Son ocho altas casas de estudios, cinco de ellas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Quiénes las impulsan y qué se les cuestiona.
Durante la sesión fallida del 1 de diciembre, la Cámara de Diputados inició el debate para la creación de ocho universidades nacionales. Entre gritos de la oposición que cuestionaba la validez de esa sesión por la manera como se había alcanzado el quórum, ofició de miembro informante esa vez la titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Blanca Osuna. Finalmente la sesión se cayó y este miércoles buscarán realizar una nueva reunión en la que ese tema volverá a ser de los principales a tratarse.
Refresquemos entonces cuáles son las iniciativas que se pondrán a consideración al respecto y las eventuales polémicas que pueden despertar.
Tres de esas universidades ya tenían dictamen hace tiempo: las del Delta, Saladillo y Pilar. Desde el 24 de agosto estaban listas para llegar al recinto, y en rigor son las mismas que habían sido propuestas para ser tratadas en extraordinarias. Finalmente ahora se ponen a consideración, junto a otras cinco.
La Universidad Nacional del Delta comprenderá los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Es impulsada por el ahora expresidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, razón por la cual el actual ministro de Economía estuvo presente el 1 de diciembre en el recinto.
Participaron de las negociaciones los intendentes de esas tres localidades: Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Juan Andreotti (San Fernando), todos ellos peronistas. La esposa de este último, la diputada Alicia Aparicio, fue la responsable del proyecto de factibilidad y su despacho. Es la cara visible de la iniciativa, que fue acompañada con ordenanzas a favor de los tres concejos deliberantes.
En cuanto a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, es una de las dos impulsadas desde la oposición, más específicamente Evolución Radical. El proyecto original es del diputado nacional Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
El radio de influencia de esta universidad será de entre 100 y 150 kilómetros, incluyendo ese partido y los de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio, entre otros.
La tercera de las universidades nacionales es la de Pilar, con sede en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Hay dos proyectos de autoría del oficialismo que respaldan esa iniciativa, presentados en mayo pasado, con diferencia de un día. Uno es del diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el otro de María Rosa Martínez, que contó con el apoyo de casi una treintena de cofirmantes.
Este proyecto lo comenzaron a diseñar el actual intendente Federico Achával en 2019, cuando era concejal, y el intendente macrista Nicolás Ducoté. El proyecto contemplaba la venta de una porción de las hectáreas del predio del Instituto Carlos Pellegrini a la UAR. Pero eso generó movilizaciones de vecinos, organizaciones sociales y ambientalistas y se detuvo.
Si bien el proyecto tiene el sello de Achaval, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, intervino en su camino en el Congreso cuando ocupó el cargo de diputado por el Frente Renovador.
De las universidades que se sumaron en vísperas de la sesión del 1 de diciembre, tenemos a la de la Cuenca del Salado, que tendrá sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Se trata de una propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar. Su oferta académica estará orientada a la actividad agropecuaria, la veterinaria y las ciencias empresariales.
Impulsada por el diputado nacional Hugo Yasky, se propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hoy funciona como instituto.
Ya funciona como universidad provincial la de Ezeiza, y lo que se propone ahora es su nacionalización. Impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz, se encargó de defenderla durante su tratamiento en comisión la diputada nacional Mónica Litza.
Una de las dos universidades ubicadas fuera de la provincia de Buenos Aires es la de Río Tercero. Esta es además una de las dos impulsadas por la oposición. Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) impulsa la creación de esta universidad, que cuenta también con el respaldo de un proyecto de una oficialista, Gabriela Estévez.
Por último, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.
En la fallida sesión del 1° de diciembre no alcanzó a haber debate. Sí durante el tratamiento en el plenario de comisiones. Allí expuso por Juntos por el Cambio el diputado Maximiliano Ferraro, quien con un pedido de votación logró voltear la sesión por falta de quórum. Durante la discusión e comisiones, dijo una frase que levantó polémica: “El planeamiento estratégico de la educación superior tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros”.
“Y digo que no es virtuoso, porque no hay previsibilidad, donde no tenemos garantizada una asignación de recursos que pueda ser sostenible y que esta asignación de recursos también incluya todos los componentes y procesos que deba tener la educación superior”, agregó el legislador.
El referente de la Coalición Cívica protestó por la “ausencia de áreas de vacancia y de estudios de factibilidad”, como así también apuntó en “la inequidad desde el punto de vista de la distribución federal”.
