Arrancó en Diputados el debate sobre una nueva ley de Salud Mental

Pasada una década de la reglamentación de la norma vigente y en medio de la polémica generada por su implementación, se realizó en Diputados una reunión informativa donde expusieron especialistas.

Fotos: HCDN

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside el santafesino Federico Angelini, se reunió este jueves convocada para abordar la temática “La necesidad de repensar una nueva Ley sobre Salud Mental y Adicciones”.

El debate se desarrolló en esa comisión de manera paralela a la reunión de la Comisión de Juicio Político, y fue casi tan extensa como aquella. Es que hubo más de una decena de especialistas invitados a exponer, y tal cual se anunció en el inicio de la reunión, habrá nuevas reuniones con invitados de todos los sectores.

La idea es repensar una nueva ley sobre Salud Mental y Adicciones, y abrió el debate Sandra Alvarez, fundadora de Proyecto Vida Digna, de Mar del Plata, quien planteó que esa ONG trabaja “la justicia penal terapéutica, con los juzgados y los abogados defensores y fiscales para que cuando la problemática es atravesada por la adicción y tiene un problema con la justicia penal, pueda conseguir una morigeración y hacerse un tratamiento en un lugar donde se le pueda dar la atención que necesita por su atención”.

“Notamos que estamos llegando tarde, cuando los chicos están ya adentro de una unidad penal, y tenemos que llegar antes”, destacó Alvarez, quien destacó que “se trabaja con la familia, que sufre muchísimo”, y que muchas veces “queda afuera”. Para graficar el impacto que el tema tiene en las familias, citó dos casos trágicos muy renombrados estos días, en uno de los cuales un joven adicto mató a martillazos a su abuelo porque no le quiso dar plata para drogarse. Y después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, estrelló su auto contra un camión para suicidarse.

“La familia necesita ayuda urgente; estamos hablando de abuelos de 85 años, que viven con hijos de 42, 44 años, que son adictos, a los cuales les tienen miedo y viven violencia constantemente”, graficó la especialista, que agregó que “si pudiéramos abarcar esto dentro de una ley específica de adicciones, sería muy importante. Tiene que sanar todo su entorno”.

En otro pasaje dijo que “el concepto de internación está muy poco claro. Hay que aclarar cuáles son los conceptos de internaciones. El criterio de que los manden a 600 kilómetros hace que a veces la familia pase meses in poder verlos”.

Por último señaló que hay 51 mil presos en la provincia de Buenos Aires, 5.000 en comisarías, y los abogados de oficio se niegan a gestionar la morigeración de penas en juzgados, eso hace que la posibilidad de recuperación llegue tarde”.

Luego fue el turno de Gabriel Avena, especialista en salud mental y adicciones, quien hace más de 30 años que trabaja en los temas drogas y alcohol. Admitió que sería un poco autorreferencial en su exposición y en ese sentido graficó que esa “es una ley que vengo padeciendo, que padecen los usuarios de droga con los cuales trabajo, sus familias y los barrios”.

Advirtió que existe un “enorme crecimiento en el consumo de droga y alcohol”, como así también mucha más oferta y los adictos arrancan más temprano en el consumo.

“Esta ley tiene propuestas que en cualquier lugar del mundo sensato sonarían como disparatadas. En 2010 la idea era que para 2020 las comunidades terapéuticas deberían desaparecer y cerrar sus puertas, porque eso avasalla un montón de derechos…”, planteó con un dejo de ironía. Hizo también hincapié en que “este país tiene una historia de un Estado ausente, salvo honrosas excepciones. El adicto siempre fue expulsado del hospital”.

Agregó que “estos dispositivos tienen asistencia ambulatoria, hospital de día y de noche… este es un país raro. En la Facultad de Medicina y Psicología no se forma profesionales para estos tratamientos, no tenemos ninguna materia que nos prepare para abordar una problemática por la que golpean la puerta de nuestros consultorios un montón de padres”.

