A 27 años del desastre en Río Tercero, piden conmemorar esta fecha

Oriunda de esa ciudad, la diputada de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning impulsa un proyecto para declarar Día de la Memoria y Solidaridad al 3 de noviembre.

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning impulsa un proyecto para instituir el 3 de noviembre como “Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del Atentado contra la Fábrica Militar Río Tercero”, en coincidencia con la fecha en la que tuvo lugar el atentado perpetrado en esa misma fecha de 1995.

La iniciativa sugiere que cada año ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios y lugares públicos en los que se promoverá la realización de actividades alusivas.

También el Poder Ejecutivo realizará en la semana del 3 de noviembre actividades y campañas en pos de sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la corrupción, el tráfico ilegal de armas y a favor de la paz y la no violencia. Se dispondrán además los medios necesarios a fin de que los establecimientos primarios y secundarios de gestión pública y privada organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha.

El recuerdo del desastre

El 3 de noviembre de 1995 a las 8.55 de la mañana, la ciudad de Río Tercero se vio conmovida por las explosiones registradas en la Fábrica Militar de esa ciudad, recuerda la diputada de Evolución Radical en los fundamentos de su proyecto, donde da precisiones muy vívidas de lo ocurrido ese día y a posteriori.

Alrededor de las 9 de la mañana se produjo la primera gran explosión. La denotación fue escuchada a decenas de kilómetros y destruyó con su onda expansiva todos los vidrios del sector urbano, y en los barrios más cercanos afectó seriamente a las estructuras de las viviendas.

Había estallado la planta de carga de la industria, donde operarios acomodaban proyectiles que se llenaban en la fábrica con un montacargas. A la distancia, la gente que trataba de escapar de la ciudad veía un enorme hongo de humo elevándose sobre la fábrica.

A las 9.15 se produjo otra gran detonación en los depósitos de expedición y suministros, galpones sin ninguna protección, repletos de proyectiles de guerra y pegados a uno de los barrios, Las Violetas. Las viviendas en los sectores más cercanos comenzaron a derrumbarse y los proyectiles allí acumulados volaban sobre la ciudad.

A las 9.30 se produjo la tercera detonación, tal vez la más potente, que devastó a las viviendas ya dañadas que aún se mantenían en pie en los barrios más cercanos, mientras en el resto de la ciudad había diferentes daños. Ya se comenzaba a hablar de personas fallecidas. Las heridas se contabilizan de a cientos.

Miles de habitantes se marchaban del golpeado Río Tercero. Las calles, terrenos, aceras, estaban cubiertas de proyectiles de guerra, millones de esquirlas, pedazos de mampostería y de vidrios, que también se habían convertido en esquirlas. Llegaba personal de las fuerzas de seguridad federales, provinciales y bomberos de distintos cuarteles. Decenas de aviones y helicópteros sobrevolaban el cielo cubierto de humo de Río Tercero. Las explosiones, ya de menor intensidad, proseguían. Se conocía de las primeras víctimas fatales. Las poblaciones de la región se habían convertido en sitios de recepción de miles de personas. En ese contexto, otras miles buscaban a sus seres queridos, que no conocían en dónde estaban. Hubo familias que recién pudieron reunirse luego de una semana de acontecido aquel desastre.

Por la mañana habían llegado funcionarios nacionales y provinciales. Cuando aún no se había podido conocer el origen de aquella calamidad, arribaba el entonces presidente, Carlos Menem. En una conferencia brindada en la municipalidad, el mandatario aseguró ante la consulta de un periodista que era “un lamentable accidente”. Aún la Justicia Federal, a cargo de la investigación, no se había pronunciado.

La ciudad quedó dividida por zonas, según el nivel de riesgo, de acuerdo a la cercanía con la industria de los barrios. Había una denominada “zona roja”, en donde nadie podía ingresar por estar dicho sector regado de proyectiles de guerra. Los mismos eran retirados, tanto desde ese lugar por efectivos de la policía provincial y personal de las fuerzas federales, como del resto de la ciudad.

Con los días, se permitía ingresar a las familias que vivían en esos barrios, para que retiraran objetos que habían dejado, cuando se habían colocado a resguardo del bombardeo. Al llegar encontraban a sus casas totalmente destruidas, a punto de desplomarse o inhabitables.

El director del establecimiento, Jorge Cornejo Torino, en un programa televisivo, aseguró que en la industria nada quedaba que pudiera inferir un riesgo para la población. Sin embargo, se conocería luego, que los proyectiles que se habían esparcido en el interior del predio estatal, habían sido llevados al polígono de tiro de la misma, junto a la costa del río Tercero.

El viernes 24 de noviembre en horas de la tarde, dos semanas después del hecho, ese cúmulo de proyectiles comenzaba a estallar. Nuevamente, como en la mañana del viernes 3, se producía una gran detonación y otro enorme hongo de humo se elevó sobre la ciudad. Miles de personas escaparon de Río Tercero nuevamente.

Quiénes fueron las víctimas fatales

Las víctimas fatales directas, quienes murieron en aquella mañana del viernes 3, fueron siete vecinas y vecinos. Se especula, también, que las víctimas fatales indirectas, pueden contarse por decenas, considerando el estrés que sufrieron muchas personas que padecían enfermedades preexistentes. Así detalla la diputada radical los nombres de las víctimas fatales y la manera como fallecieron:

Aldo Aguirre, de 25 años, trabajaba en cercanías de la terminal de ómnibus, en la conservación de espacios verdes. Estaba a unos 700 metros de la planta estatal. Lejos de escaparse, en aquella mañana, había acompañado a una mujer con dos criaturas a cruzar una de las calles. Estaba ayudando, luego, a una joven que se había caído en su ciclomotor, con la segunda gran explosión. Un pedazo de metal acabó con su vida.