En esa oportunidad advirtió también que en caso de aprobarse las universidades pedidas, la provincia de Buenos Aires “va a tener 29 universidades nacionales, que se suman a los más de 178 institutos de formación docente y formación de técnica superior”. Así las cosas, se preguntó “cómo vamos a sostener la creación de estas universidades”.
Ferraro le apuntó luego al caso de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo: consideró el proyecto como “claramente violatorio de la Ley de Educación Superior”, por cuanto la misma establece que el consejo superior de las universidades debe estar compuesto por hasta el 50% del claustro docente y el resto estudiantes graduados y no docentes. “Y lo que dice clarito el Estatuto de la Universidad de las Madres es que deberá contemplar en su consejo superior a dos de las madres y representantes de la asociación civil, los que serán designados a propuesta de esa asociación civil que integran las Madres. Sentando un precedente que viola los principios de la autonomía universitario”, advirtió.
Luego se refirió al caso de la universidad entrerriana, sobre la cual dijo que no cuenta con el dictamen del CIN, ni con el estudio de prefactibilidad, “cosas que nos pide la Ley de Educación Superior”.
A su turno, Hugo Yasky (Frente de Todos) defendió la creación de la Universidad de las Madres. “Ninguna universidad nació grande, ni con un nivel académico de excelencia desde el primer día. Son procesos que se construyen, por supuesto hacen falta buena calidad de los docentes y también presupuesto educativo”, planteó ante el plenario.
Y en referencia a los cuestionamientos planteados por el diputado de la Coalición Cívica, Yasky aclaró que las dos miembros de las Madres solamente estarían en el consejo superior “como representantes de la institución y no como comisarios políticos”.
“De los autores de ‘para qué vamos a hacer universidades si los pobres no van’, seguimos con ‘universidades hechas a la marchanta o como fábrica de chorizos’”, arrancó a pura ironía la diputada oficialista Mónica Litza,que defendió el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Ezeiza. Ella habló desde su experiencia personal y destacó el papel de la de su distrito, Avellaneda, que “se integró a la comunidad”.
Desde la otra vereda, criticó el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro (Pro). Refiriéndose estrictamente al caso de Ezeiza, dijo que esa universidad ya está constituida y se normalizó el 14 de marzo de 2019, oportunidad en la cual eligió sus autoridades, cumpliendo con las prescripciones del artículo 1° de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, dijo, “goza de autonomía universitaria”.
Fue el preámbulo de su crítica: “Aquí estamos tratando la nacionalización de la Universidad de Ezeiza”, aclaró, enfatizando que “no existen precedentes en los términos que esta ley está planteada”. Puso como ejemplo que durante su gestión se nacionalizó la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional), que lejos estaba de ser afín a esa administración, pero se respetó a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente y en virtud de la autonomía universitaria.
Cuestionó que se pasa esa universidad a la Nación pero sin las autoridades constituidas el 14 de marzo de 2019. Por eso advirtió que “se vulnera la autonomía universitaria y de hecho en el informe del CIN se dice claramente que estos dos últimos artículos desconocen la autonomía de la Universidad Nacional de Ezeiza”.
Otra que intervino durante el debate en las comisiones fue la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), quien arrancó refutando a Mónica Litza respecto del reproche al Pro por haber dicho una representante de ese espacio que los pobres no llegan a la universidad.
“Más del 50% de los chicos de entre 10 y 14 años en la Argentina hoy son pobres; de ese 50%, el 71% no logra conocimientos mínimos en Lengua. El 68% no logra satisfactorios en Matemática. Cada 8 minutos un joven abandona el secundario; solo 16 están terminando el secundario en tiempo y forma”, enumeró la diputada nacional, que agregó: “Si miramos realidades provinciales, vamos a encontrar en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, que solo 5 jóvenes terminan el secundario en tiempo y forma. De los mayores de 25 años de sectores vulnerables, 3 de cada 10 termina el secundario… Hasta donde yo sé, no se puede empezar la universidad sin haber terminado el secundario”.
Para cerrar, Ajmechet sostuvo que “desde 2009 hasta hoy estamos hablando de 24 universidades nuevas en 13 años. 17 están en la provincia de Buenos Aires, solo 7 en el resto. ¿Cuál es la realidad en las provincias que no están atendiendo? ¿Por qué crean tantas universidades en Buenos Aires, qué concepto del federalismo tienen?”, y cerró preguntándose cómo se van a financiar y advirtiendo que esas casas terminan convirtiéndose en “refugio de intendentes”.
Esos serán ejes del debate que se dará seguramente en el recinto, una vez que el debate esté habilitado.
