Con la participación de varios expositores, representantes de todos los sectores, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, reflotó la discusión del proyecto de la ley de envases, enviada por el Poder Ejecutivo y que el año pasada quedó trabada en su tratamiento. 

Arrancó la reunión como primer expositor el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien destacó que en casi tres años de gestión se comenzaron a planificar “ocho centros de tratamiento de residuos” que harán al “cierre de basurales a cielo abierto”. “La primera de esas ocho obras fue formalmente inaugurada en Formosa”, informó y reveló que “Argentina tiene otorgado para los próximos cuatro años un préstamo de 450 millones de dólares que va a permitir poner en marcha una docena de centros de tratamiento de esta envergadura”. De esta manera, se dará “un paso sustancial para que en un lapso de cinco, seis, siete años más los basurales a cielo abierto sean parte del olvido”. 

En segundo lugar, advirtió por “la importación cada vez más creciente de residuos como insumos industriales”, alcanzado desde 2020 a esta parte “las 800 toneladas de importación de PET”. 

En ese contexto, el funcionario resaltó que “la ley de envases no es un fetiche, la ley de envases es la respuesta a esas dos cuestiones que señalaba y que son visibles, y que no pueden completarse de la manera adecuada en tanto no exista una normativa que favorezca seriamente y de manera contundente” el reciclado. “Ni la reducción de importación de PET o el cierre de basurales a cielo abierto van a tener éxito” sin esta norma, insistió. 

En su exposición, Federovisky ratificó la intención del oficialismo de que se cree la “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)”, prevista en el proyecto: “Seguimos creyendo en la necesidad de una tasa, pero nos sorprendió de manera bastante fuerte que incluso aquellos con los que habíamos conversado hasta el día antes y le habíamos explicado cuál era el propósito de esa tasa, al día siguiente la calificaran de impuesto extorsivo, de impuesto inflacionario, de un montón de adjetivaciones que no solamente no están en nuestro interés, sino que no están en el proyecto”. 

Así, explicó que “a lo que se aspira es que coexistan dos sistemas y que la ley pueda reflejarlo, un sistema privado pero con control, supervisión y aprobación de la autoridad competente, que para nosotros inevitablemente tiene que ser el Ministerio de Ambiente; con otro sistema financiado con la recaudación de una tasa por parte de aquellos que no adhieran a un sistema privado o que no presenten sus propios sistemas de tratamiento”.

“¿Por qué insistimos en la permanencia de la tasa?”, se preguntó, para señalar luego: “Básicamente porque todos los ejemplos de funcionamiento estrictamente privados en el mundo, y también en la Argentina como la Ley de Fitosanitarios, tienen una renguera, una parte a la cual no se alcanza y siempre tienen, y en el caso de los envases de plástico con mayor potencia, el riesgo de quedar fuera del sistema, fuera de cualquier control y terminar en basurales a cielo abierto de manera sistemática”. 

“Debemos cerrar esa brecha y darle a las empresas que no tienen deseo, convicción o exigencia de su casa matriz la decisión de poner en marcha un sistema administrado por ellos mismos, la posibilidad de que lo haga el Estado con la recaudación correspondiente”, expresó. 

Finalmente, pidió que “haya antes de fin de año una ley de envases” porque “sabemos que el año que viene es un año electoral y muy probablemente muchas cuestiones se tensen y sea más complejo llevar adelante debates de este tipo”. “Nos debemos en materia ambiental normativas que hagan a políticas públicas”, sumó. 

A continuación, Candela Nassi, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente, se refirió en primer lugar al “diagnóstico inicial a nivel global” de “cuánto representan los plásticos”. “Se compran aproximadamente un millón de botellas cada minuto y se usan hasta cinco billones de bolsas plásticas cada año”, detalló, además de que “el 80% de los residuos plásticos en los océanos provienen de fuentes terrestres y 13 millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año”. 

“Solo se ha reducido un 9% de todo el desecho de plásticos que se ha producido a lo largo de la historia”, indicó la funcionaria, apoyada en filminas, y alertó que “se espera que para 2040 los niveles de plástico en el mar se triplicarán, con una cantidad de entre 23 y 27 millones de toneladas”. 

Nassi apuntó que “diariamente en nuestro país se generan 45 mil toneladas de Residuos Sólidos Urbanos”; que hay 5.000 basurales a cielo abierto en más de 2.000 municipios y que “en esos basurales el 40% de los residuos son reciclables”. Sin embargo, “solamente recuperamos el 10% de los envases que se ponen en el mercado local”, en una cifra “sumamente baja”. 

La jefa de Gabinete de la cartera que conduce Juan Cabandié defendió que se necesita de una ley de envases “por todas las consecuencias que esto ambientalmente genera, pero también por las consecuencias que genera para los trabajadores que están involucrados en la gestión diaria de los residuos”. 

Sobre la iniciativa, explicó que tiene “tres ejes centrales”. El primero de ellos es “mejorar el diseño de los envases” a través del ecodiseño, de modo que “se generen menos y mejores envases”. El segundo consiste en “sistemas de gestión de envases” con el “desarrollo y fortalecimiento de todo tipo de sistemas”, no solo los provinciales o municipales, sino también los privados. Y el tercero es el de la economía circular, porque “necesitamos fortalecer la cadena de valor, generar inversión, desarrollo y tecnología”. 

