El oficialismo porteño no logró el apoyo para poder poner el tratamiento el proyecto impulsado por Rodríguez Larreta, a través del cual se buscaba eliminar el mencionado tributo, que había sido creado para suplir la merma en los recursos coparticipables.
En el marco de una sesión extraordinaria repleta de chicanas y cruces entre los legisladores, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pudo poner en tratamiento el proyecto de ley que buscaba modificar el Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigente a fin de derogar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre las tarjetas de crédito.
El proyecto que había sido remitido a la casa por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una medida cautelar en favor del distrito capitalino en medio de la disputa con el Gobierno Nacional por el recorte en los recursos coparticipables de la Ciudad.
En los considerandos del proyecto, Larreta explicó que a raíz del recorte que el Gobierno Nacional impuso sobre los recursos coparticipables del distrito capitalino, la Ciudad creó un impuesto sobre los Ingresos Brutos vinculada con las operaciones de pases, reguladas por el Banco Central de la República Argentina, cuando los activos subyacentes o colaterales fueran los autorizados por dicha entidad y las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos que se emitieran en el futuro por el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, e propuso la creación de un nuevo hecho imponible en el Impuestos de Sellos, que recayera sobre las liquidaciones o resúmenes periódicos, que las entidades emisoras de tarjetas de crédito o compra generaren para su remisión a los titulares de las mismas, aplicándoles la alícuota del 1,20%.
No obstante, el anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, acerca de que no acataría el fallo de la Corte Suprema terminó complicando su tratamiento y el oficialismo porteño no logró alcanzar los 40 votos necesarios para habilitar el tratamiento del expediente.
Respecto de esta situación, el jefe del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, planteó que “la oposición dice que no está dispuesta a habilitar la discusión; donde tenemos un presidente de la Nación que establece que no va a cumplir con el fallo de la Corte y lo trata de justificar en cuanto a que es un fallo partidario… señores, los fallos se cumplen y no importa si nos gustan o no” y remarcó que “está clarísimo que la oposición no le interesa para nada la Republica, por si hay alguna duda cada vez que habla el presidente, volvemos a corroborar que no les importan para nada las instituciones”.
“El FdT no quiere habilitar la discusión para la baja de impuestos, están tratando de justificar con distintos argumentos esta postura. El FdT no quiere cumplir con un fallo de la Corte Suprema. Tiene que quedar muy claro que el FdT no cumple con lo establecido en la Constitución Nacional porque no les conviene. Quiero dejar muy claro que hay una sola cosa que quiere el FdT y es llevarse puesta a nuestra República”, sentenció.
No obstante, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira remarcó que “de manera insólita nos hemos enterado, a través de los medios de comunicación, que la convocatoria que se hizo para que vengamos acá y tratemos este temas, va a tener una modificación sustancial en el texto y que transforma a esta sesión en un circo. Piensan incorporar una clausula, por lo que pedimos que lo clarifiquen, acerca de lo que hoy vamos a votar no va a entrar en vigencia. Osea, que no se va a bajar ningún impuesto”.
La oficialista Lucía Romano (VJ) insistió en que “la Corte Suprema es clarisima en su fundamentacion, la ley convenio tiene que ser producto de un acuerdo entre la nación y la jurisdicción de que se trate, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires. Ese elemento no estuvo en la quita, la cual fue intempestiva y unilateral por parte de la Nación, por ende inconstitucional” y precisó que “la corrección del porcentaje de Coparticipación que dispone la Corte Suprema, no supone pérdida de recursos para ninguna provincia , ya que por ley de Coparticipación vigente, los recursos que le corresponden a la Ciudad de Bs. As. provienen de los recursos asignados a la Nación en la distribución primaria de fondos coparticipados”.
Por su parte el legislador del FdT Matías Barroetaveña (FdT) planteó que “estamos ante una Corte Suprema que inclina la balanza a favor de la campaña presidencial de Larreta, garantizando la persecución de opositores y la impunidad de funcionarios” y remarcó que “la operación se completa luego del escándalo de Lago Escondido, el pacto de silencio de Larreta es correspondido por un fallo de la Corte donde le exige al Gobierno Nacional que le de 180 mil millones de pesos para hacer campaña”.
A su turno el trotskista Gabriel Solano (PO) denunció que “el enfrentamiento entre el Gobierno Nacional con la Corte y Larreta ninguno de los bandos representan intereses populares genuinos. Los gobernadores se quejan porque el fallo podría afectar los fondos de sus provincias. Pero se callaron la boca ante la reducción de las transferencias del gobierno nacional a sus distritos que Massa pactó con el FMI. En términos reales esa reducción fue del 45%”
“Los impuestazos que Larreta impuso en la Ciudad son parte de una política nacional. Las autonomías provinciales han servido para que el Estado nacional transfiera servicios sin recursos de modo tal que su presupuesto quede para el pago de la deuda y subsidios al capital. En este cuadro el fallo de la Corte no soluciona la crisis. La Corte asume funciones que no le competen, porque en su fallo establece pautas impositivas que son materia del Congreso”, completó.