Un imprevisible conflicto de poderes se plantea entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, por cuanto el Gobierno de Alberto Fernández no acatará el fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. El argumento: lo considera “de imposible cumplimiento”.

La reacción oficial venía palpándose desde el día anterior en el que el gobernador chaqueño Jorge Capitanich llamó a no acatar el fallo de la Corte, y ese espíritu se advirtió durante la reunión que el presidente mantuvo con 14 gobernadores este jueves.

Al cabo de la jornada se publicó un comunicado en el que se califica al fallo de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, afirmando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.

Afirma el Gobierno que la Corte “sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.

“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”, asegura el comunicado, reiterando que “esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.

Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Agrega el texto que los gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, “al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma”. Del encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno participaron de manera presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En tanto, de forma virtual se sumaron Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).