Por Leandro Bravo

Miembro del Consejo de la Magistratura y secretario de la Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Álvaro González (Pro – CABA) es palabra autorizada a la hora de hablar de las cuestiones judiciales que concentran este verano toda la atención en el Congreso de la Nación. En ese sentido, no duda en señalar que el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que promueve el oficialismo, tiene en uno de sus fundamentos “una maniobra irregular que da a pensar que los organismos de Inteligencia están detrás”.

Se refiere a la obtención de los “supuestos” chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y el asesor del máximo tribunal de justicia, Silvio Robles, que han sido uno de los elementos que el Gobierno ha tenido en cuenta a la hora de promover esta embestida contra la Corte.

Entrevistado por parlamentario.com, el diputado opositor consideró: “Es inadmisible armar un juicio político cada vez que un juez falle una cautelar, porque lo que estarían queriendo hacer es correr a los jueces, y no probar el mal desempeño”.

Consultado también sobre las candidaturas de Juntos por el Cambio, el consejero respondió: “Primero están las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias). Quien gane gobernará y quien pierda tiene la obligación de acompañar al que gane”.

– ¿Qué balance hace de estas dos primeras jornadas del juicio político?

– El primer dato es que el oficialismo ha decidido avanzar en el enjuiciamiento de los miembros de la Corte sobre distintos expedientes, son 14 en total. La primera reunión consistió en leer esos 14 pedidos y, sobre eso hubo discusiones, básicamente, de contenido político en función de que ellos creen que son suficientemente importantes los cargos en los pedidos como para admitir el juicio político y avanzar, y nosotros creemos que hay una “embestida” por parte del Ejecutivo a través de los legisladores que han presentado los pedidos de juicio político contra la Corte, que tienen que ver con los problemas que tiene el oficialismo con la Justicia. La segunda reunión fue la del jueves pasado, donde vinieron todos y cada uno de los firmantes de los proyectos y expusieron -verbalmente- los motivos por los que creían que correspondía el juicio político. De allí surgen tres grandes grupos de motivos de fondo: están los cargos vinculados al contenido de la sentencia; esto básicamente tiene que ver con la incomodidad que le genera al Gobierno nacional no haber podido resolver en sede administrativa la discusión que tienen con la Ciudad de Buenos Aires producto de la coparticipación que, a su vez, es producto de la transferencia de servicios de seguridad. Eso tuvo, en una primera etapa, una discusión en el Ministerio del Interior con (Silvina) Batakis como secretaria de Interior y Wado De Pedro como ministro. Intempestivamente, un día el Gobierno nacional nos sacó un pedazo de la coparticipación, sin avisar, y nosotros no tuvimos otra alternativa que recurrir a la Corte para reclamar lo que es nuestro.

Primer dato: lo que falló la Corte es una cautelar, no una cuestión de fondo. Por eso consideramos que es inadmisible armar un juicio político cada vez que un juez falle una cautelar, porque lo que estarían queriendo es correr a los jueces, no probar el mal desempeño.

Segundo dato: el contenido de las sentencias está escrito en todas las jurisprudencias, tanto latinoamericanas, como mundial, de que los jueces no pueden ser sometidos a juicio político por su sentencia. Acá no hay ningún prevaricato, ni ningún delito comprobado como para que se pida juicio político porque el contenido de la cautelar no convence al Gobierno nacional. El Gobierno nacional tiene las herramientas de resolver esto: resulta que dicen que la sentencia le causa un perjuicio irreparable y es todo mentira. Esto sale de la coparticipación primaria, no sale de la coparticipación de los gobernadores. Ahora resulta ser que lo que le sacaron a la Ciudad se lo dieron a la provincia de Buenos Aires, y Provincia tiene plata en plazos fijos en dólares y en pesos. Es un problema por tener una mirada con un distrito que es esquivo al oficialismo y ver si le pueden sacar recursos a un distrito que no los acompañe. Por otra parte, es un distrito que aporta a la masa coparticipable un 25 por ciento y le devuelven el 1,4. Le transfieren un servicio como lo fue la Policía, y no le pasan la plata para pagar ese servicio. También están los cargos vinculados a supuestos chats, que ya fueron judicializados y archivados porque existe un principio general: vulneran la cuestión privada de la gente. No se puede iniciar un juicio político por chats que, en el mejor de los casos si fueran ciertos -nadie lo comprobó-, han sido obtenidos de forma irregular. No hay ningún juez que haya ordenado la intervención de esos teléfonos, por lo cual hace pensar que los organismos de Inteligencia están detrás de todo esto.

