Con el objetivo de contar con una base mucho más amplia y abarcativa a todos los delitos, que crezca y se alimente de todas las provincias, y que esto le permita a la Justicia acelerar los procesos.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al diputado nacional de Santa Fe, Juan Martín, presentaron un proyecto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos, para agilizar las investigaciones criminales. La exposición de la iniciativa basada en la experiencia mendocina fue presentada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Durante la conferencia, Cornejo comentó que la iniciativa se está presentando en las dos cámaras del Congreso y, paralelamente, el diputado provincial Maximiliano Pullaro también elevó a la Legislatura santafesina un proyecto que tiene la misma dirección.
Cornejo explicó que en 2013 se sancionó la Ley 26.879 que creó por unanimidad el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, esta ley se reglamentó recién en el 2017, a través del decreto 522/17: “Lamentablemente ese banco tiene una escasa gestión por parte del Estado y sólo ha reunido 400 muestras, que es una base de datos muy chica”.
Cornejo y Martín expresaron que el objetivo es generar una base de datos tan grande que permita los esclarecimientos de los delitos, lo que ofrece condenas indubitables. “Si hay un testimonio, más la localización de rastros de ADN en la escena del hecho, esa persona tiene que dar explicaciones”, sostuvo el senador nacional y aseguró que “cuando asumí la gobernación de Mendoza teníamos 3.900 personas privadas de la libertad. Empezamos modificando el Código Procesal Penal, pusimos en marcha en Registro de Huellas Genéticas e hicimos un trabajo de resocialización en las cárceles que hoy nos permite mostrar que el 50% estudia y la otra mitad trabaja”. Además, puntualizó que las medidas tomadas ayudaron a los homicidios cayeran de 9 cada 100.000 habitantes a 4 cada 100.000 habitantes.
Según explicaron los legisladores, lo que se busca es tener una base mucho más amplia y abarcativa a todos los delitos y que crezca y se alimente de todas las provincias. “La mayoría de los delitos son de orden provincial”, remarcó Cornejo y comentó que para la elaboración del proyecto se tomó como modelo del Registro de Datos Genéticos de Mendoza, el cual hoy cuenta con 61.274 muestras extraídas. De ese total, 43.754 corresponden a imputados, 1.246 a condenados por abuso sexual, 4.870 a condenados por otros delitos, 56 a personas absueltas, 10.784 a personal de fuerzas de seguridad, 197 a personal de seguridad privada, 219 a personal del poder judicial y 148 a voluntarios.
El presidente del interbloque reafirmó que el registro de Mendoza “es la base de datos más amplia de Latinoamérica” y se han realizado ya 423 impactos identificatorios positivos (matchs). “De estos impactos identificatorios positivos, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos”, precisó el mendocino.
Además, sostuvo que la experiencia mendocina ha sido positiva para la investigación de diferentes delitos y marca lo importancia de la construcción de bases de datos amplios que sirvan para resolver investigaciones penales. “La posibilidad de estos impactos identificatorios positivos contribuye a garantizar el servicio de justicia y coadyuva a la seguridad ciudadana”, confirmó.
Por su parte, Martín comentó que “cuando el Estado llega tarde o no funciona el dolor para las víctimas es irreparable, pero al menos traer justicia trae paz” y remarcó la experiencia de Mendoza al considerarla como “incontrastable”. Además, explicó que “este banco y registro evita nuevos delitos, porque esos delincuentes que pudieron ser identificados por los fiscales y tuvieron su condena no están dando vuelta para cometer otros delitos. Es una visión que compartimos con Alfredo y es que toda la política de seguridad tiene que ser ponernos en el lugar de las víctimas”.
Según contempla la iniciativa, el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre la base de la huella genética digitalizada, obtenida de un análisis de ADN en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas por este proyecto de ley. Asimismo, se establece que funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional y cada provincia podrá, luego de adherir a la presente ley, contar con un registro provincial respecto del fuero ordinario.
