Vocero del pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández junto a once gobernadores avalaron contra los jueces de la Corte Suprema, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés aseguró que los magistrados cometieron “actos de mal desempeño que fueron realizados contra el federalismo, contra los derechos humanos, contra la política tributaria y contra las competencias del propio Congreso de la Nación”. 

Al argumentar las acusaciones plasmadas en el proyecto presentado con la firma de 15 legisladores oficialistas, el porteño defendió que “no hay en todo el ordenamiento jurídico un instrumento más robusto que el juicio político” y, tras leer artículos 112 y 116 de la Constitución Nacional -sobre las funciones de los jueces-, pasó a enumerar las causales.

En primer término, Valdés se refirió a las “irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial”. “Se deberían investigar y comprobar si los magistrados omitieron conformar en debida forma el directorio de la obra social para, de ese modo, poder realizar un incumplimiento sistemático de la administración indelegable que les correspondía realizar”, señaló.

Y agregó que “estas omisiones habrían facilitado la malversación de fondos en perjuicio de los afiliados y afiliadas de la obra social”, además de que “en una auditoría encargada por la propia Corte se determinó que la obra social fue administrada ineficientemente durante 13 años”. 

Luego se refirió al fallo de la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien aclaró que el máximo tribunal tiene “competencia originaria” para resolver sobre estos conflictos, el diputado hizo énfasis en la condición de “agentes naturales del Estado federal” que tienen los gobernadores. En esa línea, se quejó: “Es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a 15 gobernadores. No los escuchó cuando se presentaron como amicus curiae. En este tema, donde estaban implicados, era obligación de ser escuchados”. “¿Por qué no se escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Horacio Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vinculado por medio de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro?”, se preguntó en alusión a la filtración de chats del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, actualmente con licencia. 

“La Corte, asumiendo facultades legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al Parlamento”, añadió. 

A continuación habló sobre el fallo 2×1 que beneficiaba a represores y resaltó que “cuando se es condenado por lesa humanidad, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para la Corte Suprema de Justicia los sentenciados no pueden tener ningún beneficio por la inhumanidad del crimen cometido, pero los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz violan esa premisa aplicando el 2×1”. 

Finalmente, sobre la cuestión del Consejo de la Magistratura, Valdés consideró que Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda “dieron un golpe de Estado”. “Para consagrar la toma del Consejo de la Magistratura, ante la ausencia de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, conformaron una mayoría irregular, donde el propio Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se votaron como presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Éticamente no corresponde”, sostuvo. 

“A partir de la asunción de Rosatti como presidente de la Corte se pone en marcha lo que podemos denominar como el asalto al Consejo de la Magistratura”, insistió y mencionó que la Ley 26.080, declarada inconstitucional por la Corte en diciembre de 2021, “estuvo vigente 15 años”. “Si la ley atacada es sancionada en 2006, ¿cómo puede ser que la Corte reacciona 15 años después?”, cuestionó. 

El legislador remarcó que “no contentos con esto, desentierran una ley derogada por el Congreso de la Nación. No hay Corte en el mundo, Superior Tribunal en el mundo, que resucite una ley derogada por el Parlamento. (La Corte) se atribuyó facultades legislativas”. 

También criticó que Rosatti se haya “autovotado una vez más” y que haya intervenido en los amparos presentados por el senador Luis Juez y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. “Rosatti tenía y tiene un interés directo en el caso” lo cual es “causal directa de recusación”, aseveró. 

En el final, el oficialista repasó todas las denuncias contra los jueces y puntualmente a Rosatti lo acusó de haber dictado resoluciones “contra la Ley de Presupuesto”, haber violado la Ley de Ética Pública y haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y prevaricato.

“El juicio político es la única herramienta que la Constitución le da al Congreso en el caso de mal desempeño de funciones de los jueces de la Corte”, ratificó. 

“Soñamos con una Corte Suprema de Justicia de la Nación donde ningún ministro vaya al exterior a decir que este Parlamento no debe consagrar derechos ante una necesidad. Soñamos con un Consejo de la Magistratura en donde cualquier magistrado, tenga la jerarquía que tenga, sea juzgado por inconducta si acepta dádivas de los grupos económicos más poderosos. Sueño con un Consejo de Magistratura que sancione a un juez y a un fiscal que convoque a ocho indagatorias en un mismo día a una sola persona, sea de los que piensen como yo o no. Felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlos realidad”, finalizó.