Un plenario de las comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano avanzó con el dictamen del proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de derechos de niñas, niños y adolescentes, inspirado en el caso de Lucio Dupuy, y más conocida como “Ley Lucio”, aunque formalmente no llevará ese nombre.

La iniciativa, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.

Además, estarán incluidos los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación.

El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Bensusán (FNyP-FdT), explicó que “el objetivo del proyecto es generar un compromiso social en aquellos agentes del Estado para que puedan determinar los casos en los que se ven vulnerados los derechos de las infancias y adolescencias”. Esa capacitación se basa en “saber cuál es el procedimiento de denuncias, y ante qué organismos, para que esa vulneración sea abordada de la manera más rápida y urgente”. 

“Quienes tenemos responsabilidad de legislar tenemos que dar una respuesta efectiva y concreta ante este flagelo que estamos viviendo” con situaciones de “abuso sexual, violencia, abandono familiar”, subrayó el pampeano. Para el legislador, con esta norma se podrá “estar evitando que sucedan estos hechos lamentables y repudiables desde todo punto de vista”, aunque enfatizó que “con las leyes solo no alcanza, con el Estado solo no alcanza, es necesario la concientización de la sociedad y que se comprometa”. 

También desde La Pampa, la senadora Victoria Huala (Pro) agradeció por “haberle dado tan pronto tratamiento a este proyecto que es importantísimo”. “Como adultos y legisladores es nuestra responsabilidad generar las condiciones para cuidar a la niñez y adolescencia”, sostuvo, y recordó que hace unos pocos días se cumplió un año de la muerte de Lucio Dupuy, a quien “se le vulneraron los derechos y no solo por las asesinas, sino por todo un sistema que falló”. Además, destacó que “temas como estos nos atraviesan; en estos temas no tenemos grieta”. 

Por su parte, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) lamentó “todos aquellos menores que han sufrido el abandono del Estado” y mencionó un caso que “no tuvo trascendencia mediática” como el de Lucio y que fue el crimen de Zoe en La Rioja, quien “fue asesinada el 14 de noviembre de 2021, fue encontrada calcinada” y la autopsia reveló que “anteriormente había sido golpeada brutalmente”. “Hay dos personas que están detenidas por esta causa”, apuntó, una de ellas la madre de la niña, cuando hacía mucho tiempo que su padre luchaba para que se le reconozca la tenencia y “nunca fue escuchado”. 

La sanjuanina Cristina López Valverde (FNyP-FdT) celebró estar tratando la iniciativa, pero expresó que “es muy triste que estos temas nos estén convocando”. “Algo está fallando”, advirtió y opinó que esta ley “nos activa, nos está interpelando como Estado y también como sociedad”. Entre sus aspectos, ponderó que “protege la identidad del denunciante, eso es crucial. Esperemos que la sociedad se anime y que también el Estado actúe en forma rápida”. 

A su turno, la puntana Eugenia Catalfamo (UC-FdT) afirmó que “tenemos vastas y sobradas pruebas de que este tipo de legislación ha dado resultados en otros temas”, como por ejemplo la Ley Micaela, sobre violencia de género, y Ley Yolanda, sobre cuestión ambiental. Los niños, niñas y adolescentes “son nuestro sector de la población más vulnerable y al que más tenemos que cuidar”, sostuvo y, al recordar que las acusadas del asesinato de Lucio están presas en su provincia, manifestó: “Estas cosas angustian un montón como madre, como personas que trabajan con los niños en los barrios, atendiendo necesidades básicas que no están satisfechas”. 

También habló en el debate la santacruceña María Belén Tapia (UCR), que consideró que esta es “una media sanción que viene siendo tan necesitada y tan trabajada en la Cámara de Diputados”. La radical alertó por las “falencias” en las dependencias dedicadas a la niñez en cada una de las provincias y señaló que “si nos los dotamos de recursos, más allá de la capacitación, la verdad que todo el esfuerzo cae en saco roto”. 

“En estos casos, para estos niños, lamentablemente llegamos tarde”, lamentó el catamarqueño Guillermo Andrada (FNyP-FdT), quien aclaró que “un niño no es adulto pequeño” y “tenemos que tener hipersensibilidad para detectar estos casos a tiempo”. “Estos niños dan muchas veces una alerta que es silenciosa y por eso nos tenemos que capacitar”, explicó el legislador de profesión médico. 

Finalmente, la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT) aseguró que este “es un tema que es urgente, que siempre debería estar en la agenda” y resaltó que, más allá de la media sanción de Diputados, en el Senado había también diferentes proyectos de senadores de distintos bloques, lo que habla de “un pedido de la sociedad de que quienes somos sus representantes nos hagamos cargo y actuemos”. Sobre la ley, subrayó que “es muy importante que las provincias adhieran”. 

