A horas de que se conozca el fallo por el caso de Lucio Dupuy, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y miembro de la Comisión de Niñez, Manuela Thourte, insistió con un proyecto de su autoría para proteger a los menores de edad que son víctimas de violencia y le exigió a la Justicia que evalué “cada caso atentamente”.

A través de las redes sociales, la radical afirmó que “la violencia contra niñas y niños existe y en estos días estamos viendo en los medios su versión más extrema. Nos indigna, nos duele y no le encontramos explicación” y explicó que “para muchos chicos, su familia no es un lugar seguro ni respetuoso de su integridad y dignidad”.

“Los adultos debemos estar atentos y denunciar si sospechamos que un chico o chica sufre violencia. Las personas que trabajan en las escuelas, en los centros de salud y en las fuerzas de seguridad son clave para ayudar a detectar la violencia”, agregó.

Thourte también les pidió a las “juezas y los jueces deben evaluar cada caso atentamente y siempre escuchar a las niñas y niños. Es fundamental priorizar su protección por sobre los adultos”.

Al mismo tiempo que recordó que en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó “un proyecto de ley para definir mejor qué debe hacerse en la primera etapa de detección de la violencia o cuando un chico cuenta lo que le está pasando, con pautas claras y comunes de actuación y protocolos unificados y ágiles”.

“Los adultos debemos involucrarnos. Llamá al 102, línea gratuita y confidencial de atención sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, concluyó señalando.

El proyecto de Thourte

El texto en cuestión busca proteger integralmente los derechos de los niños y adolescentes de hasta 18 años que hayan sido víctimas o testigos de violencia. De esta manera la iniciativa busca garantizar “la integridad física, psíquica y de la dignidad” de los menores; brindar una “actuación coordinada y colaboración constante entre los organismos, profesionales y operadores/as intervinientes para garantizar la protección de sus derechos”; garantizar el respeto por la confidencialidad y la intimidad del niño o adolescente; aplicar la perspectiva de género, equidad y no discriminación en el trato al menor; entre otros puntos.

Los encargados de prestar este tipo de abordaje serán las escuelas y centros educativos a los que concurran los chicos, así como también los centros de salud y hospitales, organismos administrativos, comisarías y cualquier otra institución pública o privada que brinde asistencia, patrocinio o esté en contacto con niños y adolescentes.

Estos organismos deberán comunicar la denuncia del menor o la detección del hecho de violencia y proteger al niño; también deberá realizar un informe escrito acerca de lo ocurrido y resguardar su intimidad.

El texto presentado por Thourte también garantiza que en el caso de que el niño o adolescente se presente ante un organismo pertinente “sin acompañamiento de un integrante de su familia o persona de su confianza mayor de edad, a comunicar o denunciar que es víctima o testigo de una situación de violencia, o en una situación de detección o develamiento, se debe permitir su relato y garantizar que pueda formular la denuncia por sí misma, si así lo solicitara”.

También sostiene que se le deberá brindar atención médica inmediata.