La bancada que conduce Germán Martínez cargó contra la Sala I de la Cámara Federal, vinculó a sus integrantes con Macri y Rosatti y cuestionó que la decisión se adoptara luego de las novedades conocidas los últimos días.
El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos manifestó “su más absoluto repudio” a la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusaron de “responder directamente a Mauricio Macri y a Horacio Rosatti”, por la cual se dispuso liberar a los integrantes de la agrupación Revolución Federal, detenidos por supuesta “incitación a la violencia e instigación” en el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación.
A través de un comunicado, los diputados del Frente de Todos advirtieron que “la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma Caputo Hermanos SA, propiedad del ex ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo. En vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados”.
“Tampoco es casual la absoluta irregularidad con la que se encuentra actualmente conformada la Sala I. Se han cumplido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo reconociendo la ilegalidad con la que Bruglia y Bertuzzi ocupan sus cargos y casi uno desde que el Consejo de la Magistratura elude el tratamiento de los dictámenes para nombrar sus reemplazos. El mismo Consejo presidido por el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que se autodesignó en ese cargo reponiendo una ley derogada por nuestro Congreso hace más de una década”, agrega el comunicado del FdT.
La misiva difundida por el bloque oficialista concluye con el reclamo de que el intento de magnicidio registrado el 1° de septiembre pasado “debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”. Por ello, “desde el bloque de diputadas y diputados nacionales del Frente de Todos le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla su papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina”.
