La Cámara Federal rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra la jueza Capuchetti

La querella había pedido la recusación de la magistrada argumentando que “no sabe ni quiere investigar”. Además, había solicitado el secuestro de los teléfonos de dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman, implicado en la causa.

A poco de cumplirse 3 meses del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal rechazó este viernes la recusación planteada por la querella de la vicepresidenta contra la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación.

“Por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”, concluyó el camarista Leopoldo Bruglia al rechazar el planteo.

En paralelo, la Cámara Federal le solicitó a la jueza que siga una serie de medidas que se deberán profundizar para esclarecer una de las pistas sobre la que apunta la querella contra el diputado del Pro Gerardo Milman, a quien le atribuyen haber dicho en un bar dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Entre esas medidas, se dispuso que declaren dos diputados del Frente de Todos para saber qué saben de esa hipótesis.

Según resolvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la jueza o el fiscal Carlos Rìvolo -en quien la jueza delegó el miércoles la instrucción- deberán llamar a declarar nuevamente al testigo Jorge Abello, que declaró que escuchó esa frase; citar a su jefe, el diputado santafesino Marcos Cleri; y a otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos Mario Leito. Recién ahí, la jueza deberá evaluar si se procede al análisis de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, en un marco “acotado” a lo que haga referencia a esta pista.

Para el juez Bruglia el expediente bajo investigación “reviste particularidades que indefectiblemente le otorgan una importante gravedad de trascendencia institucional. Además de atentarse contra el derecho fundamental a la vida de una persona, la particularidad del caso, en atención a la investidura institucional ostentada, ha puesto severamente en riesgo los preceptos y valores de convivencia democrática y del orden constitucional”.

Frente a este escenario, el magistrado, que integra la Sala I de la Cámara Federal porteña, indicó que ante la gravedad de los hechos debe existir una respuesta institucional, “donde impere una investigación profusa y sin demoras, en la que se considere y se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva”.

Por lo tanto, consideró que se debe priorizar “la realización del universo de medidas probatorias que resulte indispensable para determinar o descartar cualquier otra participación en el hecho, más allá de la reprochada a los sujetos que ya fueran identificados y procesados”.

Entre los argumentos que manifestó la vicepresidenta para solicitar el corrimiento de la jueza al frente de la causa, dijo: “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”.

Y agregó: “Todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”.

Al respecto, Bruglia sostuvo que “de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”, y dijo que las críticas expresadas por Cristina Kirchner “sustentan un claro desacuerdo con decisiones adoptadas” en el marco de la investigación, pero que no alcanza los elementos suficientes para apartar a la jueza.

Al momento de analizar cómo realizó la investigación la jueza, Bruglia dijo que por el momento “no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”.

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