Tras la aparición de nuevos chats que involucran al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, con Silvio Robles, director general de la vocalía de la Corte Suprema, la diputada nacional Blanca Osuna (FdT – Entre Ríos) consideró que el Poder Legislativo y el Ejecutivo deben “actuar para preservar la democracia”.

Esta revelación se suma a la ocurrida hace semanas que dio cuenta del viaje a Lago Escondido que compartieron jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En declaraciones por Radio Nacional, la legisladora sostuvo que “hay que adoptar acciones firmes y contundentes”, y se refirió al proyecto impulsado por diputados del Frente de Todos para crear una Comisión Bicameral Investigadora especial en el ámbito del Congreso para indagar la adquisición de la estancia Lago Escondido por parte del magnate británico Joe Lewis y el viaje que en octubre pasado realizaron a ese lugar magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín.

“Frente a la gravedad institucional y política que tiene estas situaciones que van mostrando la podredumbre de una institución que, en particular, está centrada en la Corte Suprema y en quien la preside, pero al mismo tiempo también que se expande a un poder del Estado que es quien debe administrar justicia y sobre todo algunos sectores”, manifestó.

Al respecto, planteó que “ese impacto, que tiene en el funcionamiento de la democracia, merece respuestas que deben ser oportunas y urgentes. Debe ser necesaria la conformación de una Bicameral va en línea con investigar a fondo la situación en torno al viaje hecho por algunos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, también camaristas, jueces”.

Al mismo tiempo, remarcó que “el impacto que eso tiene en la realidad y en las medidas que efectivamente el poder instituido del Estado debe adoptar. También la Bicameral va a considerar otro aspecto que es la decisión de ese bien -Lago Escondido – por parte del magnate Joe Lewis”.

“La idea es tomar un tiempo de trabajo intenso, sistematizar la información obrante, generar un informe para buscar la prueba que ratifique algo de lo que estamos viendo con estupor y con toda la gravedad que tienen los hechos y sus consecuencias para la sociedad argentina. Generar ese informe impone inmediatamente adoptar decisiones que, en algunos casos, pueden retrotraer acciones que han facilitado la adquisición de una propiedad como es la de Lago Escondido que está en una zona fronteriza y está, aparentemente, comprada por quien es parte de una organización de una empresa extranjera”, explicó Osuna.

Además, explayó que “esta decisión va de la mano de otras cuestiones que desde el Poder Legislativo estamos decididos a que se desencadene, uno de ellos es por ejemplo el juicio político al presidente de la Corte Suprema, así como la expulsión del diputado Gerardo Milman. Lo digo porque son cuestiones que van vertebrando una realidad y una acción donde la justicia está indudablemente comprometida”.

“En el caso de Milman su complicidad respecto al intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación es algo evidente, sin embargo, los avances de la justicia respecto a la investigación si lo comparas con otros países que detienen al responsable en unos días, acá está sucediendo lo contrario, lo que muestra es esa acción de la justicia vinculada como sector político a los poderes fácticos de la Argentina. Esto es lo que de algún modo exige que tanto el Legislativo como el Ejecutivo actuemos para que el horror de la destrucción de la democracia no asole a la Argentina”, planteó.