Tras conocerse la decisión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires que recomienda la declaración del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía, la Mesa Nacional Agropecuaria de la Coalición Cívica envió una carta al secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, en la que le solicita que su cartera adopte la misma medida para permitir a los productores de todo el país acceder a los beneficios que otorga la ley.

A raíz de esta situación climática producto de la falta de lluvia, a la que se suma el fenómeno de heladas tardías que afectan el desarrollo del trigo, la cebada y los cultivos de invierno; el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tras el reclamo de la oposición, declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en municipios del interior bonaerense.

Desde la CC le  solicitan al Gobierno nacional que “contemple la situación que vive el sector en los impuestos nacionales”.

“Estudios realizados en el noroeste de la provincia, y que compara la campaña actual con la anterior, exhibe una reducción en el área sembrada de trigo en el orden del 35%. Hoy se estima un rinde promedio a la actualidad de 1200 kilos por hectárea, a diferencia de los 3900 del año pasado”; explican desde la mesa agropecuaria de la CC.

“Esta situación reduce miles de toneladas de producción dentro de la provincia de Buenos Aires, que sin dudas repercutirán negativamente en la economía de los productores que invierten y arriesgan, como también del Estado, que perderá capacidad recaudatoria”, añaden.

La Mesa Agropecuaria de la CC señala que “en el mismo territorio bonaerense, el promedio histórico de esa zona respecto de lluvia caída es de 1007 mm en el año, la campaña pasada el promedio fue de 675 mm y en la actual, hasta principios de octubre, el acumulado era de 405 mm, es decir, muy por debajo de los promedios, con un fuerte impacto sobre los cultivos y el suelo”.

“Es necesario que el Gobierno nacional dé una respuesta al agro y que entienda que la situación es catastrófica. El Estado debe acompañar al campo cuando más lo necesita y no sólo acudir al sector cuando le aprieta el zapato, con el objetivo de esquilmarlo con impuestos”, concluyeron.