El Gobierno nacional amplió la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2023, mediante el DNU 863/22, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La emergencia había sido declarada por la Ley de Solidaridad Social (27.541), en diciembre de 2019 al asumir Alberto Fernández, y luego fue prorrogada por sucesivos decretos. Incluso el Poder Ejecutivo la amplió en marzo de 2020, cuando irrumpió la pandemia de Covid.

En el DNU se faculta al Ministerio de Salud a “establecer un régimen de matriculación y/o certificación de especialidad provisoria para quienes no cuenten con el trámite de su titulación finalizado, reválida de título o certificación de pregrado, grado o posgrado en ciencias de la salud, previa intervención del Ministerio de Educación y con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran”.

Además, podrá “contratar a personal de salud jubilado o retirado, exceptuándolo temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la Administración Pública Nacional” y “autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud, titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina”.

Otro de los incisos del artículo 2 del decreto contempla que la cartera de salud estará facultada para “autorizar la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas”.

También, se faculta al jefe de Gabinete para realizar “la reasignación de partidas presupuestarias correspondientes para la implementación” del decreto.

En los considerandos, el Ejecutivo destacó que “a pesar de que se ha alcanzado un elevado nivel de inmunidad poblacional” contra el Covid, “se registra nuevamente alta circulación de SARS CoV-2 y otros virus respiratorios”.

“Durante los años 2020 y 2021 a nivel mundial se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención en salud en todos los niveles”, advirtió, al tiempo que señaló que durante la pandemia “debieron reorganizarse los servicios de salud para priorizar los recursos físicos, económicos y humanos con el fin de dar respuesta a los requerimientos de la pandemia por COVID-19, lo que significó reprogramaciones y dilaciones en la respuesta a la demanda de atención de la población”.

“El descenso de casi el 50% en la atención de pacientes ambulatorios y ambulatorias y la cancelación de alrededor del 60% de las prácticas médicas y diagnósticas ha generado una demanda acumulada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país”, expresan los fundamentos.

En ese sentido, se remarcó que “se verifica un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como consecuencia del cambio en los hábitos alimentarios, aumento de peso por el confinamiento y una reducción significativa de la actividad física que requieren un esfuerzo adicional de los efectores del sistema de salud para recuperar el seguimiento y control periódico de los y las pacientes con tales patologías, dado que estas representan no solo la mayor causa de morbimortalidad a nivel global, sino que además quienes resultan afectados y afectadas por las mismas forman parte de la población con mayor riesgo de sufrir efectos graves y morir por COVID-19”.

“Por lo tanto, resulta fundamental fortalecer los servicios sanitarios en todos sus niveles, el acceso a los tratamientos y a las pruebas diagnósticas y la atención especializada (oncología, diálisis, etc.), con el fin de reducir la mortalidad y mitigar el impacto de la pandemia”, agrega.