Tal como se preveía, con 16 diputados en la comisión homónima, se dio apertura formal al proceso de investigación y recolección de pruebas. La oposición presentó el rechazo “in limine”, con la disidencia de la CC-ARI respecto de Ricardo Lorenzetti.
En una intensa y larga reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde oficialismo y oposición dejaron planteadas claramente sus diferencias respecto al tema, el Frente de Todos aprobó por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con 16 miembros sobre 31 de la comisión, el oficialismo se alzó con la resolución que sostiene que de los 14 proyectos “se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”.
“El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático”, agrega el texto que hace referencia al informe de admisibilidad de unas 90 carillas.
Pasadas las 15, tras la intervención de Vanesa Siley, la resolución propuesta por el Frente de Todos se votó de manera nominal y uno a uno los integrantes de la comisión dejaron expresado su voto, resultando 16 contra 15.
Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un informe de rechazo “in limine”, de 108 páginas, en la que se aclara que los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto declaran la apertura del sumario de investigación respecto únicamente de Lorenzetti, en base a sus propios pedidos.
Con un escrito propio, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, titular del interbloque Federal, también se manifestó por la inadmisibilidad.
En la totalidad de los 14 expedientes hay de diputados del Frente de Todos y la CC-ARI, de la senadora Juliana Di Tullio (UC-FdT), de asociaciones civiles y particulares.
Entre las iniciativas del oficialismo, aquella que lleva la firma de Eduardo Valdés, junto a otros 14 diputados, replica el pedido del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Allí se acusa a los jueces por mal desempeño de sus funciones por el fallo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido la antigua ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores; y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Aprobado el informe de admisibilidad este jueves, quedó formalmente abierto el proceso de investigación y recolección de pruebas, donde se llamará a declarar a testigos. Los jueces podrán ser citados, aunque pueden negarse a concurrir.
En el comienzo de la reunión, el secretario de la comisión leyó los asuntos entrados, entre ellos ampliaciones a los pedidos de juicio político, pero la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), aclaró que “si hay nuevos pedidos y ampliaciones será evaluado posteriormente”. “No hemos avalado nada de lo nuevo que ha ingresado. Todos los diputados han tenido conocimiento de todos los expedientes”, agregó y anticipó que “una vez tratada la resolución que propone la admisibilidad” en la próxima reunión -que será el jueves 16- la intención será avanzar “en un cronograma para producir la prueba”.
Alegando cuestiones reglamentarias, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionó el escaso tiempo con el que el informe de admisibilidad fue enviado a los legisladores. “Ese informe de 91 fojas ingresó a nuestro conocimiento 48 minutos antes del inicio de esta reunión”, remarcó, y consideró que eso tornaba “imposible que se cumpla con el mandato del artículo 9” del reglamento de la comisión. “Considerar un informe no es tirarlo por la cabeza para ver quién está a favor y quién está en contra. Considerar supone un análisis minucioso, con detenimiento, con específica atención”, sostuvo y pidió que, en todo caso, se cite a una nueva reunión.
“Lo que hoy vamos a hacer no es la primera decisión que ha tomado esta comisión”, aclaró el jefe del oficialismo, Germán Martínez, y subrayó que “todos los elementos que traemos a esta reunión son conocidos por todos, no hay ningún hecho nuevo. No hay ningún expediente nuevo”. El informe “es una expresión administrativa que tiene sus sustentos en el análisis que cada uno de los espacios políticos hemos hecho”, añadió.
Gaillard cerró la discusión reconociendo que “es cierto que el informe ha llegado el mismo día”, pero justificó: “Hemos tenido suficiente tiempo para evaluar los proyectos y en el informe no hay más que un análisis de los mismos”.
En un fuerte discurso, el vicepresidente de la comisión y jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, enfatizó: “Creemos que la avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene, entre sus más patéticos y peligrosos antecedentes, el alzamiento que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático”.
A continuación, fue el turno del titular del bloque UCR y secretario de la comisión, Mario Negri, quien sostuvo que “la Corte Suprema no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias”, y manifestó que los jueces de la Corte Suprema “no han incurrido en delito o mal desempeño. Las causales son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real”. “Está finalizando el ciclo de 16 años de confrontación con la Justicia y ahora le declararon la guerra contra la Constitución”, enfatizó.
De la vereda de enfrente, el kirchnerista Leopoldo Moreau brindó un discurso muy crítico contra los jueces del máximo tribunal y denunció que “esta Corte se ha transformado en un cuarteto de fulleros que juegan al truco con la Constitución”, y que “se quieren apropiar de la democracia”.
En su intervención, el porteño Pablo Tonelli (Pro) criticó que el origen del pedido de juicio político es “el disgusto, la molestia del presidente por una decisión de la Corte Suprema que, en un principio, el presidente había dicho que iba a cumplir por el fallo por la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Las razones que esgrimió el presidente y que están reiteradas en el pedido son endebles que no justifican avanzar con el juicio político. Lo primero que se dijo es que la Corte se había robado facultades legislativas, esto de ninguna manera es así”, cuestionó Tonelli y sumó: “Dijeron que la Corte había prescindido de aplicar una ley sin declararla inconstitucional”.
En esa línea, agregó: “Dijeron que esa ley iba en detrimento de las provincias, cuando en realidad, es al revés. No hay detrimento económico contra las provincias, porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires sale de la Nación, no afecta a las provincias ni atenta contra el federalismo”.
“El origen del pedido de juicio político es carente de fundamentos que solo responde al fastidio, a la bronca que le dio al presidente que la Corte, en un legítimo uso de sus atribuciones, invalidara una decisión que había tomado él. El argumento más deleznable de todos es la referida a unos supuestos chats del exministro de Justicia de Seguridad y un colaborador del presidente de la Corte”, remató Tonelli.