Graficó también que en este país se ponen semáforos en las esquinas luego de varios accidentes. Nunca se piensa antes si esa esquina será peligrosa. “Esta es la historia de la prevención en la Argentina: siempre vamos atrás de la enfermedad”, reconoció.

En ese marco remarcó que este es “el peor momento de la historia del país, donde uno de cada dos argentinos es pobre.

En su cuestionamiento a la ley vigente dijo que esta norma “demoniza la psiquiatría y la monovalencia”. Añadió que “hemos visto en el último tiempo el surgimiento de comunidades terapéuticas clandestinas a las que la gente acude en forma desesperada y claramente va a seguir habiendo cada vez más, si no se puede habilitar una sola cama, ni ningún centro nuevo. Esta ley entonces favorece la creación de centros clandestinos”.

Al cerrar, Avena aseguró que “esta ley es una ley de escritorio, donde no consultaron a los que saben. Ojalá podamos hacer algo con esto”.

Claudia Cazabat, directora nacional de Atención Crítica en Sedronar, consideró “importante reconocer a la persona como un sujeto de derechos; no cualquier persona tiene un consumo problemático, las respuestas deben ser singulares. La exclusión no favorece al tratamiento”.

“Es importante el trabajo en red. Tenemos que trabajar en forma conjunta con Educación, Salud, Desarrollo Social, con todos los actores de la comunidad. La ley se refiere a la reglamentación de cómo tiene que ser la internación involuntaria, tenemos que ver los huecos y dónde trabajar para la plena implementación de la ley”, aseguró.

A su turno, Diego Celli, director y fundador del Hogar Jesús es mi Refugio, sostuvo que “nos encontramos que personas de los ámbitos de salud o judicial se niegan a firmar las internaciones. Tendríamos que articular la forma. Tendríamos que tener una cultura de tipo preventivo. Creemos que tendría que haber una ley nueva, que no hay que tener a la gente en los manicomios, pero las comunidades terapéuticas no son psiquiátricos”, agregó

En tanto, Marisol Froy, miembro de Madres del Ser, pidió por una “ley específica en adicciones donde el acceso al sistema de salud sea acorde a la problemática real y actual. Y a al mismo tiempo solicitó la emergencia en salud, para la “creación de más dispositivos de abordaje”.

Por su lado, Leonardo Gorvacz, ex diputado y coautor de la Ley de Salud Mental, recordó que las leyes existentes fueron votadas por amplia mayoría. Remarcó que “hemos podido construir consensos alrededor del tema de las adiciones y la salud mental, no significa que se haya resuelto el problema”.

Luego fundamentó que “la ley no prohíbe la internación involuntaria, expone un criterio y un sistema de control, el tema es cómo se interpreta en la guardia, se podría mejorar, pero no hace falta cambiar la ley, tal vez establecer protocolos. La verdadera prevención es construir una sociedad con más oportunidades”.

El médico Andy Blake agregó que Argentina no tiene un mecanismo de medición sistemático de los problemas de salud mental y adicciones. “Saber con qué recursos humanos contamos y su distribución geográfica es importante. Tampoco tenemos información de qué tipo de problemas de salud mental tenemos. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede abordar”, afirmó. Y propuso unificar leyes, “no generar leyes por problemas”.  

Mariano Rey, director provincial de Salud Mental, manifestó que “podemos decir que el sistema sanitario que recibimos es bastante fragmentado con poco nivel de articulación. Todavía cuesta llegar a aquel que más nos necesita y ahí hay un proceso de trabajo que también tenemos que dar”.

Además participaron de esa extensa reunión Hugo Leale, director del Observatorio de Prevención y Promoción de Salud Comunitaria, Facultad de Psicología. UBA; Mariano Rey, director provincial de Salud Mental; Alicia Stolkiner, doctora en Salud Mental, investigadora y docente universitaria. Integrante de la Mesa de Expertos en Salud Mental; Alberto Trimboli, doctor en Psicología Social, coordinador del Sector de Adicciones del Hospital Álvarez; Osvaldo Denton, de la asociación Hay Salida; Norma Galeano, directora de Madres territoriales; y Luciano Grasso, ex director Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros.

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