Tras la filtración de los chats que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido en el que participaron funcionarios relacionados al macrismo y miembros de la justicia, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano para que el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general, Juan Bautista Mahiques, sean interpelados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador explicó que “la ve intentando urdir una maniobra para ocultar, incluso mediante la tentativa de utilizar métodos mafiosos, el propósito de un cónclave que los congregó hace poco en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, ubicada cerca de Lago Escondido, puso de manifiesto el altísimo grado de podredumbre del régimen político argentino” y recordó que ”en octubre se reunieron el juez Julián Ercolini; el juez de Casación y exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de CABA; los jueces Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Larreta; Tomas Reinke, empresario especialista en campañas digitales; el exjefe de Legales de la Side, Leo Bergroth; y elementos de peso del medio Clarín. Se trata de personalidades vinculadas al macrismo”.

Asimismo precisó que “luego de que esto trascendiera, Carlos Mahiques se contactó con la fiscal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para simular una investigación del hecho que dé lugar a un futuro posible sobreseimiento. Etchepare forma parte del elenco que protagoniza la persecución contra la lucha de la comunidad mapuche. Ercolini, por su parte, es el juez que decidió levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo” e insistió en que “el Gobierno del Frente de Todos está utilizando el escándalo para reforzar la idea de que Cristina Fernández de Kirchner es solamente una perseguida política, y no la responsable de la edificación de un entramado de corrupción de grandes magnitudes. Todo esto ocurrió en el preludio del juicio contra la vice”.

Sobre esa misma línea, Solano rememoró que “Alberto Fernández pidió en cadena nacional que el ministro de Justicia se presente ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue penalmente los hechos, en especial el financiamiento del viaje; avanzar en la realización de una pesquisa sobre ‘la conducta’ de los magistrados federales; que los legisladores porteños del Frente de Todos promuevan, ‘sí amerita’, un juicio político a los funcionarios de la Ciudad involucrados; y que el Congreso nacional trate los proyectos de reforma judicial pendientes” y destacó que “los motivos de la reunión no están claros, pero la fecha de su realización coincidió con el momento en el que el gobierno nacional desenvolvía una represión de características brutales contra los mapuches, en beneficio de elementos como Lewis”.

Además informó que “Lewis ha obtenido la estancia en la cual se desarrolló la reunión sobre la base de la expulsión de los pueblos originarios y de negociados espurios con el Estado. La ley nacional vigente no permite que un extranjero posea tierras cerca de la frontera. Sin embargo, todos los gobiernos han permitido que el magnate tenga su mansión en la región” y destacó que “el empresario es dueño del Tottenham Hotspur, el club de la liga inglesa de fútbol; es el único proveedor de energía de El Bolsón, algo que realiza mediante la empresa Patagonia Energía; y tiene acciones en importantes grupos capitalistas como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Es un reconocido evasor fiscal, estuvo en la lista de los Paradise Papers. Lewis viene de apelar contra un fallo de la justicia rionegrina que ordenó al británico abrir el paso público a Lago Escondido”.

“El hecho de que los estrados judiciales se hayan convertido en la principal arena de lucha política entre las principales facciones de la burguesía argentina es una expresión de la descomposición del régimen social vigente y de sus instituciones, cuyo telón de fondo es la crisis política, en la que la Justicia pretende arbitrar. La conspiración y la corrupción son prácticas defendidas por ambos lados de la grieta. Y los aparatos de inteligencia han sido colocados por peronistas y macristas al servicio de la pelea que los envuelve y la persecución contra los trabajadores y los activistas”, agregó y concluyó señalando que “este es el régimen que defienden los políticos capitalistas. Planteamos la elección de jueces y fiscales, una orientación totalmente resistida por todas las fuerzas políticas que usan para sí los favores palaciegos”.