La norma fue sancionada en el Senado con 64 votos a favor y 1 en contra. Permite que se continúe avanzando con la integración socio-urbana y suspende los desalojos por 10 años.
Con la presencia en el palco de la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, el Senado sancionó en la sesión de este jueves, por 64 votos afirmativos y 1 en contra -de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro)- la ley de prórroga del Régimen de Regularización Dominial para barrios populares, que apunta a avanzar con la integración socio-urbana, al tiempo que establece una prohibición de desalojos por el plazo de 10 años.
El proyecto había sido enviado en septiembre pasado por el Poder Ejecutivo a Diputados, donde recibió algunas modificaciones y, tras una votación con amplísimo respaldo, fue girada a la Cámara alta.
Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abrió el debate el jujeño Guillermo Snopek (FdT), expresó que el proyecto involucra “un tema muy sensible para la argentina, para esta sociedad. Es el tema de la vivienda”, y resaltó que la Constitución habla “del acceso a la vivienda digna”, y el artículo 41 que habla del medio ambiente para el desarrollo de la persona humana “tienen esta jerarquía constitucional”.
Pero, preguntó: “¿Esto se pone en práctica?”, a lo que respondió: “Estamos lejos de esto. Lejísimos, diría. Esta expresión que, muchas veces está escondida en la Constitución, a la que muchas veces corremos a revisarla, pero otras la dejamos de lado”. “La situación habitacional de la Argentina es muy grave”, alertó Snopek y sumó: “Por eso abordamos este tema, no solo para reconocer el problema, sino para hacer concretamente algo”.
“En el año 2018 se sancionó esta Ley que hoy estamos modificando que tenía como primer objetivo registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares y tenía un plazo de duración de 4 años”, detalló y siguió: “Esta ley vence a fines de octubre y ha cambiado poco esta realidad, se ha acentuado. Las dificultades habitacionales en el país están complicadas. Necesitamos la Ley para actualizar el registro de los barrios”.
También señaló que se busca la ampliación del plazo para “darle tranquilidad a los argentinos que penden de una orden de desalojo. Este plazo lo establece la Ley de Declaración de Utilidad Pública y, de esta manera, resguardamos el derecho o la incertidumbre a quienes se encuentran en esta situación”.
“Suspender los plazos es una demanda que hoy afectaría a 1 millón de familias, un número de 5 millones de personas que se encuentran en esta situación”, lamentó el jujeño y comparó con su provincia donde hay 140 barrios populares registrados”. A su vez, consideró que es un número alarmante que “este registro de 4.416 barrios populares a lo largo y ancho del país, hoy tenemos 5.787”, y opinó que es el momento de “actualizar y afrontar el tema de la vivienda”.
A su turno, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) se quejó porque el proyecto no tuvo giro a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. “Nadie puede dudar que la pobreza en la Argentina es un flagelo estructural que le duele a todos”, expresó y se refirió a las largas filas en las oficinas de ANSeS para cobrar el bono de 50 mil pesos: “Estás imágenes son las más duras de la Argentina que nos duele a todos. Es el país al que nos enfrentamos todos que con cada nuevo punto de inflación arroja a cientos de miles de ciudadanos bajo la línea de pobreza”.
“Este problema lleva décadas de situación y va a llevar décadas resolverlo. Hoy estamos tratando un proyecto que es una modificación especifica de un par de artículos de una Ley del 2018, pero que tuvo un origen anterior con un decreto del 2016 donde, con un esfuerzo inédito, entendimos que teníamos que poder dimensionar y comprender el hábitat informal que existía en el país”, relató Tagliaferri.
En ese sentido, la macrista contó que, por primera vez de esa forma, se pudo relevar hasta el 2017 un total de 4.416 de barrios populares, 4 millones de personas, a los que se los dejó de llamar villas y asentamientos. “A partir de eso se creó el ReNaBap, después se siguieron haciendo censos a pedido de muchos gobernadores y, esta ley, incorpora 1.100 barrios más llegando asó a 5 millones de personas”, destacó.
“Fue nuestro espacio el que impulsó, precisamente, esta ley porque un problema que durante toda la ‘década ganada’ no se había registrado”, resaltó Tagliaferri y apuntó contra el actual gobernador Axel Kicillof de quien retomó las palabras ‘no tengo la cantidad de pobres, es una medida estigmatizante’, tampoco se olvidó de los dichos de Aníbal Fernández quien supo decir ‘tenemos menos pobres que Alemania’.