Puntualmente se refirió a la cuestión de la tasa Manuel Mateu, coordinador de Residuos Sólidos Urbanos, quien expresó que “la ley propone tres opciones de asumir la responsabilidad extendida del productor”. Una es a través del “depósito de devolución y el retorno a un sistema virtuoso que impacta en el medioambiente”; otra es “el plan de gestión de envases, presentado por las empresas privadas y aprobado por la autoridad de aplicación, que tiene que ser con objetivos y metas”; y la tercera opción “es el pago de la tasa que va a un fideicomiso de administración específica, lo que quiere decir que solo se puede utilizar para recuperar materiales”. 

“Esto le da muchísima flexibilidad a la ley”, consideró y sostuvo que la tasa se pensó con una orientación sobre la fabricación de los envases, de modo que aquellos que sean más “amigables” con el ambiente “paguen menos que un envase que es difícil de reciclar”. “La tasa no depende del valor del producto ni tiene que ver con el costo”, aclaró, sino que se define en función de factores como “reciclabilidad, incidencia ambiental, ecodiseño, e inclusión de material reciclado”. 

“Pusimos que esta tasa cuando se calcule no puede ser nunca superior al 3% del valor del producto”, afirmó el funcionario, y dijo que fue en base a “simulaciones de cuánto daría la tasa con criterios técnicos”. Pero “para todos los productos que simulamos, para ninguno esta tasa nos dio por encima del 3%”, remarcó. Entonces, avaló que ese porcentaje se debe “exclusivamente porque no podemos analizar todos los envases que están en el mercado y podría llegar a haber un producto que por ahí es muy muy barato y la tasa nos da por encima del 3%”. 

En el final, el coordinador de RSU comparó que “a nivel internacional se está avanzando en estos lineamientos” y puso como ejemplo que “España a partir de este año está implementando una tasa de 0,45 euros por kilo de plástico que se pone en el mercado”. “Lamentablemente nosotros estamos llegando muy tarde”, añadió. 

En el encuentro también habló María Castillo, directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, quien se refirió al programa Argentina Recicla. “El sistema de gestión de residuos de nuestro país, y del mundo también, está en crisis, por ende necesitamos que se pueda sancionar una ley de gestión de envases”, manifestó. Además, precisó que en hay 320 cooperativas en todo el país, donde se estima que hay 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares, donde se llegan a “recuperar 10 mil toneladas de residuos reciclables”. 

Claudio Terres, presidente de Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó que “la Unión industrial apoya la ley. Hemos analizado proyecto por proyecto y hemos hecho comentarios en donde hemos consensuado con todas las cámaras e incluyen temas que se comentan acá”. “El sector industrial quiere la ley y buscar el mayor consenso posible, pero que sea una ley aplicable, en ese sentido tenemos algo más que debatir”, dijo.

“La importación es necesaria porque cuando uno utiliza material reciclable para nuevos productos necesita una determinada calidad del mix, la fibra no dura toda la vida y al reutilizar va perdiendo las características intrínsecas del material. Tenemos datos de que se importó fibra virgen y se fueron más divisas”, aseguró. “Estamos trabajando hace muchos años en la economía circular, respecto a la tasa en la mayoría de los municipios se paga tasa de higiene y seguridad y debería ir dirigida a un proyecto de este tipo”, agregó.

A su turno, José Luis Piccone, director Cámara Argentina Industria del Reciclado Plástico, comentó que durante 2021 se reciclaron 300 mil toneladas, “un 17% del consumo aparente del plástico, por qué no reciclamos más si y se podría reciclar el doble”, aseveró. “Cada 100 toneladas de plástico eso significa una persona trabajando en blanco, en la industria recicladora y más mano de obra indirecta”. “Los residuos tienen que ser clasificados, cantidad, calidad y continuidad. Apoyamos una ley de envases y nos interesa que ayude a esto. Todo el apoyo de la industria, deberíamos aumentar la recaudación y valorización de los residuos”, dijo.

Desde la cooperativa de Cartoneros de la Matanza FACCYR, Matías Capoblanco, contó que son “300 compañeros organizados. Organizarlos es mejor calidad de vida y precios, dignificar el trabajo de los compañeros”. “Es una de las leyes más reivindicativas para nosotros, sobre todo para los que no están organizados. Hay compañeros de quinta generación entendiendo este principio colectivo y de ambientalismo. Ese rol que le aportamos al ambiente es uno de los principales y más fuertes”, reflexionó.

De manera virtual expuso Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, y habló del “fenómeno de dilataciones” de sectores para que no salga la ley. “Es una demanda de Argentina y de aplicarse unifica dos criterios: justicia climática y justicia social. Es parte de las trayectorias de descarbonización, contempla a recuperadores y a municipios. La función del cobro de esta tasa también funciona como incentivo”, advirtió.

Jordana Carvallo, presidenta del departamento de Sustentabilidad y Política Ambiental (COPAL), expresó que “creemos que un marco regulatorio puede dar un paso cualitativo. Ese recupero tenga metas ambientales progresivas, la COPAL representa en un 97% a empresas pequeñas por eso es muy importante poder participar para poder hacer de esto un marco legal exitoso y eficiente, que sea de esta aplicable a todas las empresas e inclusivo”.