No se trata de algo sorpresivo, era un acuerdo que se fue cocinando a fuego lento a partir del preacuerdo de crear fondos especiales para los municipios y sin mayores desencuentros por otros aspectos de ambos proyectos.

De todas formas, al acuerdo general le “faltan algunos detalles”, que marcaran el ritmo de las conversaciones de acá a las 11 horas del jueves que es cuando está previsto el arranque de la sesión en la Cámara de origen de las leyes claves para Ejecutivo provincial.

Los proyectos de ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos y de ley Impositiva ingresaron a la Diputados, la Cámara de origen, el pasado 28 de octubre y aún no ha podido tomar estado parlamentario por lo que ambas normativas serían tratadas sobre tablas en ambos recintos.  

No obstante, los legisladores entienden que está superado el debate por los fondos para obras, agrupados en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), y el fondo especial para Seguridad, que finalmente se sellaría en unos $ 60 mil millones a repartir entre los municipios oficialistas y opositores.

También se fueron acercando las posiciones sobre otros detalles, como aquellas respecto a las escalas de aumento y topes de la Ley Impositiva, o la consensuada nueva redacción del Fondo Educativo, que desde la oposición se advirtió sobre la necesidad de actualizar los topes debido al proceso inflacionario que todo lo erosiona.

La última discusión pendiente es un detalle que el Ministerio de Economía se negaba brindar, como va a ser la nueva actualización del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y cuáles serían las variaciones de este año en relación al 2023.

El debate sobre la actualización del CUD es un debate inédito en la provincia, pues se trata, como se nombre lo indica de un coeficiente que surge matemáticamente de

relacionar diferentes variantes del distrito como la población, capacidad contributiva y superficie, la infraestructura en salud, tales como camas municipales disponibles, niveles de ocupación, consultas médicas, cantidad de pacientes, complejidad de la prestación del servicio, entre otras.

La pandemia de Covid 19 introdujo cambios importantes en la variante Salud que ahora podría desequilibrar sustancialmente ese equilibrio en el reparto, pero además los sistemas de salud que en algunos distritos modificaron ante la emergencia en algunos casos no se terminan de desmantelar.

Por ello, en 2022 se realizó una actualización CUD, digamos, “mixta”, sin ser estrictos con las variables, y estableciendo porcentajes de variaciones, que ahora se debería ir normalizando, para volver a la fórmula dura del índice.

En definitiva, los intendentes estuvieron discutiendo un mes y medio un monto global a repartir por un CUD que puede terminar moviendo todo el entendimiento. Los legisladores por momentos parecen observadores privilegiados de estas discusiones entre ministros y ejecutivos distritales.

Pero todo parece haber madurado y la voluntad política para sancionar el proyecto de ley de Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva estaría siendo tratada en la jornada prevista para este jueves.

Además, parece haber cierta prisa en función de algunas voces que se empiezan a levantar con un todo realmente critico que pueden terminar frenado la negociación.

Por caso, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) pidió modificar un artículo para poner topes al incremento del Inmobiliario Rural para los segmentos superiores. Es decir, para aquellos terrenos o parcelas valuadas en más de $ 12.000.000.

Ejes del Presupuesto

El Gobierno bonaerense presentó este viernes ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para 2023, que contempla gastos por $6,9 billones, así como la Ley Impositiva, que determina incrementos tributarios por debajo de la inflación.

La iniciativa, que ingresó a finales de octubre por la Cámara de Diputados, prevé un déficit primario $ 81 mil millones y un déficit financiero de $ 249 mil millones (3,7%).

Además, incluye pedidos de financiamiento con organismos internacionales en moneda extranjera, así como una autorización para pedir endeudamiento por $168.000 millones.

Las prioridades del proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof a la Legislatura provincial son la promoción de la producción, el empleo y la inclusión social; la inversión en infraestructura, salud, educación y seguridad, así como la perspectiva de género y ambiental, según los propios presentadores del mismo se encargaron de subrayar.

Así, la inversión en políticas productivas ascenderá a $ 14.427 millones, lo que implica un incremento de 14% real respecto al 2022 y casi siete veces más elevada en términos reales que aquella llevada adelante en 2019.

Los ministerios de Desarrollo Agrario, de Producción y de Trabajo y el Instituto Cultural tendrán un rol clave en este eje, en conjunto con el aporte de la Banca Pública que continuará ofreciendo diversas líneas de crédito con tasas subsidiadas.

Con el propósito de que el sostenimiento de la reactivación sea inclusivo, en 2023 la inversión en políticas sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia alcanzará un máximo histórico: $ 283.733 millones.

Ello representa un incremento del 8% real respecto a este año y un 89% en términos reales respecto a 2019.

A la vez, el Presupuesto 2023 plantea una inversión en infraestructura de capital total de $ 553.635 millones, aumentando un 24,9% en términos reales respecto de 2022 y 123,3% en términos reales respecto a 2019, llegando a representar el 8% del gasto total.

El 83% de estos fondos serán destinados a áreas como Educación, Salud, Seguridad, Vivienda, Vialidad, e Infraestructura hídrica y energética.

Se busca también mantener y consolidar los avances en materia de salud pública, con una inversión no salarial -que incluye equipamiento, insumos e infraestructura- de $ 162.350 millones, manteniendo niveles históricamente elevados y representando un incremento de 88% en términos reales respecto a 2019 y de 5,8% respecto de 2022.

El próximo año, el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación alcanzará los $ 1.827.587 millones.

Ello representa inversiones superiores en un 435% en términos reales respecto de 2019 y del 48,8% respecto de 2022.

Los ministerios de Seguridad y de Justicia contarán con un presupuesto total para equipamiento e infraestructura de $ 62.093 millones, lo que implica una mejora del 406% en términos reales con respecto a 2019.

El actual es el segundo presupuesto con perspectiva de género en la Provincia y alcanzará los $ 128.935 millones, lo que representa un 2,5% del presupuesto total; mientras que para las políticas ambientales habrá un presupuesto de $ 11.969 millones y representa un aumento de 47% real respecto a 2022 y de cinco veces más respecto de 2019.