Iniciado el proceso de investigación y recolección de pruebas en el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, la comisión homónima de la Cámara de Diputados -presidida por Carolina Gaillard– se reúne este jueves para definir el cronograma de testigos.

Luego que la semana pasada el Frente de Todos impusiera su mayoría para abrir el sumario, se espera que ahora avance con la lista de personas que se llamará a declarar y, entre los primeros, estarían funcionarios del máximo tribunal.

El oficialismo ya anticipó que buscará la comparecencia y el testimonio de Silvio Robles, director de la Vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema; y también de Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, actualmente de licencia.

Ambos se encuentran involucrados en el escándalo de los chats filtrados, donde hay conversaciones sobre el fallo del máximo tribunal respecto de la coparticipación de la Ciudad. Desde Juntos por el Cambio aseguran que esos chats son falsos.

En el listado de testigos se encuentran además gobernadores; el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni; el constitucionalista Eduardo Barcesat; y el exjuez español Baltazar Garzón, entre otros.

El jueves pasado, el Frente de Todos aprobó por mayoría la admisibilidad de 14 pedidos de juicio político, que reúnen denuncias sobre 60 hechos, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Ferviente discusión sobre la prueba y los testigos a citar 

Con una posición claramente en contra, arrancó desde Juntos por el Cambio el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien consideró que “esta prueba que han ofrecido no está destinada a probar el mal desempeño” sino que “apunta a hacer un show, a exponer a los jueces de la Corte y sus allegados”. El macrista habló de una “una extensión inusitada” de pedido de prueba que “afectaría a terceras personas que nada tienen que ver con la investigación”. 

Además, el legislador advirtió por la “violación del artículo 18 de la Constitución Nacional que protege las comunicaciones”. “A nuestro criterio la comisión no tiene facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas”, señaló y explicó que eso solo “debe hacerse por intermedio de un juez”. 

“Se está citando a una cantidad de gente que de ninguna manera tienen conocimiento directo adquirido a través de sus sentidos de los hechos denunciados”, observó, al tiempo que rechazó que se citen a Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, “involucrados en esos chats que seguimos sosteniendo que son ilegales e insistiendo que no sabemos si son veraces”. 

En ese sentido, Tonelli afirmó que “más allá de que no se puede y no se debe hacer uso de esos chats, los señores Robles y D’Alessandro no pueden ser citados como testigos porque hay causas penales (a raíz de denuncias de gobernadores) en curso, en las que se están investigando si esos supuestos chats, en caso de haber existido, constituyen o no un delito”. 

Sobre ello, agregó que el artículo 444 del Código Procesal Penal indica que “los testigos no pueden declarar cuando la declaración los pueda someter a una investigación penal”. Por lo cual, podría ocurrir que ambos asistan y digan “me niego a declarar porque esto puede constituir una declaración contra mí mismo”, graficó el porteño y reafirmó: “Nos oponemos a esa prueba. Esas dos personas no pueden ser citados como testigos”. 

También, el diputado opositor calificó como “una locura” que pida “al voleo” las “llamadas entradas y salientes de todos los tribunales”. “Nos oponemos a todas las pruebas que se solicitan al Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema para que informen sobre teléfonos de personas”, sumó y cuestionó que se piden hasta “los vídeos de una fiesta de cumpleaños privada; esto ya es el colmo. Mayor intromisión en la vida de las personas no se me ocurre”. 

El primero orador desde el oficialismo fue el jefe de la bancada, Germán Martínez, quien subrayó que “ya estamos en otro escenario, ya no estamos debatiendo un proyecto individual, ya no estamos discutiendo en términos específicos la consideración que pudo hacer nuestro bloque, ya estamos en otra etapa. Estamos trabajando en la etapa de investigación que está sostenida en los 14 expedientes”. 

“En las reuniones anteriores quedaron claros cuáles son los hechos sobre los que estamos trabajando y ya no solamente estamos trabajando sobre la posible causal de mal desempeño, sino que también estamos investigando la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, advirtió. 

En la misma línea que Tonelli, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, respondió: “Que estemos en una nueva etapa no significa que no tengamos que seguir cuidando la legalidad del proceso. Sin ser abogado defensor de nadie, nosotros somos custodios de un proceso que tenga que tramitarse con todas las garantías constitucionales. Que estemos en un juicio político no suspende ninguna garantía constitucional, al contrario, están plenamente vigentes y nosotros las tenemos que custodiar”. 

“La prueba se tiene que producir con legalidad”, insistió el vicepresidente de la comisión y agregó que “cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional, ya sea la intimidad, la privacidad, la propiedad y la libertad requieren la intervención de un juez”. 

López cuestionó además que “hay un desorden” sobre cómo se van a investigar los hechos y pidió que “empiecen a delimitar qué testigo va a venir y por qué hecho va a declarar”. 

Al igual que su par de JxC rechazó el pedido de comunicaciones, opinó que en algunos casos no tienen “nada que ver”, habló de que son “excursión de pesca” y chicaneó: “Si nos van a aceptar todas las pruebas, yo quiero saber con quién habla Cristina Kirchner”. 

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