Un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda del Senado arrancó este miércoles con el debate de distintos proyectos, presentados tanto desde la oposición como del oficialismo, para establecer un sistema equitativo de distribución de los subsidios al transporte en todo el país. 

Dadas las coincidencias entre las iniciativas, los legisladores se mostraron a favor de avanzar en un dictamen unificado. Todos coinciden, entre otros puntos, en fijar como criterios para el reparto el parque móvil, los agentes computables y los kilómetros recorridos. 

Al concluir el encuentro se aclaró que se irá trabajando el texto en asesores, mientras que se convocarán al debate a los funcionarios del Ministerio de Transporte y a representantes de COFETRA. 

Autor de uno de los proyectos, arrancó con las exposiciones el salteño Sergio “Oso” Leavy (UC-FdT), quien resaltó que se trata de “un tema sumamente importante” propiciar “una reforma, un cambio en el sistema de subsidios al transporte” que actualmente “llega a las capitales y después al interior con mucha desigualdad”. En ese sentido, recordó que antes de la última actualización de tarifas en AMBA, mientras el boleto mínimo costaba 18 pesos en Capital Federal y el Conurbano bonaerense, en Salta Capital era de 41 pesos y en la localidad de Tartagal, “el lugar más pobre”, era de 90 pesos. 

En ese sentido, subrayó la necesidad de establecer un “coeficiente relacionado con la densidad poblacional”, porque “si hay una empresa de transporte en un pueblo pequeño seguramente necesita más subsidios” que aquella que opera en un lugar con muchos pasajeros. 

Al hacer un repaso histórico, el oficialista señaló que el sistema de reparto “comenzó muy bien, era equitativo”, pero con el tiempo “se fue concentrando con un laberinto de resoluciones y terminó beneficiando al AMBA”. Además, apuntó que en diciembre de 2019 “las provincias quedaron afuera del SISTAU” (Sistema Integrado de Transporte Automotor).

En su alocución, Leavy apuntó que “en el año 2021, a través de los diversos mecanismos, se distribuyeron 133 mil millones” de pesos en subsidios, de los cuales “al AMBA le correspondieron 102 mil millones, el 77%”. “Me parece una injusticia de toda forma. Es una ofensa que esto esté ocurriendo”, sostuvo y reclamó volver “al SITSTAU porque es un sistema que cuando comenzó, comenzó bien”. 

A su turno, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) consideró que este es “un debate absolutamente necesario” y manifestó su “esperanza de que pueda salir y llegar a un dictamen común” ya que las iniciativas presentadas “son prácticamente similares”. “No es sacarle a uno para darle a otro”, aclaró, sino de tener “un sistema de transporte público de pasajeros que tenga una distribución justa, equitativa, como debe ser en un país federal”. 

Autor del proyecto firmado por Vigo y la tucumana Beatriz Ávila (PJS-JxC), el senador Alfredo Cornejo (UCR-JxC), expresó que “habitualmente se relegan temas estructurales para tratar temas coyunturales”, mientras esta cuestión “recorre la vida cotidiana de buena parte de los argentinos”, porque se trata de “un servicio público masivo”. “Los tres proyectos tienen un altísimo consenso, hay diferencias menores al respecto”, indicó el mendocino, por lo que opinó que “no debería tener grandes dilaciones el tratamiento de este proyecto”. 

El jefe de la principal bancada opositora remarcó que este tema “no nació de la nada”, sino que “nuestro desorden macroeconómico, que lleva un par de décadas, ha generado condiciones para estas distorsiones”. 

Así, compartió conclusiones realizadas por el COFETRA (Comité Federal del Transporte), que precisan que en el interior los usuarios costean -en promedio- un 32% de la tarifa, mientras que en el AMBA es un 19%. Además, el AMBA tiene “un 80% del costo del sistema subsidios nacionales”, mientras que en el interior es del 28% y “en algunas provincias es menor”. 

Cornejo detalló que “por cada peso que se destinó al interior en 2021, el AMBA recibió 3,37 pesos” en subsidios; mientras que “por cada coche de AMBA” se destinaron “por mes 1.425.000 pesos” y para cada unidad del interior fueron 272.000 pesos. “Es abrumador”, enfatizó. 

