A casi dos semanas de que se produjera el derrumbe e incendio de algunas viviendas en el Barrio Padre Mugica, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración para que el Gobierno porteño brinde precisiones acerca de los ocurrido el pasado 18 de enero en el sector bajo autopista de ese lugar.

El proyecto, impulsado por Magdalena Tiesso (FdT), pide que se indique el número de viviendas afectadas; si se hizo un censo a las familias afectadas y si se realizó relevamiento del siniestro para proyectar las pérdidas de los vecinos y el estado general de salud de cada uno. Además buscarán conocer que datos arrojó la investigación sobre el incendio que se dio en el mismo lugar y que fuera asistido por los bomberos de la Ciudad.

Sobre esa misma línea, los legisladores buscarán conocer que tipo de asistencia se le brinda a las familias afectadas; si se repuso la pérdida de objetos personales como colchones, camas, electrodomésticos, ropa, etc; y si existe plan de contingencia para casos de derrumbe y/o incendio en procesos de reurbanización.

También exigieron detalles acerca de que solución habitacional se les ofreció a las familias, si se otorgó asistencia médica y reposición de medicamentos a las personas mayores, con discapacidad y embarazadas.

En cuanto a la empresa que llevó a cabo la demolición que ocasionó el derrumbe e incendio, los diputados pidieron que se especifique el nombre de la misma y responsable de la obra; los estudios se realizaron previo a la demolición; y el resultado de los estudios de impacto ambiental; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, desde el FdT explicaron que “las familias que habitaban las viviendas derrumbadas denuncian que luego del siniestro, no se les permitió ingresar al predio para retirar sus pertenencias, y que la única solución que recibieron fue dormir en paradores del GCBA” y recordaron que “los paradores no permiten el alojamiento de familias completas, sino que en la mayoría de ellos se separa a varones y mujeres. Por lo tanto, buscamos saber qué solución habitacional real y transitoria se les ofrecerá a estas familias, más allá de un parador, hasta tanto puedan volver a sus viviendas”.

“Del mismo modo, entendemos que al haberse producido el derrumbe en una obra pública, las viviendas siniestradas serán reconstruidas. Por eso, requerimos saber con urgencia cuándo se prevé que se realicen esas obras y en qué fecha aproximada se supone que podrán ser habitadas en condiciones seguras”, aseveraron.

Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “esta situación requiere una solución urgente, para evitar que estas familias sean revictimizadas. Ante el hecho traumático de perder su vivienda por un siniestro que suponemos que podría haberse evitado, el Estado tiene la responsabilidad de reparar el daño y ofrecer un techo digno, así como la posibilidad de que retiren sus pertenencias del lugar. Además, resulta imprescindible una investigación de los hechos y las sanciones correspondientes, a fin de que no vuelva a ocurrir una situación de semejante magnitud”.

El texto también lleva la firma de María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Juan Pablo O’Dezaille, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).