En el último día para dictaminar, pues las sesiones ordinarias se extendieron hasta el 30 de diciembre, pero la firma de los despachos culmina 10 días antes, el oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para este martes a un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con el objetivo de alcanzar dictamen sobre el proyecto de ley que busca actualizar la normativa vinculada al lavado de activos.

Antes del quiebre en las relaciones entre los bloques, en las sesiones fallidas del pasado 1ro. de diciembre, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio avanzaban encaminados hacia un texto de consenso de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que resulta clave para el país pues es una exigencia del FMI y, además, Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en septiembre del año próximo.

Así, en la previa de lo que sería una posible sesión antes de fin de año, el tema volvió a instalarse en la agenda, tal vez como uno de los proyectos acordados que puedan ser llevados al recinto para el cierre del 2022.

La iniciativa busca reformar la legislación vigente sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

En los considerandos, el Poder Ejecutivo mencionó que GAFI se encarga de elaborar Recomendaciones para los países y de evaluar el cumplimiento técnico de dichos estándares internacionales, y que la última revisión sustancial en nuestro país fue aprobada en febrero de 2012, cuando en esa ocasión “se integraron las 9 Recomendaciones Especiales para enfrentar el financiamiento del terrorismo a las cuarenta 40 Recomendaciones del GAFI, y se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se requirió a los países que identifiquen, evalúen y entiendan los riesgos que enfrentan en la materia, posibilitando la aplicación de un enfoque basado en riesgo”.

Entre las modificaciones, se busca “reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo su autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

“La reforma que se propone tiene por finalidad saldar las ambigüedades, falencias y omisiones que presenta la legislación actual, a través de la propuesta de mecanismos claros de distribución y administración de los bienes objeto de decomisos; la definición de responsabilidades y competencias claras para los organismos públicos involucrados en su custodia, administración y gestión y la transformación del recupero de activos de origen ilícito, en una fuente de financiación de las actividades del Estado en pos del interés público”, se detalla.

Presente en las dos reuniones informativas que se realizaron durante el mes pasado, el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, anunció en la última ocasión -30 de noviembre- una serie de cambios que se iban a incorporar “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, dijo.

Al detallar las modificaciones, Otero se refirió a un verbo sobre el tipo penal de lavado de activos; al monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal (el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos); y que se incorpora la pena de multa y se suprime la multa de prisión en lo que hace al tipo penal atenuado.

También habló de cambios respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y que se incorpora el concepto de operación sospechosa.

Además, se agregó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva; y un Registro de Proveedores Virtuales.