A menos de 20 días de un nuevo ciclo lectivo, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución para obtener información respecto del cierre del Centro Educativo Nuevo Horizonte, del barrio porteño de San Cristóbal, Comuna 3.

En ese sentido, los diputados buscarán conocer si el colegio –que funcionaba de manera privada- recibía subsidios del erario público; detalles respecto sobre la matrícula inicial y final del establecimiento en cuestión de los años 2021 y 2022; y documentación que respalde los montos de aranceles programáticos cobrados de acuerdo con la normativa vigente para cada período dentro de los años mencionado.

También solicitarán información acerca de las acciones que se llevaran a cabo a fin de garantizar vacantes en un nuevo colegio a los alumnos de ese colegio; entre otros puntos relacionados al proceso administrativo y legal sobre el cierre de esa institución.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores del FdT explicaron que el pedido de informes tiene como objetivo “el tomar conocimiento público en diferentes medios de comunicación la angustia que transitan un número de padres y alumnos que se enteraron en las últimas horas que el colegio al que acuden no abrirá sus puertas”.

“Conforme el comunicado de la institución Centro Educativo Nuevo Horizonte, del barrio porteño de San Cristóbal, decidió a menos de 20 días del inicio lectivo cerrar el establecimiento. Dicha resolución afectó a más de 250 familias que ya han comprado uniformes y útiles y hasta han pagado las matrículas en diciembre -y a 90 docentes que trabajan allí- sin embargo desde la institución comunicaron este martes que el colegio será vendido y por ende cierra sus puertas”, señalaron y detallaron que “si bien la institución de enseñanza es privada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es ajeno a las consecuencias del cierre intempestivo del establecimiento”.

Sobre esa misma línea, los legisladores aseveraron que “el financiamiento a los establecimientos educativos de gestión privada a través de fondos públicos en la CABA requiere un control y fiscalización conforme a la normativa vigente a fin de evitar cuestiones como ésta” y resaltaron que “se necesita aprobación en niveles superiores, encuadre en todas las decisiones que se toman cada ciclo lectivo y cada mes en los niveles Ministeriales y de Direcciones Generales para proceder al financiamiento de la educación privada”.

“Es muy importante que se verifiquen los controles sobre el uso correcto de los fondos, sobre el cumplimiento de normativa referida a aranceles y se deje constancia palpable de todas las tareas de fiscalización efectuadas a fin de evitar cierres sorpresivos como el que sufren los vecinos de la Comuna 3”, concluyó.

El proyecto en cuestión fue impulsado por Maia Daer (FdT) y lleva la firma de María Bielli, Claudio Ferreño, Claudia Neira y Laura Velasco (FdT).