Modificación Ley de Concursos y Quiebras

A continuación de esa reunión, Legislación General mantuvo un plenario con la Comisión de Banca de la Mujer, donde se acordó unificar un solo texto entre proyectos presentados por los senadores Guillermo Snopek (UC-FdT) y Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) respecto de modificar la Ley 24.522, de concursos y quiebras, respecto a la inscripción de contadores públicos y abogados para actuar como síndicos concursales, y que esa participación tenga además paridad de género. 

Snopek recordó que esta iniciativa “la venimos trabajando desde el año 2018” y se volvió a presentar el año pasado con el aporte del Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores. Se trata de que “de acuerdo a la gravedad o complejidad de la quiebra la participación sea mixta, exclusiva o excluyente”, explicó y sumó que “lo que se busca es la introducción de los matriculados, que son los que llevan adelante la acción judicial, y que también puedan tener intervención sin la necesidad del desarrollo de un profesional de Ciencias Económicas”. 

En tanto, Rodríguez Saá mencionó que “originalmente el síndico de la quiebra lo ejercían los comerciantes” pero “esto no dio buen resultado”. “Con el tiempo se incorporaron los contadores, por otra norma se incorporaron los abogados, y existe la polémica si deben ser contadores, abogados o ambos los que participen como síndicos de la quiebra”, señaló. 

“En el proyecto nuestro además incorporamos la paridad de género. En el siglo XXI es un tema que nos obliga a incorporarlo, defenderlo, de que en este caso las mujeres profesionales tengan los mismos derechos”, destacó. 

La presidenta de la Banca de la Mujer, Eugenia Catalfamo (UC-FdT) ponderó a su comprovinciano por incorporar la paridad en cada uno de sus proyectos, pero hizo énfasis en arribar a una redacción que “garantice la paridad”. En ese sentido, propuso “intercalar en las listas varón-mujer”, pero que también la paridad se respete a la hora de los sorteos. 

Himno Nacional en eventos deportivos de carácter internacional 

Finalmente, la Comisión de Legislación General avanzó con el dictamen del proyecto que establece la obligatoriedad de la ejecución del Himno Nacional en cada encuentro deportivo de carácter internacional, con media sanción de Diputados. La presidenta de la Comisión de Deportes, Gabriela González Riollo (Pro), destacó haber tratado durante la jornada “temas transversales que nos unen” y, en ese marco, “no hay nada más representativo a los argentinos que el Himno”, dijo. 

Restitución de niños entre provincias

Por otra parte, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), expuso sobre un proyecto de su autoría referido al procedimiento interprovincial de restitución de niños, niñas y adolescentes, que será trabajado en asesores. “Hay una situación en Argentina que cuando hay traslados ilícitos de niños, niñas o adolescentes de una jurisdicción a otra de nuestro país es muy difícil y muy compleja la restitución al centro de vida”, arrancó la mendocina, y apuntó que esto se debe a las diferentes legislaciones en las jurisdicciones sobre “quiénes son los jueces competentes”. 

La vicejefa del interbloque oficialista sostuvo que “el problema que tenemos es que pasan años y años donde las jurisdicciones no se ponen de acuerdo, tanto judicial como administrativamente, de quién es el juzgado competente”, al punto que “hoy en Argentina es mucho más fácil restituir un niño, niña o adolescente que han trasladado ilícitamente al exterior que entre nuestras propias provincias”. 

Al poner un ejemplo, la senadora relató que puede pasar que “una mamá traslada sin permiso del otro progenitor a un niño a San Luis e impone una denuncia de violencia de género en San Luis”, pero a su vez “el progenitor acusado hace la denuncia en la provincia de Mendoza diciendo que se ha trasladado ilícitamente a su hijo y se lo han llevado de su centro de vida sin permiso”. “Ahí empieza la peregrinación de ambos padres sobre quién es el juez o jueza que tiene que intervenir en las dos causas”, continuó y afirmó que esta es una de las situación “de las más cotidianas que pasa entre las diferentes jurisdicciones”. 

Respecto de si alguien puede pensar que el proyecto “va en contra del sistema federal de la República Argentina”, Fernández Sagasti aclaró que “proponemos que las provincias se adhieran” y que “el juez competente sea el de centro de vida del niño, niña, adolescente”. 

Lo que se busca es “empezar a simplificar y terminar con la disputa de jurisdicciones”, expresó la senadora, que reveló haber trabajado mucho el proyecto, incluso con el aporte de jueces de familia. “Puede seguir enriqueciéndose y sumando ideas vamos a poder resolver un problema que es de legislación y consensos”, cerró.