En su condición de vicegobernadores: Florencia López (La Rioja); Sergio Mansilla (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Mariano Fernández (La Pampa); Carlos Haquim (Jujuy); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); Ricardo Sastre (Chubut); Antonio Marocco (Salta); Carlos Neder (Santiago del Estero);  Eber Solis (Formosa); Analía Rach Quiroga (Chaco);  Mónica Urquiza (Tierra del Fuego); Roberto Gattoni (San Juan); Laura Stratta (Entre Ríos); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); y Verónica Magario (Buenos Aires), firmaron el documento distribuido.

La particularidad que aparece en primer lugar es que suman dos provincias más que los gobernadores que acompañaron al Poder Ejecutivo en el primer rechazo que manifestó la alianza de gobierno ante la decisión de la Justicia. Ahora, aparecen los mandatarios de las provincias de Salta y Jujuy que sus gobernadores no adhirieron al comunicado difundido tras la reunión de 14 gobiernadores con el presidente Alberto Fernández.

Allí los mandatarios electos manifestaron su “absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias”.

“Estamos frente a una decisión, que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal de la República Argentina, y de una ausencia de federalismo durante décadas, que fueron gestando esa desproporcionada asimetría”, sostuvieron.

Y prosiguieron: “Los fondos que el gobierno de Mauricio Macri le asignó en forma totalmente irregular a la ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta son restituidos ahora por la Corte Suprema”.

“Lo hace a pesar de que ha quedado firmemente demostrado, que por decreto, Macri le transfirió a Larreta muchos más recursos de la Coparticipación Nacional que los necesarios para absorber el traspaso de la policía a la órbita de CABA”, completaron.

Según los vicegobernadores, “estamos frente a una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo”.

Y en ese sentido subrayan que “el actual gobierno nacional decidió priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país”.

“La Corte Suprema falla ahora en favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas”, sostuvieron los mandatarios en su mayoría representantes de la alianza de gobierno.

“En la práctica cotidiana, el 93% de los argentinos y argentinas tendrán ahora menos recursos, mientras el 7% de la población restante se beneficiará con más fondos”, pues según aseguraron “decenas de miles de millones de pesos irán a las arcas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“No es cierto que este fallo no afecta a las provincias, las afecta y severamente, toda vez que reduce los fondos de Nación necesarios para asistir financieramente a las provincias en el desarrollo de infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas, cloacas y agua potable, caminos) indispensables para que reducir las asimetrías e inequidades históricas entre CABA y las Provincias”.

“Por una simple cuestión de residencia contable, empresas que hacen su producción en todo el país, pero facturan desde su oficina central en CABA generan el artificio de una contribución al producto bruto interno que no es real”.

Pero además la CABA, para los vicegobernadores, “concentra el poder político nacional, el sistema financiero, el puerto, los organismos centrales de defensa y seguridad y el primer cordón industrial”.

Para ellos “esto significa una inmensa transferencia de recursos a la jurisdicción de la CABA, que redunda en más y mejores puestos de trabajo, mayor consumo y por ende mayor recaudación impositiva local”.

“Así las cosas, hay un 7% de argentinos y argentinas que, a partir de este fallo, no sólo pagarán menos por la tarifa de servicios esenciales como electricidad y gas, sino que también obtendrán ahora exenciones impositivas”, según estimaron.

“Las vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina nos preguntamos: ¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?”, y así terminaron el comunicado difundido.