Por José Angel Di Mauro

Si algo queda claro de la bochornosa jornada del jueves pasado en la Cámara baja es que allí no hubo vencedores ni vencidos. De un lado y otro de la grieta, muchos reivindicarán para sí esa primera condición, pero será un convencimiento puntual y falto de imparcialidad. Todos perdieron, como ha expresado de manera certera el consultor Carlos Fara.

Habrá que analizar en todo caso quién perdió más, y en ese caso -con toda lógica- aparecerá el oficialismo en general y el Gobierno en particular. Porque si bien podrán regodearse de que Juntos por el Cambio -tan insistente en adjudicarse certificados de institucionalidad- haya atravesado también el lodo y ya no pueda enrostrarle al hoy oficialismo lo que le hicieron a su presidente de Cámara de entonces, Emilio Monzó, el 14 de diciembre de 2017, pues ahora le exhibirán lo del jueves con Cecilia Moreau como contraparte, la realidad es que si alguien debe estar preocupado hoy es quien necesita leyes para gobernar.

El primero en percibirlo debe haber sido el ministro de Economía, Sergio Massa, presente en el recinto el jueves por la tarde, que pudo certificar que lo que le había anticipado el día anterior Mario Negri por teléfono era aún peor. El jefe del bloque radical de Diputados le advirtió sobre las consecuencias que tendría en la relación entre el oficialismo y la oposición en esa Cámara que su sucesora al frente de la misma desandara los pasos dados respecto de la designación de diputados en el Consejo de la Magistratura.

Es innegable que Massa tiene especial influencia en quien quedó al frente de la Cámara baja al decidir él ir al Palacio de Hacienda. Pero también está claro que esa medida adoptada por Moreau conjuntamente con la apelación ante el juez Martín Cormick fue dictada desde el otro lado del edificio del Congreso. Y le resultaba imposible a los referentes del Frente Renovador hacer lo contrario. El ministro de Economía ya se ha acostumbrado a manejarse con un nivel acotado de independencia. Es una cuestión de autopreservación.

¿Cuál podría ser el objetivo de semejante decisión, supuestamente emanada desde la vicepresidencia de la Nación? Un conocedor del kirchnerismo graficaba este fin de semana la situación explicando que siempre hay que mirar lo que ellos le endilgan a la oposición para entender lo que desean. Y el viernes el diputado ultracristinista Rodolfo Tailhade le atribuía a Juntos por el Cambio y hasta a la Corte Suprema la intención de frenar el Consejo de la Magistratura, para evitar la designación de jueces, y particularmente el desplazamiento de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la “estratégica” Sala I de la Cámara Federal porteña. Del otro lado de la grieta ven en la imposibilidad de designar a ocho miembros del Consejo -los 4 de Diputados y los 4 del Senado- la intención de paralizar ese organismo.

Sergio Massa debe estar muy preocupado por lo sucedido el jueves, pues todo indica que la Cámara de Diputados se paralizará por un largo tiempo. Recién cuando se recomponga algún grado de consenso, si eso es posible, podrán volver a pensar en sesiones acordadas como las que venían haciéndose sobre todo las últimas semanas. Y en rigor, esa fue la tónica de lo que ha sido la gestión de Cecilia Moreau al frente del Cuerpo durante estos cuatro meses que lleva en el cargo. Razón por la cual Juntos por el Cambio tenía decidido votar a favor de su continuidad, cosa que no había hecho el 2 de agosto pasado, cuando se abstuvo. Eso ya no sucederá.

Como sea, todo parece confluir en lo que sucederá este martes por la tarde, cuando se anuncie el veredicto de la causa Vialidad. El ministro de Economía puede mirar como en un espejo la situación judicial de la vicepresidenta y lo que sucedió en 2018 con la gestión Cambiemos, a partir de la causa Cuadernos. La misma entusiasmaba a esa dirigencia y ni qué hablar a sus votantes, pero preocupaba sobremanera a la administración de Mauricio Macri, por sus efectos en el empresariado en general y la economía en particular.

Los temas pendientes

La preocupación de Sergio Massa pasa por los proyectos que quedaron pendientes y que estaban encarrilados para salir en las próximas sesiones, antes de fin de año.

Particularmente el que busca actualizar la normativa sobre lavado de activos. El proyecto fue vuelto a debatir esta última semana en el seno de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con la presencia del titular de la Unidad de Información Financiera. En un clima de consenso, la oposición pidió una serie de correcciones que el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar. Se trata de un pedido del Fondo Monetario Internacional y una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el año próximo. Se lo recordó Negri a Massa en ese diálogo telefónico ya citado.

El proyecto que estaba a punto de obtener dictamen y llegar al recinto, es uno de los que ha quedado en veremos.

Ni hablar de la ley de Agrobioindustria. El proyecto está en las comisiones de Industria, Presupuesto y de Agricultura. Los mayores reparos estaban en esa última comisión, que conduce la oposición. Sin embargo habían logrado limarse todos los reparos y según voces de la oposición, “está todo acordado en un 90%”. Todos saben que no tuvo dictamen por el “ruido” aparejado por la discusión de la Ley de Humedales, donde Agricultura y Ganadería endureció su postura y por eso postergó el proyecto que precisamente Sergio Massa presentó como el primero que pidió que el Congreso aprobara.

Sorteado el tema de Humedales, que tuvo un dictamen de mayoría suscripto en base a las propuestas de la oposición, todo se encaminaba para que Agrobioindusria tuviera rápido dictamen y llegara al recinto. Ahora no.

Había propuestas como la ley de envases -desempolvada luego de que su tratamiento se frustrara el año pasado- que ahora avanzaban con viento de cola, pero que encontrarán un freno. Lo mismo con la ley de Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

El beneficio extraordinario para herederos de víctimas de la represión de 2001, que se aprestaba a ser ley para antes de que se cumpliera un nuevo aniversario de los episodios ocurridos hace 21 años, deberá seguir esperando. Lo mismo que la ley de obstetricia, que lleva seis intentos fallidos en 14 años y que ahora parecía avanzar a paso firme en Diputados, donde ya tiene dictamen y acuerdo con el Senado para que esta vez sí le den tratamiento.

Ni hablar de las ocho universidades nacionales que el oficialismo quería tener al menos con media sanción para antes de fin de año, y durante cuyo tratamiento estalló la trifulca del jueves.

Hay más: la modificación a la Ley 22.990 de sangre humana, y el proyecto que propone la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de down para su hijo en gestión o recién nacido. Ambas iniciativas figuraban en el temario de la sesión especial del jueves 1° de diciembre que no pudo avanzar por razones de dominio público.

Y el plan de pago de deuda previsional, que ya tiene media sanción del Senado y busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuenten con aportes suficientes. El efecto del decreto con el que el presidente prorrogó la vigencia de la moratoria previsional vence a fin de año y si no hay una ley -como ahora parece que sucederá- deberá volver a firmar Alberto Fernández un nuevo decreto.

Habrá que sumar otro proyecto que pide Massa: el de blanqueo de capitales que anunció este domingo que mandará al Parlamento, en el marco del acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos que firmará precisamente este lunes.

Si no hay sesiones en lo que resta del año en Diputados, ¿se animará el Ejecutivo a convocar a extraordinarias, con el recuerdo del año pasado en que llamó a tratar 18 proyectos y no se reunió por ninguno de ellos?