En el mismo, afirma la principal oposición, se busca “la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”.
A través del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Gobierno argentino presentará este lunes ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre nuestro país, que incluye severas críticas al Gobierno de Mauricio Macri y también a la Justicia.
El contenido del documento se conoció este fin de semana y fue cuestionado primero por la Coalición Cívica y luego por Juntos por el Cambio en general.
Según pudo saberse, el informe fue elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y habla de los discursos del odio que, se indica allí, “han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
El documento advierte sobre “la práctica del lawfare”, que atribuye a sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático”, afirmando que “constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”.
En el documento se sale en defensa de la vicepresidenta de la Nación, haciendo referencia a las causas que la tienen como acusada, en las cuales se afirma que “se violan garantías fundamentales del Estado de derecho bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción”.
“En estas causas judiciales, como las que enfrenta la expresidenta de la Nación, bajo
la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías
fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso
como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe
guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente
en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento
criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”, afirma el documento.
La principal oposición salió al cruce de esta noticia repudiando el accionar del Gobierno en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Repudiamos la acción de los representantes del Gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera, la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, afirma a través de un comunicado Juntos por el Cambio.
“Expresamos a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirma el comunicado, en el cual se repudia “el accionar de los representantes del Gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político”.
“Repudiamos que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”, enfatiza JxC.
Asimismo se considera “inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta ‘lawfare’ utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior administración de gobierno”.
El comunicado finaliza asegurando que “el fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción”.
