A las 11.51 dio inicio este jueves la sesión de la Cámara de Diputados en la que se proponen aprobar un temario que contempla once cuestiones que no revisten mayores cuestionamientos entre oficialismo y oposición.

Con el homenaje a la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini –fallecida el domingo pasado- como uno de los temas centrales del inicio de esta sesión, los diputados desarrollan una sesión con palcos poblados de personas particularmente interesadas la aprobación de muchos de los proyectos que se irán debatiendo a lo largo de la jornada.

Comenzando por el reconocimiento de la “Lengua de Señas” como idioma natural y originario que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina. Un proyecto que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

Tal vez el proyecto que genere mayor atención sea el que establece la modificación a la Ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos. Puntualmente el texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito, la que actualmente contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

En ese sentido, la iniciativa establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional. Sobre este tema, hubo dos dictámenes. El de minoría corresponde a la radical Jimena Latorre representante de Mendoza -región vitivinícola-, y sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

En materia de salud hay dos proyectos, uno tiene por objeto establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado, pero no llegó a tratarse en el recinto, se denomina “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer.

De acuerdo con el proyecto, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar a los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

Asimismo, las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.

El otro texto es un proyecto que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La iniciativa tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

En materia de medio ambiente, se encuentra en el temario el proyecto que modifica la actualización del valor de las sanciones por infracción que se establecen en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Específicamente el texto propone sustituir el artículo 49 que quedará redactado así: “Toda infracción a las disposiciones de esta ley, su reglamentación y normas complementarias que en su consecuencia se dicten será reprimida por la Autoridad de Aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas”.

Entre las sanciones enumera apercibimiento; multa de 900 Unidades Fijas (UF) hasta 900.000 Unidades Fijas (UF); suspensión de la inscripción en el Registro de 180 días hasta 3 años; Cancelación de la inscripción en el registro, y aclara que estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

También se encuentra el proyecto para modificar la Ley 27.399 sobre establecimiento de feriados y fines de semana largos, para fijar días feriados nacionales y días no laborales en todo el territorio.

La iniciativa fija como feriados inamovibles el 1º de enero: Año Nuevo; lunes y martes de carnaval; 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; Viernes Santo; 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas; 1º de Mayo: Día del Trabajo; 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo; 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; 9 de julio: Día de la Independencia; 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín; 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre: Navidad.

Mientras que los feriados trasladables serán el 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes; 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Los días no laborables será solo el Jueves Santo.

Además, se debatirá la transferencia del inmueble del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

El dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

El inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.

También el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Por último, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.