Elena Rivas, de 52 años en su casa de barrio Monte Grande, luego de la primera explosión, le había señalado a su esposo Manuel: “Voy a la casa de ‘Pocho’ para conocer como están”. Manuel le dijo que no lo hiciera, pero tomó su bicicleta y se dirigió a la vivienda de ese familiar, en barrio El Libertador, uno de los más afectados. Nunca llegaría. Una esquirla la golpeó, quedando mal herida en una de las arterias cercanas al edificio de Tribunales. Falleció en un hospital de Córdoba.

Leonardo Solleveld, de 32 años, en su casa de barrio Cerino, le señaló a su esposa Silvia que se quedara con los chicos, que iba a buscar un vehículo para sacarlos de ese infierno. No retornaría.

Silvia, ante la demora, salió de la vivienda y lo encontró tendido en el piso, en una esquina, ya sin vida. Una esquirla había impedido que prosiguiera.

Hoder Dalmasso, “El Rayo” de 52 años, luego de evacuar con otras y otros docentes a la ENET, se había dirigido a su casa, para conocer como estaban sus dos pequeñas hijas. En el camino, un ataque cardíaco terminaba con su vida. El estrés había sido demasiado. “Rayo”, nunca conocería, o tal vez desde algún lugar sí lo haría, que su esposa, Ana “Coca” Gritti, sería la abogada que evitó que la causa judicial se cerrara como un simple accidente. La Justicia, en 2014, le otorgó la razón.

Romina Torres, “La Romi”, de 15 años, estudiante del Nacional José Hernández, con una compañera, corrían por barrio Escuela hacia la casa de la hermana de su amiga. Allí se abrazaron, intentando protegerse. Una esquirla golpeó a “Romi”, quitándole la vida.

Laura Muñoz, de 27 años, corrió por las calles de barrio Escuela, con su mamá, abrazada con su hermano, Fabián, cuando una esquirla la golpeó. Fabián hizo todo para salvarla, detuvo a un vehículo, la llevó en el mismo a una clínica, pero ya nada podía hacerse.

José Varela, de 51 años operario de Fábrica Militar, el “sanjuanino”; “el Cacho”, como lo llamaba su mamá Ramonita en su pueblo, Corralito, había estado protegiéndose a metros de los estallidos, en la casa de un militar, que le dijo que se quedara. Allí permaneció, soportando aquello entre las 9 y las 18. Luego, lo buscaban un primo y un amigo, para retornar a su pueblo, para ver a su madre. El estrés había sido demasiado. Falleció de un ataque cardíaco al llegar.

La investigación judicial

La causa, instruida por la Justicia Federal de Río Cuarto, se mantuvo desde el inicio sobre el presunto del “accidente”. Con la insistencia de Ana Gritti, querellante penal, eso cambiaría. Fue el juez subrogante de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi, quien, luego de que dejara la sede riocuartense el primer magistrado instructor, Luis Rodolfo Martínez, y pasara por la causa un conjuez, Diego

Estévez, se había hecho cargo de la instrucción, determinando que se había tratado de un hecho intencional, además de dictar procesamientos. En el año 2011, los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, solicitaban al ya designado juez titular, Carlos Ochoa, la elevación a juicio.

En el año 2014 fueron juzgados por el delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”, cuatro exmilitares, que habían tenido, al momento del atentado, cargos jerárquicos, tanto en la industria como en la Dirección General de Fabricaciones Militares: el entonces director de la Fábrica Militar, Jorge Antonio Cornejo Torino; el director de Producción, Carlos Franke; y el entonces director de Coordinación Empresaria, Edberto Gónzalez de la Vega. Recibieron 13 años de prisión.

Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica de la industria, recibía 10 años. El expresidente Carlos Menem, beneficiado con una falta de mérito, no estuvo en aquel juicio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó luego firmes las condenas. Quienes habían sido sentenciados ya estaban cumpliendo la mismas. Con este fallo, quedaba confirmada la certeza judicial de que se trató de “un atentado explosivo intencional” que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem. Vale recordar que Argentina era garante de la Paz en el conflicto entre Perú y Ecuador y en Croacia formaba parte de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz mediante el envío de cascos azules bajo el mandato de la ONU.

El juicio se había realizado en 2014 en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba. Los integrantes del tribunal, habían concluido en sus fundamentos (…) Las conclusiones a las que hemos llegado en los apartados precedentes (…) nos han llevado inexorablemente al pleno convencimiento que se trató de un atentado explosivo provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para concretar el móvil de lograr el ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices (…) Se reitera, por si acaso, lo señalado por los jueces: (…) se trató de un atentado explosivo (…) Aún con esto, es importante recordar, que aún se sigue mencionando, también en los medios de comunicación, cuando se alude a lo sucedido en Río Tercero como “las explosiones” o “la voladura”. Sólo eufemismos.

Claro que fueron “las explosiones” y “la voladura”, pero las mismas surgieron de un plan diseñado perversamente para destruir pruebas de un ilícito, con todo lo que eso significa socialmente para la ciudad y el país. Se trató de “un atentado”, uno de los más atroces de la historia argentina. Seguir en esa línea discursiva-informativa, es minimizar lo ocurrido en aquel 1995.

En febrero del año 2021, se había fijado la primera audiencia de la prosecución del juicio de 2014, ya con Carlos Menem, imputado como “autor mediato” de lo sucedido, en el TOPE 2 de Córdoba.

El expresidente había sido procesado nuevamente. Falleció pocos días antes de iniciarse el juicio.

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