El tratamiento de la Ley de Alquileres continúa en discusión. La que empeoró la situación continúa vigente y el Poder Legislativo delibera nimiedades sin llegar a resolver una de las preocupaciones más importantes para quiénes no cuentan con vivienda propia, en un país donde comprar una propiedad es imposible para la mayoría de su población. 

La oposición propuso liberar los precios (aunque permite tomar algún índice oficial) y busca retornar a los contratos de 2 años de validez, entre otros detalles relacionados a garantías y cobros de depósitos. 

El oficialismo quiere mantener la base de la ley actual y le suman incentivos fiscales a los propietarios que no tienen sus propiedades en alquiler, porque están convencidos que no les conviene (esto último contaría con el apoyo opositor).  

Así todo, la Comisión de Presupuesto sigue dando vueltas y sin resolver el problema. 

La principal discusión que debe darse dentro de este debate, se refiere al índice utilizado para la actualización de los contratos. Necesitamos una Ley equitativa y que no deje en inferioridad de condiciones ni a propietarios, ni a inquilinos.  

El problema es el ajuste. Si el aumento del alquiler es muy bajo, el propietario pierde frente a la inflación si se trata de un contrato a largo plazo (aunque deben tener en claro que un bien inmueble es la inversión que requiere la menor cantidad de esfuerzo, trabajo y energía, como para especular tanto). Para resolver esto el incremento debería ser mensual y representar el 50% de la inflación. Por ejemplo: si la inflación es del 5%, el aumento mensual del alquiler será del 2,5%, más bajo y previsible. No se aumenta el 100% de la inflación y se trata de un incremento exponencial para el dueño de la propiedad que le permitirá pelear a la inflación.  

En este sentido, en caso de recurrir a 3 meses impagos por parte del inquilino, se permite el desalojo sin más miramientos, sin vueltas. Esto debe quedar bien claro en la Ley, sin dejar dudas. 

En cuanto al plazo de duración, debe convenirse entre las partes ya que hay inquilinos que le van a invertir dinero a una propiedad (van a pintar, comprar muebles a medida, etc.), y proyectan utilizar la propiedad por más tiempo. Allí el dueño podría flexibilizar y extender el plazo sin inconvenientes ni necesidad que sean solo 1, 2 o 3 años. 

Sobre las garantías y algunos inconvenientes que suelen aparecer en contra de los inquilinos, deberían existir garantías municipales o provinciales para ayudar a esos inquilinos y podrían instaurarse a través de los bancos provinciales, Banco Nación o de los Municipios respectivos, sin costo comercial, ni gastos de otro tipo, ya que corresponde al Estado estar presente cuando los ciudadanos lo necesitan. 

Ahora, el Gobierno propone realizar un blanqueo de capitales para la compra de unidades usadas, pero la realidad es que los inversores no quieren enfrentarse a una mala legislación como la actual. ¿Por qué lo harían? Costaría mucho alquilarla y no saben si recuperarían lo invertido. Tampoco hay incentivos fiscales, o leyes que aseguren desalojos rápidos ante los impagos. Nada los mueve a realizar ese tipo de movimientos, al menos hasta que no se resuelva esta situación.  

Finalmente, sería importante fijar como requisito contractual un encuentro entre propietario e inquilino (que no siempre se da por la intervención de las inmobiliarias), donde ambas partes se comprometan a seguir buenas prácticas de convivencia y de buena fe. El contacto humano hace la diferencia al momento de cerrar un trato con un apretón de manos, más allá de los temas legales y contractuales. 

Nuestros legisladores deben abandonar las peleas internas, dejar de mirarse el ombligo y resolver cuestiones como esta, que representa uno de los problemas que deben resolver y para lo que fueron elegidos por la gente.