Por último, los cargos que están vinculados a las irregularidades de la obra social: se ve que se acordaron tarde, porque la obra social y la Corte están vinculadas hace años. No entiendo muy bien porqué ahora se les ocurre investigar cómo está administrada la obra social. Mucha sorpresa me causa que citen como testigo al juez (Eugenio) Zaffaroni, que fue miembro de la Corte durante años. O sea que Zaffaroni vino a contar los “desaguisados” que hacían con la obra social. Después escuché el relato de Patricia Isasa (sobreviviente de la dictadura) contra el presidente la Corte (Horacio) Rosatti. La señora dice que el mal desempeño se dio cuando él era intendente de Santa Fe, pero después Rosatti fue ministro de Justicia de -la gestión presidencial- Néstor Kirchner. Traer el tema de los Derechos Humanos y mezclar esta situación para decir que los miembros de la Corte son personajes que quieren acompañar a la dictadura, me parece un disparate. Ellos -el oficialismo- no están conformes con la Justicia. No pudimos ponernos de acuerdo para definir la ley del Consejo de la Magistratura con los tiempos que puso la Justicia y la política cuando no se pone de acuerdo recurre a la Corte, pero un sector de la política que no está de acuerdo pide juicio político. Me parece llamativo. Cuando el oficialismo pide juicio político por un fallo que no le gusta está cometiendo un avasallamiento contra la Justicia, que falla a derecho. Seguramente el jueves que viene -en la Comisión de Juicio Político- tendrán 16 votos, y habrá dos despachos, uno de admisibilidad y otro de rechazo, que luego irán a parar a un cajón. El oficialismo no va a juntar 172 votos -en el recinto- para sacar a la Corte. Esto tiene que ver más con un show y un circo político que con una posible solución de que si lo que ellos platean fuera un problema. Ellos saben que si lo llevan al recinto pierden. Bajémosle la expectativa.

– ¿Cómo cree que va a quedar el prestigio de la Corte Suprema luego de que pase este juicio político?

– Para la República Argentina llevar un juicio político adelante sin fundamentos, en forma irregular, puede comprometer las responsabilidades institucionales de la Argentina en el mundo. Imaginate lo que es para el mundo cuando vos le pedís inversiones y decimos que queremos salir del estado económico calamitoso que tenemos para salir con crecimiento. ¿Puede haber inversiones en un país donde el órgano superior de Justicia está sometido a juicio político? El prestigio de la Corte va a quedar en el lugar donde tiene que quedar, porque se va a probar que todo lo que dice el oficialismo de la Corte quedará saldado cuando no tengan el número en el Congreso.

– ¿Qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se destraba la situación en ese organismo?

– Lo primero que tiene que ocurrir es que se termine de conformar y creo que ahí falta una resolución de la Corte vinculada al estamento del Senado. El oficialismo se dividió en dos para quitarle un lugar a la oposición que le correspondía al Pro y la Corte ya sacó una resolución diciendo que eso era para quedarse con un lugar que no le correspondía. Ese tema está a resolución de la Corte y saldrá en el corto plazo para que el Consejo de la Magistratura quede conformado con los 20 miembros.

– Lo llevo al terreno electoral, ¿no perjudica a JxC la existencia de tantos candidatos en la provincia de Buenos Aires y ahora también en la Ciudad de Buenos Aires?

-La cantidad de candidatos de hoy, no será la cantidad de candidatos en las generales, porque antes están las PASO. El candidato que la gente elija será quien estará como candidato de Juntos por el Cambio.

– ¿Cómo se saldan las heridas una vez que finalice el período electoral?

– La competencia es histórica en la política. Es muy sencillo, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. El que gana tiene la obligación de incorporar a aquellos que perdieron, y los que perdieron tiene la obligación de apoyar a los que ganaron. El que gane -las PASO- será el candidato de todo Juntos por el Cambio. Para mí, va a ganar Horacio Rodríguez Larreta -jefe de Gobierno porteño-.

–¿Lo ve a Larreta como el presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre?

– Veo que es el candidato que mejor puede discutir el modelo que necesita la Argentina para el próximo tiempo. Es el que tiene mayor experiencia y quien tiene una propuesta de llevarlo adelante con la mayor cantidad de acompañamiento posible. Eso es lo que yo veo.