Así como la semana anterior medio millar de empresarios y profesionales se pronunciaron en contra del juicio político contra toda la Corte Suprema de Justicia, este viernes un grupo de representantes de entidades PyMEs nacionales, de sectores productivos y de servicios, y  profesionales de todo el país se pronunciaron desde la vereda opuesta.

Lo hicieron a través de una carta abierta dirigida a los legisladores de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y a la opinión pública en general, en la que mencionan precisamente ese pronunciamiento de 500 empresarios y profesionales pidiéndoles a los legisladores desistir de ese intento de juicio político.

“Nos asombramos e inquietamos de una misiva que incluye la peligrosa utilización de argumentos que desmerecen los chequeos y controles que requieren mutuamente en forma permanente los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional. Nos provoca una inmensa preocupación la redacción de un escrito de una minoría del empresariado y profesionales de nuestro país que incluye argumentos que desmerecen lo establecido por nuestra Constitución Nacional”, señalan en esta carta, titulada: “El juicio político es una instancia de la democracia y no del privilegio de impunidad”.

“Nos asombramos e inquietamos de una misiva que incluye la peligrosa utilización de argumentos que desmerecen los chequeos y controles que requieren mutuamente en forma permanente los tres poderes establecidos por la Constitución Nacional. Nos provoca una inmensa preocupación la redacción de un escrito de una minoría del empresariado y profesionales de nuestro país que incluye argumentos que desmerecen lo establecido por nuestra Constitución Nacional”, plantea esta misiva.

Allí remarcan que “el respeto de la división de poderes no puede ser sinónimo de privilegio. En países con instituciones democráticas funcionando, el Poder Judicial no goza de inmunidad e impunidades distintivas de privilegios y conductas. En tal sentido, la solicitud de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, se enmarca en lo preceptuado por el art. 53 de la Constitución Nacional (CN), siendo su denuncia y pedido de promoción una facultad de todo habitante de la Nación Argentina, y un deber para todo funcionario público frente a hipótesis de mal desempeño o posible comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. No es posible por lo tanto argumentar, sin responsabilidad ni fundamentos, que la impunidad de jueces es imprescindible para que ‘exista y se mantenga la actividad privada y la creación de empleo’ y que es el ‘único camino para reducir la pobreza’”.