Por Jorge Cuello. El docente le atribuyó responsabilidades al ser humano y al cambio climático.
El 2 de febrero ha sido instaurado por las Naciones Unidas como el día Mundial de los Humedales con el objetivo de concientizar a la humanidad acerca de la importancia que tienen estos ecosistemas para la protección de la naturaleza y la supervivencia de la especie humana.
En esta fecha resulta fundamental que exijamos desde la ciudadanía y desde diferentes movimientos políticos, sociales y ambientales que el Congreso Nacional Argentino apruebe un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales.
Porque no podemos seguir esperando más tiempo para regular un recurso estratégico como el agua.
Máxime en un contexto donde es evidente su importancia en un momento en donde la sequía está haciendo estragos en nuestro sistema productivo y económico y donde la fragilidad a la que están expuestos estos ecosistemas los pone en jaque mate muchas veces por diferentes razones.
Por un lado, por las acciones productivas que desarrolla el ser humano y que muchas veces impactan de manera directa sobre nuestras cuencas hídricas.
Y por el otro, porque es indudable que el cambio climático está alterando el ciclo hidrológico y ello genera enormes consecuencias negativas muchas veces imposible de revertir.
Esta situación conspira contra la posibilidad de que las comunidades puedan hacer un uso racional de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales.
Y además conspira contra la posibilidad de que se puedan utilizar con fines recreativos por las comunidades aledañas como así también por los turistas que llegan a las ciudades donde se encuentran ubicados estos reservorios de agua dulce que en el caso argentino llegan a cubrir casi un 20% de todo nuestro territorio nacional.
Los tiempos de la política y los intereses económicos que muchas veces defienden nuestros representantes del pueblo impiden que se adopten medidas serias de protección de los humedales y retrasaron durante más de 10 años la sanción de una ley nacional para su protección la cual resulta fundamental y absolutamente necesaria para garantizar la existencia y conservación de estas fuentes de vida.