Fue el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, quien le respondió a los diputados de la oposición y aclaró: “Nadie nos da letra y no somos ventrílocuos de nadie”, cuyos dichos los consideró como “una falta enorme de respeto”, y los acusó de “minimizar” el trabajo de la comisión. Por otro lado, remarcó que el juicio político “es uno de los controles intra-órganos lo dice la Constitución Nacional. Es la herramienta que hace efectiva el régimen republicano de la división de poderes”.
En una breve intervención, el titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, expresó que “es un hecho incontrovertible que en muchos países los gobiernos populistas están avanzando sobre el poder judicial y amenazando la independencia de los tribunales y la justicia. Esto es una preocupación importante porque la independencia del Poder Judicial es un componente esencial de cualquier sociedad democrática que garantiza que las leyes se apliquen de manera imparcial y objetiva”.
Para el cordobés, estos “ataques” contra la justicia se da porque “pueden sentir que los tribunales están obstaculizando sus objetivos políticos y sus políticas públicas lo que los lleva a buscar controlar el Poder Judicial para poder asegurarse de que sus iniciativas sean implementadas sin obstáculos. Pueden creer que está compuesto por jueces y magistrados que no comparten sus valores y visión y que están en contra de sus intereses. Pueden procurar de esta manera garantizar impunidad a los hechos de corrupción”.
Por su parte, la diputada de izquierda Romina Del Plá (PO/ FIT-UNIDAD) disparó contra ambas coaliciones: “Estamos ante un carácter farsesco de este juicio porque no deja de ser una maniobra política porque quien lo impulsa sabe que no va a prosperar, no cuentan con los votos para hacer efectivo el desplazamiento de los miembros”.
“Quienes impulsan el pedido también son corresponsables del estado actual de este sistema judicial”, lanzó y denunció que es una “maniobra distractora” porque “mientras unos y otros se rasgan las vestiduras avanza el ajuste de Massa”.
Y agregó: “Se rasgan las vestiduras por la justicia, pero muchos fallos de jueces, de cámaras, de la Corte, son aberrantes. Hay casos que reclaman jury, pronunciamiento contra esos fallos, pero la mayoría del oficialismo y oposición en las legislaturas o en los concejos deliberantes se hacen los distraídos porque tienen todos compromisos en cómo fueron designados”.
En ese marco, remató: “Los que acá se están rasgando las vestiduras por el tema de la justicia, las instituciones, también tendrían que explicar por qué desde el 2009 está vacante la defensoría del pueblo. Porque es la institución a través de la cual se pueden presentar demandas colectivas. Estamos frente a un operativo que no va a ver la luz final, no se va a concretar, es un negocio para los dos lados de la grieta”.
La oficialista Vanesa Siley hizo uso de la palabra para aclarar de que “no se puede juzgar a un juez por el contenido de la sentencia”, y explicó que “es un principio que está contenido en algunas leyes, principalmente en la del Consejo de la Magistratura. Es un principio que tiende a preservar la libertad del juez a la hora de actuar, su independencia, para que pueda fallar en un criterio ajustado de derecho”, pero remarcó que este principio “no es modo alguno absoluto, tiene más excepciones que aplicaciones”.
“En una sentencia podemos ver el desconocimiento inexcusable del derecho; un magistrado en el ejercicio de sus funciones comete un error que puede tener consecuencias gravísimas; el causal del mal desempeño puede perjudicar a una de las partes en el proceso; podemos ver la imparcialidad de un magistrado; el incumplimiento de la Ley de Ética; el desvío de poder de un juez”, enumeró.
A su vez planteó que “lo que hagamos acá va a sentar precedentes para muchas cosas, hay que ser responsables en ese sentido porque luego estos criterios conforman doctrina y aplicaciones para otras cosas”.
A su turno, la diputada e impulsora de uno de los proyectos Paula Oliveto (CC-ARI) lamentó: “A diferencia de ese juicio político a la Corte menemista automática, hoy estamos iniciando una investigación 16 contra 15 votos y un sector aplaude como si fuera un logro. Lo que hemos perdido todos estos años es la posibilidad de pensar sin el entendimiento de pensar de que el que piensa distinto es un enemigo”.
“Compartiendo muchos de los argumentos jurídicos de la diputada Siley en relación a la sentencia es verdad que el principio general es que no se puede juzgarlos por sus sentencias y hay excepciones, pero la independencia del poder judicial es una garantía que está en la Constitución Nacional”, resaltó y planteó que “la Corte Interamericana sostiene que ninguna mayoría ni ningún gobierno puede avanzar contra toda la corte en represalia por sus fallos. Lo que hoy estamos haciendo va a dejar un precedente para mañana”.
A su vez, criticó que “la mayoría de los juicios políticos se inicia a partir de que la Corte falló en contra en el caso Consejo de la Magistratura y el tema de la Coparticipación”, y sostuvo que eso “condiciona la motivación que propone, una cosa es que te indignes de que un ministro o Corte ha incurrido en alguna de las causales de juicio político y otra cosa es hacer un juicio a toda la Corte porque no te gustan las sentencias, esa es la divisoria de agua”.
“Tampoco puede ser el accionar de esta comisión extorsionar a otro poder de la república”, remató.
Minutos más tarde, solicitó una breve intervención para denunciar: “Cada uno acá ejerce su representación popular y sus fueros. Estamos con el diputado (Juan Manuel) López hartos del apriete de Lorenzetti. Hartos de la forma en que opera su equipo de comunicación en el uso de la palabra y pruebas que estamos obteniendo. Hartos de los juicios civiles que nos hacen para condicionar nuestra palabra. Nosotros, aunque sea solos, vamos a seguir peleando”.
