Ya sucedió en 2022, así que no sería novedad que este período extraordinario transcurriera sin lograr abrir los recintos. No es lo que se espera en el Senado, donde se supone que habrá al menos una sesión para tratar algunos de los temas enviados por el Ejecutivo, que podrían tratarse allí sin mayores inconvenientes a pesar de la renuencia anunciada por Juntos por el Cambio a no dar quórum en ninguna de las dos cámaras mientras el Gobierno persista en avanzar con el juicio a los miembros de la Corte Suprema.

Pero la verdad es que transcurridas ya varias semanas de este período extraordinario, en la Cámara alta sigue sin haber señales sobre cuándo podrían llegar a reunirse. Y no ha habido allí hasta ahora siquiera una convocatoria a reunir alguna comisión.

Pero toda la atención está puesta en la Cámara baja, donde al oficialismo no le alcanza para el quórum y encuentra renuencia en la oposición ajena a Juntos por el Cambio para sumar la cantidad de diputados necesarios para llegar a 129.

La noticia que se conoció sobre el cierre de la semana pasada es que el oficialismo tiene confianza en poder sesionar antes de que termine febrero y en eso está trabajando. Exento de triunfalismo, no piensa en que eso suceda esta semana, pero está abocado a reunir las condiciones para conseguirlo la semana siguiente. Esto es, bien sobre el filo del cierre del período de sesiones extraordinarias.

Con ese objetivo se trabaja bajo la premisa de tratar un puñado reducido de temas, usando como punta de lanza el plan de pago para deuda previsional, ese sobre el cual viene machacando el Gobierno endilgándole culpas a la oposición por no permitir que miles de personas puedan jubilarse.

De las 28 propuestas incluidas en el temario elaborado por el Poder Ejecutivo, quedarían excluidas todas las cuestiones más ríspidas: ni pensar en el proyecto para modificar la ley del Consejo de la Magistratura, ni la ampliación de la Corte Suprema que cuentan con sendas medias sanciones del Senado. Ni siquiera estarían los proyectos que más le interesan al ministro de Economía, Sergio Massa, como el Agrobioindustrial, el blanqueo de capitales o el referido a la prevención y represión del lavado de activos, pues ninguno tiene dictamen siquiera.

La idea sería incluir temas como la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar, que tuvo dictamen a fines de enero; el Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas.

Y también los proyectos relacionados con la salud, tales como el proyecto que modifica la Ley de Sangre Humana; el tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down; y el que crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas de la República Argentina.

Habida cuenta de que la presidenta de la Comisión de Salud y quien ha trabajado mucho por lo tanto en esos temas es la socialista Mónica Fein, el oficialismo confía en lograr con esos tres últimos proyectos doblegar las resistencias del interbloque Federal, clave para conseguir las presencias que le faltan al FdT para abrir cualquier sesión.

Debe saber el Gobierno que en el interbloque que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez también están de acuerdo con la moratoria previsional, pero la realidad es que si bien en ese espacio hay voces que se han pronunciado en contra de paralizar el Congreso, persisten allí resistencias respecto del temario general incluido en extraordinarias. Más allá de que le siguen reprochando al oficialismo no haber consensuado un temario para tratar en este período, dadas las circunstancias complejas de la relación entre oficialismo y oposición en Diputados, debería el Frente de Todos dar muchísimas garantías de que una eventual sesión se mantendrá dentro de los carriles pactados. Y la realidad es que hasta el momento esa negociación no ha comenzado.