La Comisión analizará un total de 12 expedientes contra la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales figuran los que fueron presentados por los diputados de la Coalición Cívica.
El pedido de juicio político hacia los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y acompañado por diez gobernadores ya tiene fecha y horario en el que comenzarán a ser analizados los 12 expedientes, debido a que la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la oficialista Ana Carolina Gaillard, oficializó la convocatoria este viernes por la tarde.
“Por expresa indicación de la señora Presidenta de la Comisión, diputada nacional Ana Carolina Gaillard, se lo/a cita a la Reunión de esta Comisión de Juicio Político, a realizarse el próximo día jueves 26 de enero de 2023, a las 11.00 horas, en la Sala 1 del segundo piso del anexo ‘A’, de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a efectos de considerar los expedientes referidos a solicitudes de Juicio Político a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza la convocatoria formal.
En el temario figuran 12 expedientes presentados por diputados tanto del kirchnerismo como de la oposición, especialmente aquellos que responden a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
Las presentaciones corresponden a los oficialistas Vanesa Siley, Juliana Di Tullio, Eduardo Valdés, Antonio de Martino, María Rosa Martínez, Antonio La Greca, y Patricia Isasa; y los de la CC-ARI, Paula Oliveto, y Juan Manuel López. Así como a la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir.
Por otro lado, el oficialismo citará a más de 40 testigos, entre ellos los cuatro jueces del máximo tribunal que están citados en carácter de acusados. En suma, pedirán que se libren 13 oficios a diferentes dependencias.
La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022. En esa oportunidad, se eligió como presidenta de la misma a la entrerriana del Frente de Todos Gaillard. En el cargo de vicepresidente primero fue designado el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López; y como vicepresidenta segunda a la entonces diputada oficialista Victoria Tolosa Paz. En tanto, las secretarías quedaron a cargo del jefe el bloque UCR, Mario Negri; el mendocino Omar De Marchi (Pro); y el porteño Álvaro Gustavo González (Pro).
Los demás diputados que son miembros de la comisión son, por el lado de la oposición Manuel Aguirre (UCR), Sabrina Ajmechet (Pro), Ana Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ximena García (UCR), Graciela Ocaña (Pro), Paula Oliveto (CC-ARI), María Luján Rey (Pro), Pablo Tonelli (Pro); y el titular del interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), quienes ya adelantaron que no darán quórum, pero si participarán de las reuniones.
Por el oficialismo, el jefe del bloque Germán Martínez -vocal de la Comisión- anunció que la massista Vanesa Massetani será reemplazada por el riojano Ricardo Herrera a fin de garantizarse la mayoría. Así los miembros por el FdT son Marcos Cleri, Ricardo Daives, José Luis Gioja, Leonardo Grosso, Ramiro Gutiérrez, Mario Leito, Francisco Monti, Micaela Moran, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Hernán Pérez Araujo, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Hugo Yasky.
El 1ro de enero del corriente año, el presidente de la Nación convocó a través de su cuenta de Twitter a los gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, “en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
La reunión con los gobernadores se dio el 3 de enero en Casa Rosada, y solo diez acompañaron el pedido con su firma y fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara baja en la noche del 12 de enero, pero fueron diputados nacionales y no el presidente de la Nación los que le pusieron la firma al texto, a los efectos de garantizar la vigencia del dictamen acusatorio por el término de tres años, cosa que no hubiera sucedido en caso de que quien impulsara el proyecto no fuera integrante del Congreso.
El número de expediente es 6905-D-2022, y lleva las firmas de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Marisa Uceda, Marcelo Casaretto, Agustín Fernández, Julio Pereyra, Varinia Marín, Mabel Caparrós, Bernardo Herrera, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Graciela Parola, Ricardo Herrera, Aldo Leiva, Blanca Osuna y Mara Brawer.
Entre los fundamentos del texto que consta de 410 fojas, se plantea que el jury contra Rosatti es “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”. Asimismo, el texto solicita “se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El proyecto acusa a los integrantes de la Corte de haber “realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
Más adelante, hablan de un “asalto al Consejo de la Magistratura” en relación al fallo de la Corte que declaró inconstitucional la Ley sancionada en 2016 y le “exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo plazo de ciento veinte días, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno” sobre la integración del Consejo de la Magistratura, “lo que demuestra la clara intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso”.
También refieren al fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por la quita de coparticipación. Señalan los diputados que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suspendió la aplicación de la Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de 2020. El extenso pedido de juicio político incluye una referencia a “incumplimientos y desmanejos relevados por la Comisión de Auditoría de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.
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