Y precisó que “nunca nadie jamás había decidido armar un ReNaBap, articular con las organizaciones sociales, con los municipios, y decir que esas personas existen y seguir dejándolas bajo la alfombra escondidas”, y cerró ponderando que se le introdujeron modificaciones en consensos entre ambos bloques y que la ley permite una articulación entre el Estado, las provincias y los municipios.
La oficialista Sandra Mendoza (Tucumán) reconoció que la ley se creó en el 2018 e hizo hincapié en la necesidad de prorrogarla porque “hay muchas familias que están peligrando ser desalojadas de esos barrios”. Sin embargo, comparó: “En el actual gobierno ocurrió la esencia de ese programa que es otorgarle recursos directos para esos barrios, para que se puedan hacer las obras que tanta falta hace a los más humildes”.
Además, comentó que en su provincia se está llevando a cabo la ejecución del ReNaBap en un barrio donde viven 250 familias que son “beneficiarias directas de este programa, con pavimento, iluminación, cordón cuneta, pozos de agua. Son lo básico que necesita un ser humano para vivir”.
A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmerman (Chaco), ponderó: “Es un logro y un enorme desafío seguir trabajando en reparar las situaciones de miles de argentinos. Creo que este es un hecho muy auspicioso”, y detalló que “se trata de nada más y nada menos que 1 millón 168 mil familias empadronadas”.
En ese marco, opinó que “es inevitable plantearnos la necesidad de trabajar en formas más organizadas, más eficientes. Tanto hacia dentro como hacia afuera”. De esta manera, consideró que “hacia dentro del programa en términos de calidad de vida, facilitando más educación y trabajo, articulación pública y privada, más construcción de viviendas, en síntesis, mejores servicios públicos y más comunicación”.
Mientras que “hacia afuera, fortalecer la relación y articulación del Gobierno nacional con las provincias y principalmente con los municipios”, debido a que “es algo que nos preocupa”. “Este proyecto sin duda nos genera una esperanza y un camino para resolver la situación económica y social de muchas familias”, expresó.
Sin embargo, se mostró preocupado porque “desde el momento en que se dieron los antecedentes en el año 2012 hasta la firma de este decreto en 2021 han pasado 9 años”, lo que consideró como “mucho tiempo para la gente que necesita del Estado y una mirada especial para poder resolver tantos problemas desde el punto de vista económico y social”.
“Sin duda más allá de la preocupación que tenemos todos, yo creo que necesitamos más y mejor información para el abordaje de un tema tan complejo”, planteó el chaqueño. En suma, sostuvo que otro problema tiene que ver con el financiamiento, porque “si bien es cierto que es muy importante hacer el trabajo de diagnóstico, todos sabemos también que es necesario tener un fuerte financiamiento para ir pudiendo resolver estos problemas en todo el país”.
Por su parte, el salteño Sergio Leavy (FdT) manifestó que para su provincia “es muy importante el ReNaBap”, y recordó que, en el 2018, en su carácter de diputado nacional en ese entonces, le tocó votar la ley y, a partir de ese momento, pudo “ver las mejoras que hemos tenido en el acceso a derechos muchos habitantes de los barrios”.
“Tras 4 años que lleva la ley la Mesa de Coordinación Nacional de barrios populares y la Secretaría de Integración Socio urbano trajeron al Congreso la renovación de la Ley”, contó y resaltó que como punto importante está la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación de todas las tierras que están en los barrios populares.
A su vez, el salteño resaltó que el punto de Regulación Dominial “es el más importante porque a partir de que uno es dueño de la propiedad puede obtener otros beneficios. Cambia el eje de la ley este aspecto”. También ponderó la declaración de Emergencia Socio urbana sanitaria y ambiental por 2 años que se agrega, la incorporación de la perspectiva de género para el otorgamiento de la escritura: “Es un avance significativo”.
“Habitualmente en Argentina los barrios populares eran ignorados, no se los reconocía, eran olvidados. En muchos casos de los escondía”, comenzó su alocución el santafesino Dionisio Scarpín (UCR) y siguió: “Cuando el Estado tiene esta mirada sobre este grupo social, no se conocía cuántas familias vivían. Cuando el Estado no entra a estos barrios, empiezan a entrar otras organizaciones, algunas con buenas intenciones, pero cuando el Estado está ausente también entran otro tipo de organizaciones delictivas”.
Al respecto, el santafesino reflexionó: “Lo que el Estado debería hacer en primer lugar es reconocer el problema, estudiarlo, investigarlo y planificar las principales soluciones”, al tiempo que remarcó la importancia de la continuidad de la ley y comparó que en el gobierno anterior se “reconoció” el problema.
