Tras la controversia por el reconocimiento, por parte del Gobierno nacional, de la ocupación de tierras por comunidades mapuches en el sur de Mendoza, la diputada Pamela Verasay (UCR), junto a sus comprovicianos Jimena Latorre, Lisando Nieri y Julio Cobos, presentaron este martes un pedido de informes. En el mismo, solicitan al Poder Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco del “Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”, brinde detalles sobre el tema y fundamentación de la medida.

“En Argentina, la Constitución Nacional y las leyes reconocen a los pueblos originarios. Pero de ahí a manipular la ley para fines populistas como lo está haciendo el presidente Alberto Fernández, hay un gran diferencia. Por eso hoy estoy presentando este pedido de informes en el Congreso solicitando explicaciones”, aseveró Verasay.

La radical explicó: “Aquí hay dos cuestiones centrales, por un lado queremos saber por qué el Gobierno reconoce de manera exprés que esos territorios son de los pueblos originarios, siendo que aún no se ha determinado si son comunidades y ni siquiera tienen personería jurídica. Y, por otra parte, por qué se resolvió que los territorios son ancestrales, ignorando lo que dice la justicia mendocina”.

Entre las consultas que la legisladora enumera, se destaca la inscripción de la comunidad Lof El Sosneado y la comunidad Lof Suyai Levfv en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En este punto se solicita el estado actual del expediente, detalles y motivos por los cuales aún no se habría procedido a la registración.

En los fundamentos de la iniciativa se apuntó que han transcurrido más de 9 años de iniciado el proceso de registración de la Comunidad Lof El Sosneado y el INAI aún no logró reunir los elementos de juicio suficientes que le permitan concluir con su inscripción. “Por tal razón se requiere que se especifique los elementos concretos de probanza tenidos en cuenta y que permitieron acreditar la ocupación del territorio en forma tradicional, actual y pública por la comunidad. También los elementos probatorios considerados concretamente para localizar geográficamente en los polígonos territoriales reconocidos en propiedad comunitaria mediante Resolución INAI 36/2023”, apunta el pedido de informes.

Asimismo, se indica fundamentar cuáles son las causas por las que el INAI emitió la Resolución 36/2023, a pesar de no contar aún con los correspondientes informes catastrales.

Por su parte, Jimena Latorre opinó que “las resoluciones del INAI son una muestra cabal de los negociados del kirchnerismo y su desprecio por el orden legal y, en particular, por los intereses de los mendocinos. Procedimientos irregulares, que ellos mismos años atrás paralizaron; estudios e informes sin rigor científico sino meramente ideologizados, y una vez más vemos el avasallamiento a las autoridades locales”.

“El Gobierno que se escandaliza pidiendo independencia de poderes mientras pretende un juicio a la Corte Suprema de Justicia, pero cuando se trata de Mendoza cuestiona y desconoce, desde una oficina del Poder Ejecutivo, los fallos de la justicia mendocina”, continuó Verasay, quien consideró que “estas resoluciones viciadas, resultado de un procedimiento amañado no pueden tener ningún efecto; más el político que busca el kirchnerismo, desestabilizar y deslegitimar la ley y las instituciones”.

Legisladores nacionales y provinciales del Frente Cambia Mendoza se reunieron para analizar el tema. Al finalizar la reunión, Verasay destacó: “Expresamos gran preocupación por la falta de personería jurídica y la ausencia de intervención a la provincia de Mendoza. Hay una decisión de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que va en contra del Poder Ejecutivo provincial”.

“Queremos dejar en claro que no estamos en contra de la restitución dominial de las tierras de los pueblos originarios. Nuestra provincia no está en contra del reconocimiento de derechos, por lo contrario, somos pioneros en legislación en esta materia”, finalizó la diputada de la UCR.