La Liga de Gobernadores emitió un comunicado en el que considera “un hecho de enorme gravedad que atenta contra la democracia” la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa “Vialidad”.

A través de un hilo de tuits, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió la postura del grupo de mandatarios provinciales del oficialismo, quienes sostienen que este hecho “quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático”.

“Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la República mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”, señalaron.

Desde la Liga de Gobernadores explicaron que “los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos.

“Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas”, continuaron y criticaron que “los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió @CFKArgentina y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones”.

En referencia a la filtración de chats entre jueces, funcionarios del Pro y empresarios de medios intentado ocultar un viaje al sur, los mandatarios apuntaron que “todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública”.

De vuelta sobre el juicio por la obra púbica, recordaron que “los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular”.

“Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado”, aseguraron y dijeron -comparando con otros casos-: “Sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder”.

Los gobernadores manifestaron que la inhabilitación para ejercer cargos públicos “es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza”. “Tal como aconteció en 1955 con la Revolución Libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos”, sumaron.

Finalmente, destacaron que “el enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir”.