La CC denunció a dirigentes de movimientos sociales

Lo hicieron ante la Oficina Anticorrupción. “No pueden formar parte de las cooperativas, del Estado que otorga el financiamiento y del lado de la auditoría y fiscalización”, afirmaron.

Los dirigentes de la Coalición Cívica Hernán Reyes, Fernanda Reyes, Héctor “Toty” Flores, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin Moro presentaron este viernes un escrito ante la Oficina Anticorrupción por los incumplimientos a la Ley de Ética Pública de funcionarios vinculados con los movimientos sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Emilio Pérsico, al frente del Potenciar Trabajo, y Alexandre Roig, a cargo del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), no pueden firmar estos convenios. Se tienen que excusar y derivar el expediente a un superior jerárquico. Es evidente que tienen intereses personales en otorgar el financiamiento a las cooperativas que forman parte de su movimiento político”, señalaron los dirigentes de la CC. “No pueden estar del lado de las cooperativas, del Estado que otorga el financiamiento y del lado de la auditoría y fiscalización. Es un modelo que está destinado a ser un agujero negro, una caja más de la política. Eso desprestigia a todas las políticas sociales y le hace mucho daño al debate político”, añadieron.

En el escrito, la CC sostiene que existe un incumplimiento evidente a la Ley de Ética Pública debido a que los funcionarios no incluyeron su paso o actual participación en las organizaciones sociales en sus declaraciones juradas de intereses al momento de asumir, así como tampoco se excusaron de intervenir en la celebración de convenios de financiamiento para las cooperativas, fundaciones, asociaciones y federaciones que forman parte de sus movimientos sociales.

La denuncia de la CC asegura que al menos veinte funcionarios que han intervenido en este tipo de políticas forman parte de los movimientos sociales. Entre ellos Pérsico y Roig, ambos del Movimiento Evita.

“Tomamos conocimiento del incumplimiento de todos estos funcionarios a principios de año cuando la Oficina Anticorrupción nos respondió un pedido de acceso a la información pública. En ese momento se nos especificó que ninguno de estos funcionarios incluyó esta información en sus declaraciones juradas de intereses, ni se excusó de intervenir en este tipo de actos administrativos. En julio presentamos un pedido para acceder a los convenios específicos y jamás se nos respondió. Ahora estamos en el juzgado contencioso administrativo buscando judicialmente que se nos permita el acceso a los convenios”, explicaron los dirigentes de la CC.

“Están haciendo cualquier cosa con el hambre de los argentinos. Es una forma de organización nefasta. No estamos pidiendo información sobre los planes sociales, eso corre por otro nivel. Acá se están haciendo convenios para otorgar dinero del Estado directamente para financiar a las cooperativas, que hacen la extensión territorial y política del Movimiento Evita y otras organizaciones sociales”, manifestaron.

“Este modelo no da más, tenemos que repensar la forma en la que el Estado contribuye al desarrollo de las personas. La intermediación es un escándalo de corrupción. Tiene que haber ayuda social, pero con políticas directas, transparentes y enfocadas en vincular a las personas con el trabajo”, agregaron desde la CC.

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