La Comisión de Justicia de la Cámara baja recibió a jueces, fiscales y especialistas para analizar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, en el marco de la creciente narco-criminalidad en la provincia.

En primer lugar, el presidente de la Comisión, Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presentó a los autores de la iniciativa.

El senador radical Dionisio Fernando Scarpin explicó que se conformó “una mesa de trabajo para fortalecer, apuntalar y tratar de lograr este objetivo tan importante para los santafecinos: que la justicia federal pueda realmente fortalecerse”. “Ante un objetivo común no hubo diferencias políticas, todos los partidos han estado detrás de ese objetivo”, dijo el senador.

En tanto, el diputado Roberto Mirabella (Frente de Todos) explicó que los legisladores de la provincia de Santa Fe comenzaron un trabajo en conjunto “para encontrar propuestas en lo que hace a la temática de la narco-criminalidad y la política de seguridad en la provincia”.

El texto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe fue acompañado por 18 diputados de Santa Fe y busca la implementación del sistema acusatorio.

“Hace 30 o 40 años que la estructura de Santa Fe y Rosario está igual, en ese tiempo avanzó un delito que tiene un nivel de complejidad sumamente grave y que estamos sufriendo las consecuencias”, explicó Mirabella. “Las situaciones de narcotráfico, contrabando, trata o lavado han proliferado y tenido una dimensión internacional”, añadió.

El texto propone la creación de 13 fiscalías, 6 jueces de garantías en distintas ciudades, agrega un juzgado de garantías y fiscalías con competencia en el departamento San Lorenzo, crea 6 jueces de revisión -tres para Santa Fe y tres para Rosario- y 2 jueces de ejecución.

El diputado Juan Martín (UCR) agregó datos sobre el panorama: “Según un informe de 2020, el 21% de las causas ligadas a drogas en el país son en Santa Fe, la tasa de homicidios en 2021 es de 18,5% en el departamento de Rosario y la media provincial es de 10,05%, que duplica la nacional”. “Llegamos tarde, es un problema que debe la política y las instituciones de la democracia en general, pero enhorabuena que lo estemos tratando”, dijo Martín.

En tanto, la diputada Ximena García (UCR) manifestó que “no tenemos ninguna especulación política, estamos trabajando en este proyecto común, debido a la compleja situación que atraviesa nuestra provincia”. “Esto es una contribución más para mitigar y perseguir el crimen organizado del narcotráfico, pero no alcanza, es un paso más en ese sentido, son políticas que generan claridad a mediano y largo plazo”, señaló.

El diputado Eduardo Toniolli (Frente de Todos) también recordó que “hace 43 años que no se crea una fiscalía en la ciudad de Rosario, en esos años el delito mutó de una manera considerable”.

Por su parte, la diputada socialista Mónica Fein aclaró que el delito generado por el narcotráfico “no está instalado exclusivamente en nuestra provincia, excede los términos de ciudad y provincia, y la articulación de los distintos niveles del Estado es muy débil en Argentina”.

En cuanto a los expositores, el primer orador fue Aníbal Pineda, juez federal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y subrogante del Tribunal oral en lo criminal federal 2 de Rosario.

“Hoy lo que está en discusión son las reglas del juego, de la democracia y el estado de derecho. Si hoy no actuamos con fortaleza y de forma coordinada entre todos los poderes, lo que está en discusión en Rosario son esas reglas de juego”, dijo Pineda.

“Desde hace diez años, se triplica la media nacional de homicidios. Este año hasta se podría cuadruplicar. Eso significa que hay una constante de 20 o 21 homicidios cada 100 mil habitantes en la zona de Rosario. El 75% de estos homicidios se generan en disputas territoriales del narcotráfico”, aportó el magistrado.

Posteriormente, el juez titular a cargo del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con competencia múltiple, Aurelio Cuello Murúa, sostuvo que “la legislación penal asumió el compromiso de tipificar nuevas formas de criminalidad organizada, responde a compromisos internacionales asumidos por nuestro país y a la aparición de nuevos fenómenos criminales de alta relevancia social”.

“El fundamento establece que la organización de los recursos apunta a tener investigaciones más dinámicas. Ese es un punto central, porque con la instauración del sistema acusatorio, quien tiene la dirección de la investigación es el fiscal federal”, aseveró Cuello Murúa. “Es correcto lo que trata el proyecto de crear más fiscalías federales, pero creo que los fiscales van a necesitar de recursos y medios necesarios para impulsar sus investigaciones”, advirtió.

Ricardo Moisés Vásquez, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, explicó que “si los jueces federales vamos a andar paseando por todas las jurisdicciones y no contamos con todo a disposición para realizar audiencias con celeridad y regularidad; si no completamos el sistema con los cargos mencionados de forma rápida, esto no funcionará”.

“Esta ley es necesaria, pero no creamos que será la solución al problema (del narcotráfico) en Rosario”, alertó.

Juan Manuel Olima Espel, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Políticas, celebró “la intención de que vayamos al acusatorio, desde Procuración hemos hecho muchas cosas para que sea implementado”.

“Toda la gente de Santa Fe, tanto de la justicia provincial como federal, sabe del trabajo de la PROCUNAR con el Ministerio Publico de la Acusación, formando equipos conjuntos de investigación, para compartir información con la justicia provincial, que es la forma de trabajar el narcotráfico”, agregó.

Asimismo, César Grau, consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación, advirtió

“una contradicción técnica en el proyecto; cuando se crea un Juez de Garantía en la ciudad de Reconquista, se crean fiscales, pero en materia penal, la revisión va a los jueces de revisión de la ciudad de Santa Fe, y toda causa de naturaleza previsional va a seguir yendo a Resistencia”.

Federico Reynares Solari, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, manifestó que “nos hace falta fundamentalmente músculo investigativo, laboratorio de investigación y expertos investigadores”.

Por otra parte, agregó que, desde el Ministerio Público Fiscal, “los cuadros que nosotros podemos elegir tienen una certificación institucional que el Poder Judicial no tiene. En el Ministerio Público Fiscal, hay un mecanismo institucional que garantiza el piso de idoneidad”.

En tanto, el juez de primera instancia de distrito en lo penal de la justicia ordinaria de Santa Fe, Román Pablo Lanzón, fundamentó que “lo más destacable de este proyecto de ley tiene que ver, principalmente, con que ha sido firmado por todas las fuerzas que representan el poder político partidario de la provincia de Santa Fe”.

“Hay un fuerte compromiso de quienes nos representan para avanzar firmemente hacia la implementación del sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal. Esto es muy importante porque el sistema procesal penal que rige hoy en la justicia federal es arcaico, es deficiente e inconstitucional”, agregó el juez.

De la reunión de comisión también participaron Héctor Recalde, consejero de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación; Andrea Majul, presidenta del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción de la provincia de Santa Fe; Selva Raggio, abogada y directora ejecutiva del Foro Regional Rosario y Javier Lancestremere, secretario General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación.