Desde que se inició el periodo de sesiones extraordinarias, la principal bancada opositora convocó este martes por primera vez una comisión que presiden: la de Comercio a cargo de la radical Gabriela Lena (Entre Ríos) en la que abordaron la problemática de los juicios laborales, registración de empleados y su impacto en el comercio y en las PyMes.

Esta actitud se destaca porque la posición del principal interbloque opositor es la de no dar quórum en las comisiones o sesiones mientras el oficialismo mantenga el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, en las reuniones que ha habido desde el pasado 23 de enero, los legisladores de JxC dieron el presente una vez reunido el quórum.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados. Sin un proyecto puntual a debatir, a la reunión informativa asistieron un total de 13 representantes del comercio y pequeñas y medianas empresas.

Al inicio de la reunión, Lena remarcó que “han sido años difíciles para nuestro país en general y para el comercio en particular porque encontramos trabas, problemas, burocracia para realizar esta actividad que es tan beneficiosa para el país que es el comercio en una actividad fácil de llevar adelante”.

“La gente espera de este Congreso que se traten temas que interesen a la sociedad”, disparó la radical y siguió: “Sabemos que hay mucha dificultad con la espiral inflacionaria con la falta de insumos para la industria. Con un salario que no alcanza. Con una política errática de cambios”.

En ese sentido, planteó: “Nosotros queremos poner una agenda de trabajo que tenga que ver con estos problemas, que son los problemas cotidianos de la gente, de la sociedad en general”. “Más allá de las diferencias partidarias o políticas que podamos llegar a tener, desde esta comisión estamos dispuestos a escuchar a todos en los diferentes temas que sean necesarios de dar los debates y de visibilizar cada uno de los problemas de los argentinos”.

Pidió la palabra la vicepresidenta de la comisión, la oficialista Silvana Ginocchio (Catamarca) resaltó que la comisión “tiene una importante temática que está relacionada con el comercio interior, el abastecimiento y todo lo que hace al comercio exterior”. Respecto al tema a debatir en la reunión, remarcó que “toca al trabajo y tiene sus propias problemáticas con sus propios actores donde están los trabajadores y quienes dan el empleo”.

“Reconozco que hay un problema desde hace un tiempo atrás que a atravesado nuestro país donde hubo pérdida de puestos de trabajo, donde hubo una pandemia, donde hemos tenido un endeudamiento con un impacto muy fuerte en nuestra economía. Hay variables económicas que están dando buenas pautas y lo que nosotros hoy estamos tratando es sobre problemáticas específicas dentro del mundo del trabajo que se relacionan con lo que es la informalidad, fraudes o higiene y seguridad en el trabajo dando lugar a reclamos”, explayó la fueguina.

En esa línea, subrayó que es “fundamental y necesario” que el Congreso “trabaje y funcione para poder atender todos los problemas que los argentinos esperan”.

A continuación, fue el turno del primer expositor Esteban Mancuso -Coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio- quien agradeció la invitación con el fin de “obtener la mejor ley posible para un problema endémico como es el empleo no registrado o mal registrado”.

“Concordamos con los fundamentos del proyecto, especialmente con las cuestiones vinculadas a la valoración de la situación que sufren las PyMEs cuando la imprevisibilidad del marco legal vigente hace imposible calcular o muchas veces subsistir una PyMe al momento de tener la extinción de un vínculo laboral o un juicio laboral que hoy implica el cierre de la persiana de una PyMe”, respaldó Mancuso.

A su vez, el funcionario sostuvo que es “conveniente el cambio del destino de las multas que sean destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiere recibir el registro jubilatorio en materia de financiamiento”, y sumó: “Estando en el 2023 es un gran avance hacerse de soluciones tecnológicas para lo que es un engrosamiento de las liquidaciones laborales como la entrega del certificado del artículo 80”.

Por último, planteó dos elementos para contribuir a la mejora de la ley: “Uno de ellos está vinculado con evitar mayor litigiosidad ya que retrotrae aquellos vicios que intenta solucionar cuando hablamos del destino de las multas y de la protección que recibe el trabajador. Son cuestiones que no quedan del todo precisas y entendemos que darían lugar a nuevos litigios judiciales que es uno de los objetivos que el proyecto intenta solucionar”.

En segundo lugar, Mancuso sugirió lo que fue la “complementaria Ley de riesgo del trabajo porque hay cuestiones vinculadas con la mochila y la antigüedad de registrar situaciones laborales que tienen una antigüedad suficiente como para ser un inconveniente a la hora de registrar esa relación laboral”. En esa línea, propuso acercar un programa donde las tres partes vinculadas “obtendrían una solución, es decir blanquear un trabajador sin que el Estado deje de percibir aquellos ingresos que fueron omitidos, que el trabajador se sienta amparado y otorgarles a todos los empleadores la posibilidad de acercar estas contribuciones que fueron omitidas en un periodo de tiempo considerable”.

En una breve interrupción, Lena aclaró que “no” se está tratando “ningún proyecto de ley” y dedujo que el invitado se refirió en su alocución a un proyecto que tiene que ver con las multas en la registración laboral.

