Entidades empresariales reclamaron respetar el fallo de la Corte sobre la coparticipación

“Respetar los fallos de la justicia”, reclamaron desde diversos sectores al Gobierno nacional ante la decisión anticipada de desconocer la acordada del Tribunal Superior, y advirtieron sobre “una grave crisis institucional”.

Numerosas entidades empresariales se manifestaron este viernes contrarios a la decisión del Poder Ejecutivo de desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la coparticipación federal.

Desde IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), solicitaron “respetar los fallos de la justicia”.

Recordaron que recientemente hicieron referencia a una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios de IDEA y donde se destacó la “estabilidad institucional” como la principal palanca para incentivar la inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo.

“El respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo. El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables”, señalaron desde IDEA.

Advirtieron además que “en democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema, que ahora se ha vuelto a ver obligada a intervenir en  cuestiones de coparticipación federal ya que el Congreso nunca ha sancionado una nueva ley de coparticipación conforme lo manda la Reforma Constitucional de 1994”.

Desde el FCE (Foro de Convergencia Empresarial) solicitaron “respetar los fallos de la justicia”, a través de un comunicado titulado: “Argentina ante una grave crisis institucional”.

“La anunciada decisión del Presidente de la Nación de no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia configura una situación de extrema gravedad institucional -señalaron-. El lugar central que le asigna la Constitución Nacional a la Corte Suprema es el de último intérprete de su contenido. Quien ocupa el más alto cargo del Poder Ejecutivo, y que, al asumirlo, ha jurado observar y hacer observar esa Constitución, debería mostrar una conducta ejemplar y acatar las decisiones del más alto tribunal. No hacerlo genera un grado inusitado de confusión e incertidumbre, de gravísimas y negativas implicancias tanto en lo económico como en lo social.

Es por tal motivo que instaron al Poder Ejecutivo a “reconsiderar su postura a fin de evitar la configuración de una situación que, más allá de sus imprevisibles consecuencias institucionales, afecta gravemente la confianza en el país que requieren las inversiones que tanto se necesitan”.

En el mismo sentido, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) manifestó su preocupación ante la decisión comunicada por el Poder Ejecutivo Nacional de incumplir un fallo de la Corte Suprema de la Nación, alertando que ello implica “un quiebre institucional del sistema republicano, y poniendo en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución Nacional”.

Argumentar que el fallo es “de imposible cumplimiento”, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y solicitar la revocación del mismo, señala el comunicado de AmCham, “no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano. Siendo esta la característica fundamental de todo país democrático, y la estabilidad institucional, indispensable para motorizar el desarrollo tan necesario”.

En línea con esto y en relación con la disputa por el reciente fallo de la Corte Suprema en virtud de la coparticipación de CABA, consideran que “en la República Argentina cada poder debe actuar dentro del marco de sus competencias, y no dar lugar a avasallamientos entre sí.

Finalmente, el desconocimiento del fallo por parte de la Administración Nacional (las sentencias de la Corte Suprema son inapelables), no solo abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas”.

“Por lo tanto, consideramos indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución Nacional, y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país. Hoy nuestro principal desafío debería ser fortalecer esa calidad institucional y respetar el principio de división de poderes. Solo a través de este camino lograremos consolidar una recuperación económica sostenida, mejorar sustancialmente los indicadores sociales, promover la inversión privada y la creación de empleos de calidad”, cierra el comunicado de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó a su vez “muchísima preocupación” por lo que considera los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, alterando la tan necesaria división de poderes en nuestra República. “Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías”, expresó la entidad.

En su comunicado, ACDE señala que “la unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento”.

Por último, instaron al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, “como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus instituciones”.

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