Además, destacó que la ley es “consensuada” y “federal” porque “no solo prevé la solución en los barrios populares de capital federal, en el AMBA, sino también en todas las localidades del interior del país”. Asimismo, retomó un dato que se dijo en Diputados: “El 5% de los habitantes de los barrios populares se conformó en el SXX y el 50% en el SXXI, lo que nos dice que tuvo un crecimiento exponencial y ese dato nos tiene que llamar la atención”.
Entre las causas, Scarpín enumeró las crisis permanentes y repetitivas del país a lo largo del tiempo donde “cada crisis sube el índice de la pobreza al 40%”, un país centralizado de la población que migran en busca de mejores condiciones de vida en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires que “tiene que ver con la falta de planificación de un plan y la falta de políticas de Estado en la construcción de viviendas”.
Por el Chaco, hizo uso de la palabra el oficialista Antonio Rodas quien manifestó: “El peronismo, el kirchnerismo, trabajó siempre para y por la gente. No solamente por una eventual ley. Con sus gobiernos provinciales, municipales y nacionales. En Chaco no hubo abandono, hubo preocupación y hubo trabajo. Sustentado en una política de Estado que realmente es digno de destacar”.
Por último, resaltó: “Cuando yo escucho sobre la ausencia del Estado, quiero decir que está presente. Y está en los lugares donde tiene que estar, y siempre estuvo”, y consideró que “que bastante daño nos hemos hecho los políticos en esta cuestión de seguir adelante un esquema de grieta que no beneficia a nadie”.
“Nos proponen una ley para integrar esos barrios que se han desarrollado de hecho sin respetar ninguna regla, sin ningún control del Estado. Recorro mucho esos barrios y no me gustaría vivir ahí a mí”, criticó la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero y opinó: “Tenemos dos argentinas”, pero preguntó: “¿Queremos dos argentinas?”.
Y continuó su discurso: “Una de la economía formal y la otra informal. Una del trabajo formal y la otra del trabajo informal. Una del hábitat formal y la otra informal yo quiero que sea una la de la formalidad”.
“La Argentina esta fundida y aún así se despilfarra mal, se gestiona mal, con mucha centralización de recursos y sin transparencia y control. Desde hace 10 años que el empleo genuino no crece, desde hace 15 no hacen más que unas pocas viviendas. Sueño que la Argentina sea una sola, pero proponen seguir con dos argentinas”, remató la senadora del Pro sin adelantar su voto.
En su alocución, la monobloquista Alejandra Vigo (Córdoba Federal) expresó: “Un proyecto que me parece muy importante que hoy pueda transformarse en ley, más allá del Gobierno en el cual se llevó adelante esta importante ley que venía, no solamente a crear un organismo para registrar todos los asentamientos en la Argentina, si no que le venía a dar una chance para quienes viven en las zonas donde no hay un desarrollo urbano favorable, viene a plantear esto del Régimen de Regulación Dominial para la Integración socio-urbana”.
“Esto significa la posibilidad de que todos esos aglomerados tengan la chance de ser urbanizados, poder incluirse en la trama urbana de cada uno de los centros más grandes urbanos”, señaló.
Para Vigo: “Esta ley viene, no solo a ampliar el alcance de la Ley 27.453 que se sancionó en 2018, e incorpora la perspectiva de género, porque está planteando un criterio de prioridad en lo que hace a la titularidad de las viviendas, tiene además un artículo que es celebra con las provincias y municipios los acuerdos que tengan por objetivo transferir aquellos bienes e inmuebles y de titularidad del Estado nacional con el fin de ejecutar los proyectos de integración socio-urbana que se encuentran en trámite, así como los futuros, resultando la transferencia sin costo alguno”.
“Este artículo medular prevé que las transferencias serán sin costo. También plantea que el Estado nacional transfiera inmuebles de su titularidad en los que las provincias, los propios municipios de todo el territorio nacional hubieran ejecutado o estén por ejecutar”, enumeró la cordobesa.
Por último, Vigo destacó que con la ley “realmente se lleva adelante la efectiva integración socio-urbana. Como siempre decimos ‘la única verdad es la realidad’ y bienvenido sea que en el caso de mi provincia más de 100 obras de urbanización ya estén en marcha, que en la ciudad capital se siga transformando con obras de infraestructura, que ya hay 13 asentamientos inmensos”.
Otra de las oradoras fue la riojana María Clara Vega (Hay Futuro Argentina) quien criticó: “Cuando veo que de uno y otro lado defienden quién hizo el mejor proyecto, al menos deberíamos sonrojarnos por esta ley porque Argentina es 8va en extensión territorial en el mundo y hoy nos estamos peleando si le vamos a dar un trozo de tierra a un ciudadano, esa histórica pelea por la propiedad de la tierra”.
