En el arranque de la segunda jornada en comisión sobre el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López ratificaron la catarata de denuncias presentadas desde 2017 contra Ricardo Lorenzetti, al tiempo que rechazaron que se avance contra todo el máximo tribunal. 

En su larga exposición, Oliveto planteó todas las acusaciones contra quien fuera presidente de la Corte entre 2007 y 2018, y recordó que la solicitud “data del 2017 y fue presentada en su oportunidad por la doctora Elisa Carrió”. “En ese momento nosotros éramos Gobierno y la realidad es que no fue acompañado por Juntos por el Cambio”, apuntó. 

Y defendió que el pedido se enmarcó en “una decisión que respondía a la íntima convicción de nosotros como legisladores” sobre que Lorenzetti “no cumplía ni con la idoneidad moral, ni con un desempeño eficiente en sus funciones conforme las buenas prácticas administrativas y de transparencia”. 

“En ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido. Es más, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia (Germán Garavano) dijeron que no lo compartían”, señaló, y por eso mismo argumentó: “No respondía nuestra motivación a la necesidad de presionar a la Corte para que sancionara algo de acuerdo a los intereses políticos del momento, no; ni era un factor de extorsión al máximo tribunal, no; ni tampoco tenía como razón beneficiar a ningún encausado en ninguna causa; ni que fuera la forma en que encontraba una persona o un Gobierno para recusar al máximo tribunal ni para pedir la nulidad de los fallos”. 

“Lo hicimos más allá de cualquier especulación política o necesidad de un Gobierno para condicionar a un poder de la República”, insistió y aclaró que “ahí está la diferencia sustancial en relación a este momento”, en alusión a los pedidos del oficialismo. 

La legisladora cargó contra Lorenzetti al asegurar que “se convirtió en un hombre muy poderoso, muy temido, con una influencia insospechada, no solo dentro del tribunal sino también afuera” y “manejó a su arbitrio durante tantísimos años” el Poder Judicial. “De él dependía el diseño, la implementación y la ejecución de relevantes decisiones administrativas sobre presupuesto, la administración de los fondos y el diseño orgánico funcional del Poder Judicial argentino durante su presidencia”, dijo. 

Después pasó a enumerar “los 29 hechos que se imputan” a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos” por “articular de una matriz de negocios dentro dentro del ámbito de las competencias; una  evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema; y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”. 

En la larga lista de acusaciones, la porteña habló de “la transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte; la desarticulación de los mecanismos de participación en la toma de decisiones y de control interno de la administración y gestión de los recursos; el manejo discrecional de fondos millonarios extrapresupuestarios; la debilidad en el proceso de control interno; la concentración de las decisiones en la administración de la caja y la rendición de cuentas; y la débil intervención de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires”. 

También mencionó “la pelea por la caja judicial durante las leyes que promovía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, al tiempo de “sospechosos sorteos de causas; irregularidades en el sistema de informatización; irregularidades en la administración de los bienes de consumo; falta de ética; y designación arbitraria de personal”. “Durante la gestión del doctor Lorenzetti se incrementó la planta de la Corte de manera exponencial”, añadió. 

Además, la diputada de la CC-ARI le endilgó “un particular interés de intervenir en causas sensibles mediante el cuerpo de peritos del Poder Judicial” y “el incumplimiento de la Ley de Ética Pública en relación a la presentación de declaraciones juradas”. “Contribuyó a la ausencia de transparencia en el patrimonio”, aseveró y lo denunció por “el manejo irregular de dos fondos anticíclicos” y “el irregular y discrecional manejo de la obra social”. 

Puntualmente sobre el patrimonio del magistrado, Oliveto sostuvo que “la verdad que el patrimonio del doctor Lorenzetti es opaco y ha sido objeto de muchas presentaciones por parte de estos diputados y la doctora Carrió, y no hemos logrado que se avanzara”. “Es extraño su nivel de relación con prestadores de la salud, muchos de los cuales están radicados en la ciudad de Rafaela. Han sido sus socios”, reveló. 

En esa línea abundó, sobre ese grupo empresario: “Han crecido exponencialmente a partir del poder que ha adquirido Lorenzetti en los últimos años”. “Parte de los bienes que él utiliza están a nombre de empresas que están vinculados a este grupo; distintas propiedades, mansiones en su pueblo natal, acá en Puerto Madero, autos de lujo, que no están en su patrimonio”, explicó. 

Por otra parte, la mano derecha de Carrió se refirió a “la mutual PyME Rural, que ha crecido muchísimo en la ciudad de Rafaela y que ha sido investigada en la causa donde se canjeaban cheques para la AFA en ocasión del programa Fútbol para Todos”. 

En otro tramo habló de “Lorenzetti y su poder de escucharte” sobre el traspaso que se dio en 2015 del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema. “Puso personas de su máxima confianza y hubo debilidades en control de ese área tan sensible”, resaltó. 

Finalmente, Oliveto acusó al juez del “manejo discrecional de los bienes decomisados” y su “resistencia para que esos bienes tengan una finalidad social”.  

“No es fácil hablar de Lorenzetti, tiene unos tentáculos que nosotros ni nos imaginamos”, enfatizó y expresó: “Sabemos muchas veces que cuando uno toca a esta persona, tiene vuelto”. Pero ratificó su convicción de que “mi liderazgo y mi partido no tienen precio”.

A sus pares de Juntos por el Cambio les agradeció por haber respetado la postura de la CC a lo largo de los años, mientras que al oficialismo le aclaró: “No voy a acompañar muchas de las causales que están propiciando, porque entiendo que tienen una dirección que no es a los efectos de mejorar la Corte, sino de mejorar la posición de un Gobierno cuando un fallo le es adverso, pero respeto el derecho de un legislador en defender sus ideas y plantear sus disidencias en este ámbito, que es la casa de la democracia”. 

“Con profunda honestidad intelectual vamos a trabajar en defender las garantías constitucionales de las personas que están siendo traídas a ese proceso. No creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte para forzar recusaciones o la posibilidad de ser reemplazados por conjueces”, concluyó. 

En una breve intervención, el jefe de la CC, Juan Manuel López, explicó que el pedido firmado por él es “una ampliación del juicio político que fundó” Oliveto, puntualmente sobre “el hecho que está relacionado con el poder de influencia del doctor Lorenzetti sobre distintos actores de la política, la Justicia y la sociedad civil para que se sancione de una manera la Ley del Consejo de la Magistratura que finalmente no se sancionó”. 

“El bloque de la Coalición Cívica ratifica todos los hechos que denunció la exdiputada Carrió”, afirmó, y valoró que su partido desde 1996 ha presentado distintos pedidos de juicio político con la intención de “mejorar la Justicia desde nuestra función, pero nunca de presionar al Poder Judicial”. “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”, aseveró.