A diferencia del bloque de la UCR, que dio marcha atrás con su proyecto después del giro del Gobierno, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) presentó un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto de resolución ingresó este lunes por la Mesa de Entradas de la Cámara baja, previo a que el mandatario anunciara el pago al distrito porteño mediante bonos.

En alusión a la decisión que había tomado el mandatario de no acatar el fallo de la Corte Suprema en relación a la restitución de coparticipación para la Ciudad, el legislador le imputó los cargos de “desacato y desobediencia”.

“El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático, porque ahora, los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostiene el texto.

En ese sentido, señala que “dichos desconocimientos en los hechos se traducen en la asunción arrogante de facto el poder total sobre los destinos del país, debido a que no reconocen a los demás estamentos de poder diseñados por la Constitución para limitar el poder de las mayorías momentáneas”, lo cual “constituye un claro ataque al sistema representativo, republicano y federal”.

“El presidente merece la destitución. Por lo que ya hicieron en la pandemia, y por lo que están haciendo ahora al sistema democrático. El desconocimiento de este fallo configura un delito contra la Constitución, en el artículo 36, arrogarse la suma del poder público. Al presidente se lo puede catalogar como un delincuente contra la Constitución”, concluye Espert.

El liberal recordó que además de este pedido de juicio político, él denunció por los mismos motivos en la Justicia a la vicepresidenta Cristina Kirchner y la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, por lo acontecido en torno a las designaciones del Consejo de la Magistratura.