Inspirado en una vasta legislación internacional que consigna ejemplos de Bélgica, Francia y Grecia, entre otras naciones, el senador neuquino Oscar Parrilli propone una serie de reglas que protejan al Estado ante los “ataques especulativos financieros internacionales”.

Parrilli sostiene que “los derechos de los acreedores privados para reclamar una deuda legítima contra el Estado solo se considerarán vigentes y con validez financiera si la compra, adquisición o tenencia de dicha deuda en cualquiera de sus manifestaciones -bonos, títulos, entre otros- ocurre al menos con 90 días hábiles de anticipación a la fecha en que el país ingrese en un proceso de reestructuración, refinanciación, reperfilamiento, cese de pagos o cualquier otra denominación que se utilice para expresar la imposibilidad del Estado de cumplir con sus vencimientos programados en materia de deuda”.

Así lo expresa el texto del proyecto en el que Parrilli sostiene que “la ventaja ilegítima especulativa se define como la existencia de una desproporción manifiesta y evidente entre la suma total efectivamente abonada por el acreedor para adquirir la deuda y el reclamo que éste realiza frente al Estado”.