estos fondos también lo que hacen es garantizar la diversidad, aquellos que consumen muchos y aquellos que consumen pocos está garantizado con que tengan fondos para poder llevarse adelante”.
La última en cerrar este primer debate fue la vicejefa del bloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien se sumó a las palabras vertidas por sus compañeros que previamente explicaron los aspectos centrales del proyecto y recordó que en el 2017 mediante la Ley 27.432 se puso un “coto de tiempo de 5 años” a las asignaciones específicas por lo que “tenemos la urgencia de que todas las provincias de poder darle tratamiento a la ley”.
Según la oficialista, el proyecto es “transversal”, y se manifestó: “Podemos tener diferencias respecto a la cantidad de años, pero eso es parte de la democracia y este Senado tiene consenso unánime y una necesidad de federalizar estos recursos”. En ese sentido y, al igual que el senador Guerra, comentó que había proyectos de todos los bloques sobre el tema por lo que consideró que “todos coincidimos en que haya un financiamiento extendido en el tiempo con aportes específicos de la cultura y que tiene que ser una política de Estado”.
“Hay que seguir trabajando el consenso de que la cultura tiene que tener un incentivo estatal, pero tenemos que considerar que el acceso a la cultura tiene que ser un derecho para los argentinos”, reflexionó Fernández Sagasti y coincidió con sus pares de que la cultura es una industria y que “genera el 2,5% del PBI del país, 635 mil puestos de trabajo al año lo que es el 3.1% del empleo de Argentina”. A su vez, reclamó la “distribución territorial de los fondos que aportan todos los ciudadanos del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