El senador dijo que esta cuestión “se agravó en los últimos años, pero viene de hace muchos años”. Y recordó que en el Pacto Fiscal de 2017 se acordó “ir eliminando los subsidios e ir haciéndose cargo las provincias; orgulloso de ese planteo para ir saneando la economía” pero como contraparte el Gobierno nacional “debía dejar de financiar a AySA en el 2019; y a Edenor y Edesur le daba las competencias de distribución”. También, de acuerdo a ese documento, “en el 2021 entrabamos a un régimen de subsidios nacional distribuido más o menos como están proponiendo estos tres proyectos”, pero ese Pacto “se suspendió en 2019 con bombos y platillos” y ahora “se sigue subsidiando a AySA, Edenor y Edesur, y el transporte público ve cada vez más reducidos sus subsidios”.  

En defensa del proyecto presentado junto a su par Rubén Uñac, la senadora Cristina López Valverde (FNyP-FdT) habló de “una realidad que nos pega fuerte” al señalar que por mes el AMBA recibe en subsidios “26 mil millones de pesos”, mientras que las provincias en su conjunto reciben “3.500 millones de pesos”. “Se da una situación de asimetría y esto provoca la injusticia y la ineficiencia del transporte público, además de estar muy lejos de ser federales”, manifestó. 

Al mencionar que el Presupuesto 2023 contempla unos 85 mil millones de pesos para este área, la sanjuanina estimó que “los problemas van a seguir”, por eso se necesita “una ley que ordene una distribución equitativa”. 

La oficialista explicó que la falta de transporte o el alto costo de éste en el interior, “afecta otros derechos, el de la salud, el de la educación, el del trabajo”, ya que, por ejemplo, un empleado de comercio -por las condiciones climáticas- debe viajar cuatro veces al día y eso “afecta al salario”. 

“No arreglar esto significa dejar crecer potenciales conflictos”, advirtió, al tiempo que reveló que en su provincia “ha habido una renovación importante de las unidades” pero “quienes han invertido quieren la correlación con el boleto”, además de que “los choferes tienen sus paritarias”. 

En el encuentro también expuso Natalio Mema, secretario de Transporte y Servicios de Mendoza, quien se mostró a favor del proyecto presentado por Cornejo, ya que fue “consensuado con todas las provincias” y “no es en contra de nadie”, sino que busca implementar criterios “que vienen a generar equidad y dar mejores condiciones de vida”. 

El funcionario provincial denunció que en el año de la pandemia (2020), en AMBA “la frecuencia no se disminuyó ni una hora” y “se hacía circular a todos los colectivos igual a antes del aislamiento”, mientras en las provincias había “trabajadores esenciales que se habían quedado sin servicio”. Además, ese año “el 45% de la flota se puso a 0 kilómetro” cuando “en todas las provincias estábamos haciendo equilibrios”. 

Sobre esto, el senador Leavy expresó: “Es muy grave lo que acaba de decir que durante la pandemia todos los colectivos estuvieron trabajando, porque la gente no se movilizaba. Hay errores muy graves, muy cerca del delito”. Y pidió “investigar este tema” de “la compra de unidades”. 

En el tramo final, la presidenta de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Teresa González (FNyP-FdT) subrayó que “todas las provincias tenemos realidades totalmente diferentes, no solamente territorialmente, sino institucionalmente con respecto a los tratamientos de las líneas municipales, interurbanas e interprovinciales”. 

“Una de las grandes aristas es el tema de las paritarias que afecta directamente a los gobiernos provinciales que son los que las deben afrontar”, agregó, y defendió la importancia de escuchar la voz de las provincias porque “los gobiernos provinciales son los que conocen su parque automotor y los que tienen una evaluación y un diagnóstico exacto de la problemática”. 

Por su parte, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), abogó por “una discusión amplia donde todos estén presentes”. “Hay que escuchar, más allá de que se comience a consensuar un solo proyecto, algo que me parece saludable, a todos los actores, no solo de las provincias sino también Nación”, insistió. 

Para el riojano, “el servicio público es algo que debe ser subsidiado” y “el subsidio tiene que ser a la demanda y no a la oferta; para eso se van a necesitar medios electrónicos, será la tarjeta SUBE o alguna por el estilo, pero es fundamental que el esfuerzo que haga el Estado sea hacia las personas y no hacia las empresas, porque así se pueden evitar las distorsiones”.