“Esta ley debe tratar de resarcir todos los errores cometidos desde hace mucho tiempo, además de estas políticas desacertadas de gobiernos centralistas que solamente fueron fortaleciendo a las grandes provincias junto con las grandes crisis, pero parece que recién en 2016 nos dimos cuenta de este problema. ¿Qué hicieron las grandes ciudades, los municipios, que estuvieron mirando para otro lado con los grandes recursos?”, criticó Vega y cerró: “Hay que hacernos un replanteo si queremos un país federal donde los recursos se distribuyan de forma equitativa”.
En el mismo sentido se pronunció el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) que resaltó: “Estamos tratando un proyecto de raigambre federal para resolver un tema tan importante y trascendente como lo es el lugar dónde vivir”, y agregó: “Este proyecto intenta resolver fallas de áreas del Estado, ya sea provincial o municipal, que no se resolvieron antes”.
A su turno, el presidente del bloque Pro, el misionero Humberto Schiavoni, brindó detalles de los asentamientos en distintos países: “En Caracas se estima que el 60% son asentamientos irregulares, lo mismo pasa en las favelas de Brasil. En el conurbano son cifras similares y en la Ciudad de Buenos Aires se estima que son 300 mil personas entre asentamientos y casas tomas que son un 10% de la población”.
Como jefe de bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, reflexionó: “Es muy bueno decir las cosas como son y por más que nos duelan, saber dónde estamos parados de que hay 5 millones de argentinos que tienen un déficit habitacional, que vienen en condiciones de vulnerabilidad extrema”, y lamentó que esto muestra “lo lejos que se está de alcanzar un piso mínimo de dignidad”.
“El problema es más complejo que números o que decir que a partir del 2016 gracias a esta ley se empezó un relevamiento, porque esta no fue una iniciativa de la política, son los propios movimientos sociales los que plantearon la necesidad de interactuar con el Ejecutivo y los gobiernos”, manifestó y consideró que es un problema que arrancó con “mirar a los costados”.
Naidenoff reflexionó: “Si hoy contamos con 5.687 barrios populares este relevamiento nos deja un enorme mensaje. Primero que estamos en falta porque la iniciativa surgió de los afectados. En segundo lugar, que estamos en falta porque si el desafío de esta ley es construir una política de Estado que está ausente en la Argentina en la medida en que la grandeza se imponga a la mezquindad, en la medida en que los Gobiernos pasan la miseria se profundiza, podemos tener un escenario de oportunidad que tiene que ver con una realidad que en el día a día nos afecta, el problema es que esa realidad se naturaliza”.
“No hay que confundirse que los problemas en las provincias son los números de la coparticipación. Si uno mira los números en los últimos años se puede ver que en las provincias han pasado por procesos de superávit”, contradijo Naidenoff a sus predecesores y remarcó: “Hay responsabilidades locales propias y no podemos por eso culpar a Alberto, a Cristina o a Macri”.
Y cerró: “No alcanza con una política de Estado si decimos que el objetivo es la meta fiscal. El desarrollo trunco de la Argentina tiene que ver con la mala implementación de muchas provincias en la ejecución de sus presupuestos. Hay que definir un proyecto de país que tenga como objetivo terminar con esta vulnerabilidad y estado de decadencia y vergüenza”.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, coincidió en algunos aspectos con el senador preopinante, puntualmente en “ponernos de acuerdo en buscar un proyecto de país que sea federal”, pero indicó que hay dos problemas para resolver previamente.
En primer lugar, explicó que hay partidos que “no tienen posicionamientos claros” respecto a cuestiones que “son centrales” para el desarrollo del país como por ejemplo la hidrovía. “Lo primero que hay que hacer en sincerar los discursos y decir abiertamente qué pensamos que se debe hacer con los grandes temas del país”, sostuvo.
Otro tema que mencionó la oficialista es sobre “la infraestructura y el costo logístico de las exportaciones de las economías de nuestras provincias respecto al puerto”, y destacó que en ese eje el sistema ferroviario de la argentina es el que todas las economías “necesitan discutir”.
Por otro lado, y puntualizando en el proyecto, coincidió con Naidenoff, en que “surgió de las organizaciones de los barrios, que fue una ley muy consensuada, luchada”, pero también “que la política escuchó ese reclamo. Es un proceso genuino”.
La flamante norma, que es una continuidad de la 27.453 aprobada en 2018 por unanimidad en ambas cámaras, contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada esa ley. Así, se pasa de los 4.400 barrios registrados en 2018 a 5.687 en la actualidad.
Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.
Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.
También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.
Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.
Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.
