Con la inflación interanual rozando el 100%, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley a través del cual buscará establecer una exención en la obligación de abonar el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a distintas actividades relacionadas con la venta de productos que conforman la canasta básica alimentaria.

De esta manera se buscará exceptuar del pago de ese impuesto a quienes se dediquen a la venta mayorista de cereales, arroz, oleaginosas, semillas, frutas, alimentos, bebidas y tabaco n.c.p, ganado bovino en pie, materias primas agrícolas y de la silvicultura, aves, huevos y productos de granja y de la caza, legumbres y hortalizas frescas, entre otros.

También se prevé exceptuar a los supermercados minimercados y a quienes vendan por menor productos como lácteos, fiambres, embutidos, productos de almacén y dietética, carnes rojas, menudencias y chacinados frescos, huevos, carne de aves y productos de granja y de la     caza, pescados, frutas, legumbres y hortalizas frescas, pan y productos de panadería.

La propuesta de la liberal también alcanza a los transportistas ferroviarios, automotor, áereo y marítimo que se dediquen al traslado y manipulación de carga de todos los grupos alimenticios mencionados con anterioridad.

En los fundamentos de la iniciativa, Montenegro afirmó que “en un contexto marcado por los altos índices de inflación, los productos que hacen a la canasta básica de la población se encarecen constantemente. Según datos del Índice de precios al consumidor elaborados por el INDEC, en el mes de octubre 2022 los alimentos y bebidas registraron un aumento interanual de 91,6%, 3,6 puntos por encima del promedio general” y destacó que “las medidas, en particular del gobierno nacional, dirigidas a controlar el aumento de precios de los alimentos fueron variadas pero a todas luces insuficientes, como demuestran los datos de la inflación de octubre”.

Asimismo señaló que “esta situación es agravada por la carga tributaria involucrada, la cual oscila entre el 35% y el 50% del precio final reflejado en las góndolas (paradójicamente, tiene mayor incidencia en los alimentos básicos como arroz, fideos, leche y galletas, por nombrar algunos)”.

“En este sentido, consideramos que incentivos como las reducciones impositivas pueden contribuir a una mejora en la producción y comercialización de los productos,  tal y como se ha implementado exitosamente en países como Australia, Bahréin, Corea del Sur, Indonesia, Israel, Malasia, México, Reino Unido y Sudáfrica donde la mayoría de los alimentos y bebidas destinados al consumo humano de primera necesidad son gravados al 0% (Otros países como Suiza aplican alícuotas reducidas)”, completó la liberal.