En ese punto, Mancuso resumió: “Para incentivar la litigiosidad proponemos una instancia previa administrativa similar a la complementaria Ley de Riesgo de Trabajo donde lo que se buscaría es que en una instancia fuera de la justicia se intente incentivar acuerdos conciliatorios en esta instancia y una vez luego denunciarla a una instancia superior en la justicia”.

Luego fue el turno de Juan Ángel Ciolli -representante de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN)- remarcó que el tema de los juicios laborales es “importante y significante” que “hay que abordar seriamente”, pero manifestó que “es un tema que hay que abordar en conjunto con los trabajadores” porque “afecta a las PyMEs y a la organización de los trabajadores” y denunció que eso “se armó como un negocio entre abogados y jueces laboralistas”.

“Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 a 9 trabajadores, a partir de ahí un solo juicio puede representar una media de entre 5 trabajadores, el 20% de una empresa. Un juicio puede provocar el cierre de una empresa por eso es que creo que este tema hay que abordarlo en todas sus dimensiones, pero junto con los trabajadores”, consideró Ciolli.

Además, sugirió que debe haber un libro digital del sueldo para que los trabajadores puedan ver su salario y, en caso de reclamo, lo puedan realizar en los tiempos correspondientes. “Esto puede ser un elemento fundamental para evitar los juicios. Debe haber una instancia intermedia y que debe ser un observatorio tripartito donde participen las cámaras, sindicatos y el Estado para tener una orientación clara para saber de qué tata el juicio”, planteó.

También criticó que “hay una segmentación en política pública en materia fiscal, financiera y laboral porque no es lo mismo una micro, pequeña o mediana empresa que una empresa de capital concentrado”, y pidió a los diputados “entender que la peor inequidad es legislar igual para desiguales porque tiene que haber una diferenciación entre los micro y medianos empresarios que damos más del 70% de la mano de obra”.

El asesor del Departamento de Legales de C.A.M.E, Juan Pablo Diab, también compartió que es “grave” el problema de la litigiosidad laboral porque el 95% de los juicios laborales están referenciados a tres normas que son la Ley Nacional de Empleo, la Ley 25.323 y la Ley 23.345 y remarcó que “no hay reclamo laboral que no conlleve a estas normas”.

“Están basados en normas que buscaban reparar ante el instituto del blanqueo de personal que en la historia ha demostrado que no ha tenido el efecto que buscaba y muchas veces fue usado como herramienta para confundir al trabajador en sus derechos y hacerlo tentar por sumas cuantiosas que caen en multas que no siempre se termina percibiendo y que como consecuencia termina perdiendo su fuente de empleo y a la empresa le genera una incordia y los gastos judiciales”, explicó Diab.

Al igual que sus predecesores, remarcó la necesidad de que haya una “instancia intermedia” en el tiempo de reclamo y en el plazo que da la ley cuando no es registrado el trabajador conforme a su denuncia. “Hay que hacer algo con la litigiosidad sin quitarle derechos al trabajador”, cerró.

Leo Ezequiel Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), informó que en 2022 las empresas “tuvieron buenas ventas” tanto del comercio como de los servicios que “es un dato que contextualiza a la hora de hablar de los litigios laborales” porque “mientras haya venta la discusión se torna más amigable”.

“Esta discusión se debe dar en la Comisión de Legislación del Trabajo con discusiones multidimensionales porque la unilateralidad lleva a buen puerto”, sostuvo Bilansky. Respecto a un relevamiento realizado por la institución que preside sobre la litigiosidad y la conflictividad laboral destacó que “el 76% no tiene ningún tipo de reclamo laboral, mientras que un 12% tiene conflictividad con un solo trabajador y el 10% tiene episodios laborales significativos”.

En ese marco, precisó que un 42% de las empresas presentan conflictos o litigios por ausentismo injustificado, reclamos salariales distorsivos. “En Argentina hay 529 mil empresas registradas de las que el 96% de las empresas tienen hasta 50 empleados y 31,4% del empleo, solo el 4% de las empresas tiene más de 50 empleados y 68,6% del empleo”, informó.

“Hay que dar un debate sobre la simplificación laboral con todos los actores”, propuso Bilansky y comentó que en 2023 se crearon 10 mil empresas en el país y apuntó contra la gestión anterior donde “perdimos 31 mil PyMEs. Hay que crear al menos 50 mil PyMes”.

Por último, sobre los principales puntos que causan la litigiosidad enumeró: “La coyuntura económica, la inflación. Tenemos que estar hablando de los monopolios y oligopolios que le pisan la cabeza a las PyMes, ese es el tema que tenemos que debatir”.

En su alocución, William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) resaltó que los juicios laborales son “problemas muy grandes al sector”. Al igual que sus pares, compartió que deben estar todas las partes para encontrar una “solución de fondo”.

También expusieron Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica de Corrientes; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD S.A.; Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química; Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME); el diputado nacional Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME; David Selser, Confederación General de la Producción; y Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.