Hizo “ruido” todo el fin de semana la decisión oficial de autorizar a piqueteros oficialistas y camioneros a auditar supermercados, y ahora desde la oposición los califican de “grupos parapoliciales”.
Sin medias tintas, Elisa Carrió la emprendió este lunes contra el ministro de Economía, el secretario de Comercio Interior y el presidente de la Nación -en ese orden-, por autorizar el control de precios de parte de piqueteros oficialistas y camioneros. Al punto tal que presentó una denuncia penal.
La líder de la Coalición Cívica lo anunció a través de su cuenta de Twitter, donde este lunes tuiteó: “Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal”.
La acusación es por “los delitos de Incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos -artículos 209, 211, 213 bis, 246 y 248 del CP) contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra su ministro de Economía, Sergio Massa, y contra el secretario de Comercio, Matías Tombolini”.
Además, remarcaron que La Ley de Abastecimiento “en su artículo 12 prevé la firma de convenio marco para todas estas resoluciones de control de precios, stock, etc, destacando aquellos mecanismos aptos para el control de cumplimiento de la ley, sin aludir a organismos no gubernamentales”.
“La Resolución N’823/2022 del Ministerio de Economía, en la creación del programa ‘Precios Justos’, en su artículo 14 prevé la posibilidad de que particulares controlen y denuncien el incumplimiento de dicho programa, pero a través de un mecanismo específico que es el de uso de una aplicación móvil, con tarea de control de dichas denuncias, en manos de los inspectores del Ministerio, sin ninguna otra alusión”, plantearon en la denuncia.
En ese sentido, consideraron que “las autoridades denunciadas, se han colocado fuera de estas y de toda norma, arrasando los límites de sus competencias funcionales y avanzando sobre un ‘acuerdo’ cuyo objetivo no es otro que la sustitución de esos mecanismos legales, por vías de hecho. Dejan en manos de grupos caracterizados por su apego al delito, como modo de hacer ejecutar sus propósitos, con explícito aval oficial”.
A su vez, remarcaron que dicho “acuerdo mafioso comporta la estructuración de un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque” cuyo objetivo “persigue amedrentar y disciplinar a super
mercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley y obviando toda la burocracia estatal”.
En el mismo sentido se expresaron desde la Fundación Apolo, cercana a Republicanos Unidos. Por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, se presentó una denuncia penal contra el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, por incumplir los deberes de funcionario público; y contra el líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y demás integrantes del gremio, al entender que estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de las fiscalizaciones de precios por el programa “Precios Justos”.
Los empresarios ya habían salido este fin de semana a cuestionar en particular las inspecciones del gremio Camioneros en supermercados, cosa que fue avalada por el ministro de Economía, que en una entrevista publicada en Infobae este domingo señaló que “los camioneros lo que hacen es abastecer en el proceso de información, no controlan. Todos, Gobierno, oposición, empresarios y trabajadores, tienen que participar en un objetivo patriótico, que es construir una economía sin inflación”.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió por su parte: “Todo dentro del Estado de Derecho. Nada fuera de este. Massa y Tombolini empoderaron a grupos de antecedentes violentos, en un peligroso camino que desde la CC no avalaremos. Mañana será tarde”, y concluyó: “La Justicia tendrá que hacerse cargo de impedirlo, en eso trabajamos”.
A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, diputado Maximiliano Ferraro, habló de “un país al margen de la ley”, y advirtió: “Como no tienen un plan consistente, ahora arman grupos de choque paraestatales para el control de precios. Desde la CCARI nos presentaremos a la justicia para que se impidan estos aprietes”.
